El empresario zamorano Víctor de Aldama, principal intermediario en la trama de las mascarillas e imputado en la Causa Koldo, intervino para que la empresa Aeropuerto Internacional de Ciudad Real (CRIA) accediese a un crédito ICO de 32 millones de euros en mayo de 2020. Finalmente CRIA no obtuvo subvenciones del Instituto de Crédito Oficial, pero el análisis del buzón de correo de Koldo García Izaguirre, entonces asesor del Ministerio de Transporte, Moviidad y Agenda Urbana (MITMA), por parte de la Unidad Central Operativa (UCO) de Guardia Civil, demuestra la relación fluida entre Aldama y Koldo García.
El correo de Aldama a la dirección corporativa de Koldo García en el MITMA es un reenvío de 7 archivos que contienen toda la documentación que la empresa CRIA había presentado para intentar financiar el aeropuerto de Ciudad Real, que entonces tenía cierto impulso al ser usado como corredor sanitario de aeronaves durante la pandemia del COVID 19. Un año antes, en enero de 2019, Koldo García había recibido un informe sobre la situación del aeropuerto de Ciudad Real realizado por la Agencia Estatal de Seguridad Aérea (AESA).
La documentación recibida en el ministerio llegó desde uno de los altos cargos del CRIA a Rafael Gómez Arribas, administrador único de Ciudad Real International Airport (CRIA), el 18 de mayo a las 10:27 horas. El mail recogía las frases «buenos días, Rafael, adjunto la documentación para la solicitud del crédito ICO, cualquier observación me comentas. Un saludo».
LA ÚNICA FRASE DEL MAIL RECIBIDO POR KOLDO GARCÍA ERA «VÍCTOR DE ALDAMA»
Gómez Arribas la «rebotó» sin ningún texto al correo de Víctor de Aldama del Grupo Vivir a las 11:54 del mismo día, y éste le dio directamente traslado al correo de Koldo García el mismo día a las 12.08 horas, con una sola frase en el cuerpo del texto «Víctor De Aldama».
En 2020 varias grandes empresas solicitaron créditos ICO y rescates de la Sociedad Estatal de Participaciones Industriales (SEPI), como Plus Ultra (53 millones de euros), Air Europa (475 millones), Volotea (200 millones) y Air Nostrum (111 millones). Así que la petición de CRIA no parecía tan descabellada en el año 2020 cuando muchas empresas sufrían por la pandemia del COVID.
La documentación que aportaba CRIA comenzaba explicando que «se solicita un crédito ICO por importe de 32.000.000 €. La amortización del crédito sería anual, a lo largo de 10 años (periodo de carencia: 12 meses). El interés fijado para la hipótesis de cálculo es el 1,00 % nominal anual. Fecha de inicio de la línea de crédito: 01/06/2020. Fecha de fin de la línea de crédito: 01/06/2030. Garantía: ICO. Las tablas de Excel adjuntas permiten simular otros parámetros del crédito y de las inversiones, a criterio del banco». Los créditos ICO se obtienen por la intervención del ministerio de Economía, Comercio y Empresa, que intercede ante los bancos avalando a las empresa que logran esa concesión.
CRIA pedía ese dinero para el alquiler de bienes inmuebles, operaciones de vuelo, «Long Team Parking» o aparcamiento de aeronaves, venta de combustible y prestación de servicio de mantenimiento de aviones. Es decir, las labores propias de un aeropuerto. Sólo para necesidades de tesorería CRIA necesitaba 14 millones de euros, según su propio plan.
La Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil recibió la orden del juez Ismael Moreno, del Juzgado Central de Instrucción 2 de la Audiencia Nacional, el pasado 30 de mayo de intervenir los correos electrónicos de Jesús Manuel Gómez García, subsecretario del Ministerio de Transportes (MITMA) durante la época en que se gestó la compra venta de mascarillas a la trama Koldo y de Javier Sánchez Fuentefría, director General de Organización e Inspección del MITMA que dependía directamente de Gómez. Semanas antes ya habían sido intervenidos los miles de correos de Koldo García.
Los agentes de la UCO indagan ahora en estos miles de correos el rastro de la operación de compra de mascarillas por parte del ministerio y saber quien dio las órdenes pertinentes o la menos conocían el encargo hecho a Soluciones de Gestión y Apoyo a Empresas que obtuvo 53 millones de euros por este negocio.
Además, en el registro realizado en el ministerio se llevaron los correos corporativos de hasta otros siete altos cargos de ADIF y Puertos del Estado, pertenecientes a los departamentos jurídicos y de contratación de estos organismos.
