El ICAM pide que se eleve al Tribunal Supremo el caso contra los fiscales de Madrid inculpados en la querella del pareja sentimental de Ayuso

La confidencialidad es un pilar fundamental en la relación entre abogados y sus clientes, así como en las comunicaciones entre abogados y fiscales. Desafortunadamente, en el sistema judicial español, esta confidencialidad ha sido puesta en peligro en diversas ocasiones, lo que compromete seriamente el derecho a la defensa y el debido proceso. En este artículo, exploraremos la importancia de salvaguardar la confidencialidad en el ejercicio de la abogacía y el impacto que tiene en la integridad del sistema judicial.

En conclusión, el caso de la querella presentada por Alberto González Amador pone de manifiesto la importancia de salvaguardar la confidencialidad en el ejercicio de la abogacía. La elevación de la causa al Tribunal Supremo y la determinación del ICAM en defender este principio fundamental son pasos cruciales para preservar la integridad del sistema judicial español y el derecho a un proceso justo para todos los ciudadanos.

La Querella del Abogado Alberto González Amador: Un Caso Emblemático

El Ilustre Colegio de la Abogacía de Madrid (ICAM) ha desempeñado un papel crucial en la defensa de la confidencialidad, al ejercer la acusación particular en la querella presentada por el abogado Alberto González Amador contra dos fiscales de Madrid. Esta querella se origina a raíz de un presunto delito de revelación de secretos, donde se habría violado la confidencialidad de las comunicaciones entre el abogado de la pareja de la presidenta regional, Isabel Díaz Ayuso, y el fiscal, en relación a un presunto fraude fiscal.

Tras la práctica de las diligencias esenciales en la fase de instrucción por parte del juez del Tribunal Superior de Justicia de Madrid (TSJM), el ICAM ha solicitado la elevación de la causa al Tribunal Supremo. Esta petición se sustenta en los indicios cualificados que apuntan a la posible responsabilidad penal del fiscal general del Estado, Álvaro García Ortiz, quien habría dado la orden directa de emitir la nota aclaratoria de la Fiscalía de Madrid.

La Protección de la Confidencialidad: Un Deber Inquebrantable

La divulgación de la nota aclaratoria de la Fiscalía de Madrid, que hizo referencia directa al contenido de las conversaciones entre el abogado y el fiscal, supone, según el ICAM, «una grave violación de la confidencialidad y el secreto profesional, principios fundamentales del ejercicio de la abogacía y el derecho de defensa». Esta situación compromete severamente el derecho de defensa y el derecho a un proceso justo, ya que la confidencialidad en las comunicaciones entre abogados y fiscales es esencial para la defensa efectiva de los derechos de los ciudadanos.

El decano del ICAM, Eugenio Ribón, ha subrayado «la gravedad de los hechos y la necesidad de impedir que vuelva a ocurrir una situación como esta que afecta directamente a la integridad del sistema judicial y a la protección de los derechos de los profesionales del derecho y sus clientes». El ICAM ha reiterado su firme postura en la defensa de la confidencialidad en las comunicaciones entre abogados y fiscales, considerándola esencial para la efectiva defensa de los derechos de los ciudadanos.