La educación es uno de los pilares fundamentales de cualquier sociedad, ya que no solo brinda conocimiento a los estudiantes, sino que también contribuye al desarrollo personal, social y cultural de una región. En València, la reciente aprobación de la llamada «Ley de Libertad Educativa» ha generado una gran controversia, llevando a la organización Escola Valenciana a interponer un recurso contencioso-administrativo en su contra.
Esta ley, que entrará en vigor a partir del curso 2024-2025, busca establecer un nuevo marco normativo para la educación en la Comunidad Valenciana. Sin embargo, Escola Valenciana considera que esta norma es «contraria al derecho de las familias de iniciar el curso de infantil 2024-2025 con el proyecto educativo de inmersión lingüística en el que ya han comenzado el proceso de admisión del alumnado». Esta organización cívica ha decidido tomar medidas para defender los derechos de las familias y garantizar la continuidad de los programas de inmersión lingüística en valenciano.
La Impugnación de la Ley de Libertad Educativa
Escola Valenciana ha presentado un recurso contencioso-administrativo contra la Ley de Libertad Educativa, solicitando como medida cautelar la suspensión de la disposición final segunda, apartado segundo, que obliga a los centros de Infantil con programas experimentales autorizados a impartir un mínimo del 25% del tiempo lectivo en cada una de las dos lenguas cooficiales a partir del curso 2024-2025.
En el escrito, la organización expone que los centros escolares escogidos por las familias para el próximo curso están incorporados dentro de los denominados Programas experimentales de inmersión lingüística en valenciano, y que esta nueva ley deja sin efecto dichos programas. Además, se argumenta que el acto administrativo ha sido dictado después del plazo de solicitud de admisión del alumnado para el curso 2024-2025, lo que afectaría la elección de los progenitores y representantes legales de los alumnos.
La Campaña de Recogida de Firmas y la Dimisión de Rovira
En respuesta a esta situación, Escola Valenciana ha lanzado una campaña de recogida de firmas para exigir la dimisión del conseller de Educación, Universidades y Empleo, José Antonio Rovira. Según los impulsores de la iniciativa, esta petición ya cuenta con más de 2.000 firmas en las primeras horas.
La presidenta de Escola Valenciana, Alexandra Usó, ha adelantado que esta será la primera de varias acciones que la organización realizará para «paralizar, en todos los niveles y en todos los ámbitos educativos, esta ley nefasta para el alumnado». La lucha por la defensa de la educación en valenciano y los derechos de las familias se ha convertido en una prioridad para esta entidad cívica.
En conclusión, la aprobación de la Ley de Libertad Educativa en València ha desencadenado una fuerte reacción de la sociedad civil, representada por Escola Valenciana. Esta organización está dispuesta a utilizar todos los recursos legales a su alcance para proteger los programas de inmersión lingüística en valenciano y garantizar el derecho de las familias a elegir el modelo educativo de sus hijos. La batalla por la educación valenciana ha comenzado, y Escola Valenciana se ha convertido en la voz de aquellos que buscan preservar la diversidad lingüística y la calidad del sistema educativo de la región.
