Álvaro García Ortiz no ha dimitido ni por la presunta revelación de secretos en el caso de Alberto Gómez, pareja de Isabel Díaz Ayuso, presidenta de la Comunidad de Madrid, ni tampoco en el nombramiento de María Dolores Delgado como fiscal de Sala de Memoria Democrática, tumbado por la justicia.
El pacto alcanzado entre el PP y el PSOE para renovar y reformar la elección de los 20 miembros del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) establece que el cargo del fiscal general del Estado no puede venir de la política, como sí fue el de Dolores Delgado.
El grave obstáculo de García Ortiz, uno de tantos frentes que tiene que afrontar aún, es que está considerado como la mano derecha de Delgado, toda vez que fue su número dos, manteniendo así la influencia política en el Consejo Fiscal. Ejemplo de ello es el aval para aplicar la amnistía por su voto de calidad y de la propia Delgado. En concreto, 19 votos a favor y 17 en contra, una junta claramente dividida.
Con estos votos de calidad, el PSOE logra que se haya amnistiado el delito de malversación, siempre y cuando no haya enriquecimiento personal, creando «paradojas insalvables» en el seno del Tribunal Superior de Justicia de Cataluña. Así, por ejemplo, se dio por probada y sentenciada la malversación del exconsejero de Interior, Miquel Buch, pero como el dinero fue a parar al escolta en concepto de honorarios se le amnistió, pero también al exmosso d’Esquadra, a pesar de enriquecerse, pero él no malversó. Todo encaja a la perfección para dar luz verde a la medida de gracia, pactada entre socialistas y Junts para mantener a flote la legislatura.
GARCÍA ORTIZ Y EL PACTO POR EL CGPJ
En el PP consideran que el inicio del cumplimiento del pacto por la renovación del Consejo General del Poder Judicial pasa inexorablemente por la dimisión o cese de García Ortiz, pero los socialistas se resisten a ello. Es el Consejo de Ministros quien debe determinarlo, pero el fiscal general del Estado ha sido reprochado por el Senado y está en el ojo del huracán por sus órdenes a los fiscales de Madrid para revelar secretos del novio de Ayuso, quien ha demandado a los socialistas al pago de 16.000 euros por el caso.
El pacto por el CGPJ se sellará en el Congreso, pero según ha podido conocer MONCLOA, la mayoría de diputados del PSOE y del PP desconocían la composición de las listas. En este sentido, ni Patxi López ni Francina Armengol, portavoz del PSOE y la presidenta del Congreso, respectivamente no conocieron las listas antes de darse a conocer el pacto. En cambio, sí conocían la composición del Consejo General del Poder Judicial tanto Esteban González Pons como el superministro de Justicia, Félix Bolaños, así como Pedro Sánchez y parte del Gobierno como Alberto Núñez Feijóo y los más allegados a la cúpula ‘popular’.
UN ACUERDO SUJETO AL CONGRESO Y AL SENADO
El acuerdo busca reforzar las garantías de independencia de jueces y magistrados en el ejercicio de la función jurisdiccional y mejorar las garantías de independencia de la Fiscalía General del Estado en el ejercicio de sus funciones de promoción de la acción de la justicia.
Se requiere al CGPJ que apruebe, por mayoría de tres quintos, una propuesta de reforma del sistema de elección de los vocales de procedencia judicial, que será trasladada al Gobierno y a las Cortes para su debate y, en su caso, tramitación y aprobación. De esta forma, Patxi López señalaba que los jueces no elegirán a los jueces.
Para renovar el CGPJ «conforme a una lista conjunta de candidatos de perfil profesional e independiente, que apoyarán los grupos parlamentarios firmantes en el Congreso y el Senado», han destacado. La lista ha dado entrada a Argelia Queralt, hija de un histórico de ERC, y profesora de Derecho Constitucional de la Universidad de Barcelona y letrada del Tribunal Constitucional. Este nombramiento se ha considerado como un guiño del PSOE a ERC para tratar de desbloquear la situación en Cataluña, si bien, los republicanos negocian con Carles Puigdemont para evitar, por un lado, el adelanto electoral, y destronar a Salvador Illa tras ganar las elecciones autonómicas.
EL GUIÑO DEL PSOE A ERC CON EL CGPJ
El pacto entre PP y PSOE incluye el candidato a la plaza vacante del Tribunal Constitucional que tiene que nombrar el Senado. Para ambos grupos, Queralt cumple con los criterios de independencia e idoneidad establecidos en la Proposición de Ley Orgánica que se expone en el apartado anterior.
Los dos grupos presentarán conjuntamente la Proposición de Ley adjunta como Anexo I y no tramitar ni apoyar ninguna enmienda a esa Proposición de Ley Orgánica que no vaya firmada conjuntamente. De esta forma, el PP salvaguarda las puertas traseras para modificar leyes. Asimismo, el presidente del CGPJ y del Tribunal Supremo será aquel que decidan los miembros del CGPJ, tal y como dispone la ley.
González Pons y Bolaños sellaron el acuerdo con Věra Jourová, vicepresidenta de Valores y Transparencia de la Comisión Europea, en sustitución de Didier Reynders. Salvo los nombres, este acuerdo es el mismo que presentó el PP al PSOE hace dos años, pero los socialistas lo rechazaron.
