La defensa de Alberto González, pareja de la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, desmonta todo el relato del PSOE y El País sobre la anulación de las declaraciones del investigado. La denuncia de la pareja de Ayuso por revelación de secretos exige una multa de 10.000 euros por la revelación del contenido del sumario a la directora de Comunicación del Consejo de Estado y otra de 6.000 euros por divulgar el contenido de las actuaciones sumariales.
En este sentido, la defensa letrada ha enviado un burofax a El País para ejercer el derecho de rectificación sobre una información. «Las declaraciones judiciales no pueden producirse sin que las partes y la magistrada se pronuncien sobre el contenido del escrito para manifestar y decidir, por ejemplo, su absurdez y la necesidad de que posea consecuencias frente a las acusaciones populares por ser un clásico y burdo ejemplo de mala fe procesal», apunta el escrito, que desgrana «la estrategia de la acusación popular de presentar un escrito una hora antes de las declaraciones».
Por ello, considera que con tan poca antelación, «ni las partes ni la magistrada han podido pronunciarse sobre dicho escrito». El escrito asume que el periodista firmante de la información es «perfectamente conocedor de lo anterior, y de que lo único que ha aceptado la magistrada es suspender las declaraciones por ese motivo, como literalmente expresa en otra noticia que publica en el día de hoy».
LA JUEZ NO INDAGA EN DELITOS NUEVOS
«La jueza María Inmaculada Iglesias aceptó este lunes suspender la declaración de Amador y sus cuatro presuntos colaboradores, que estaba prevista para ese día, tras recibir una solicitud conjunta de PSOE y Más Madrid, ambos acusaciones populares, pidiendo que se tenga en cuenta estos indicios», recuerda la defensa de Alberto González. Por este motivo, considera que la noticia de El País manifiesta una serie de «realidades incompatibles con la verdad en relación a este asunto y que, en su afectación al honor, serán sometidos a la tutela judicial efectiva»
Al respecto, han pedido a El País modificar el titular, la cabecera del mismo y el cuerpo del artículo cualquier referencia a que la «magistrada haya aceptado estudiar o indagar sobre ningún delito nuevo, lo que no ha sucedido».
El PSOE y Más Madrid solicitaron la suspensión de las declaraciones para poder tener un «adecuado conocimiento de todos los documentos que conforman el procedimiento de cara a los interrogatorios previstos, así como, para la práctica de las diligencias de investigación que se solicitan».
EL PSOE Y UNA POLÉMICA NOTA DE PRENSA
Ferraz preparó su comunicado para justicar la estrategia para aplazar la declaración de Alberto González tras haber llegado a un pacto para declararse culpable y evitar la prisión. En su nota, firmada por Belén Labadié, directora de Comunicación del Consejo de Estado, presidido por Carmen Calvo, y ex número dos de comunicación de Ferraz, el PSOE alarga así el plazo en este asunto, que no evita ensombrecer ni el caso Koldo ni tampoco el caso Begoña Gómez, esposa de Pedro Sánchez.
El PSOE detalla en su nota de prensa la petición a la juez para aplazar la declaración de González Amador, solicitando que se investiguen supuestos nuevos delitos, pero en ningún caso se produjo, según la defensa, por esos motivos. Y es que, el escrito del PSOE y Más Madrid deben tener respuesta judicial, sea ésta favorable o desfavorable a los intereses de las acusaciones.
El PSOE y Más Madrid apuntan a posibles indicios de «dos delitos fiscales contra la Hacienda Pública respecto del impuesto de sociedades de los ejercicios 2020 y 2021» y «un delito de falsedad en documento mercantil».
EL PSOE INSISTE EN EL NUEVO DELITO
A su juicio, «existen elementos indiciarios para poder considerar, al menos, la comisión del tipo agravado de los delitos contra la hacienda pública». En este sentido, apunta a «la concurrencia de la existencia de una organización y la utilización de toda una ingeniería contable, mediante la utilización de personas jurídicas o físicas interpuestas, algunas de ellas radicadas en el extranjero, para cometer los delitos, así como se podrían haber cometido además sendos delitos de administración desleal, falsedad contable, corrupción en los negocios y delito contable».
En este sentido, creen que «el objeto de las falsedades documentales y la defraudación tributaria, afectan a más elementos contables que los señalados inicialmente, que afectarían a la cuantía defraudada y a los responsables de los hechos, de los que pudieran resultar más responsables que los actualmente investigados».
El PSOE y Más Madrid apuntan a dos de las empresas controladas en su totalidad por González. Según la acusación, la pareja de Ayuso las habría utilizado presuntamente como sociedades «pantalla» de las actividades profesionales personales con la finalidad de deducir gastos «indebidamente, incluso personales, y, sin embargo, aparentemente estas no recogerían todos los presuntos ingresos de los servicios que realizaban, desconociendo el destino final de esos ingresos por servicios que se dicen prestar pero no aparecen reflejados los mismos por tales actividades en las contabilidades de estas sociedades».
LA ESTRATEGIA DE APLAZAR LA DECLARACIÓN DE ALBERTO GONZÁLEZ
En este sentido, la acusación apunta el uso de «empresas extranjeras para cometer los delitos fiscales, mediante la presentación de facturas falsas, en particular, una empresa mejicana y otra empresa marfileña».
«Todo ello, concurriendo indicios evidentes de un posible concierto entre los investigados para cometer los delitos, con distintas funciones, intereses y roles dentro de la organización, pero evidenciando una posible actuación coordinada, donde se conjugan además distintas relaciones comerciales y societarias entre todos ellos», asegura la acusación. Para justificar estos movimientos, el PSOE y Más Madrid indagan sobre la compraventa de empresas, sus participaciones y facturas.
