«Éxito de Feijóo». Así describen los ‘populares’ el pacto de la reforma del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) y la renovación inmediata del órgano rector de los jueces. El líder del PP ha defendido la independencia judicial ante un PSOE que buscaba el ultimátum esta misma semana.
En la negocación con el PSOE, los ‘populares‘ exigieron la condición de la independencia del Poder Judicial, con una reforma donde los jueces pudieran elegir a los jueces y sin que el Gobierno pueda señalar al presidente del Tribunal Supremo, que tiene aún 25 vacantes en lista de espera. Asimismo, por primera vez serán los nuevos vocales del Consejo los que escojan al presidente por un mínimo de 12 votos y sin candidatos sugeridos por parte de los partidos políticos.
Para evitar que la política entre a jugar un papel fundamental, todos los acuerdos se adoptarán por trece votos. En este sentido, cabe señalar que son veinte los miembros del CGPJ, de los que doce son elegidos por los jueces, cuatro por el Congreso de los Diputados y otros cuatro por el Senado con una mayoría de tres quintas partes en ambas Cámaras.
ADIÓS A LAS PUERTAS GIRATORIAS
Con este acuerdo, según los ‘populares’, «se ha frenado cualquier ansia que el PSOE pudiera tener de colonizar el Poder Judicial porque se ha impuesto la imposibilidad de intromisión política», indican. En este sentido, han afirmado que se salvaguarda la independencia judicial.
Así, apuntan que el Gobierno «no ha cedido por convicciones, sino por desesperación y por obligación». «Se acabó cualquier posibilidad de control político del CGPJ, se acabaron las puertas giratorias y se acabó que los jueces no puedan participar directamente del sistema de elección que elige a sus representantes», ha afirmado Feijóo para hacer balance del pacto. Asimismo, el PP rompe con las líneas rojas traspasadas hasta ahora. «Nunca más ocurrirá que un ministro pueda ser Fiscal General del Estado», ha sostenido.
«El Gobierno ha contaminado casi todas las instituciones y el Poder Judicial es de las pocas que todavía estaba a salvo», ha destacado Feijóo, quien afirma que «el PSOE no va a controlar el Poder Judicial», evitando así que se «contaminara» el Tribunal Supremo igual que el Tribunal Constitucional. «Nunca hemos visto sentencias del TC que deroguen las sentencias del Supremo», ha sentenciado, mientras recuerda que algunos de los magistrados firmantes eran miembros del Gobierno hasta hace unos meses. «Nunca hemos visto un escándalo así», ha lamentado.
EL PSOE NIEGA QUE LOS JUECES ELIJAN A LOS JUECES
El PSOE, por su parte, niega que en la reforma sean los jueces quienes elijan a los jueces. El portavoz del Grupo Socialista en el Congreso, Patxi López, ha explicado este martes que el pacto para la renovación del CGPJ no incluye «de ninguna de las maneras» que los «jueces elijan a los jueces» de su órgano de gobierno, aunque sí contempla la posibilidad de que el Consejo pueda «hacer propuestas», pero serán Las Cortes quien tomen la última palabra.
En declaraciones en los pasillos de la Cámara, López ha destacado que lo que han acordado es «poner algunos condicionantes» y «objetivar las condiciones» que deben cumplir los futuros vocales. «Si uno ha sido ministro o ministra o ha participado en política tendrá que estar dos años sin dictar sentencias; no podrá dictar sentencias que tengan que ver con la política. Es decir, estamos objetivando cómo es el paso entre política y justicia para que no se contamine», ha indicado López.
LA VOTACIÓN PARA LA REFORMA DEL CGPJ, EN JULIO
La aprobación de esta reforma del CGPJ tendrá lugar en el Congreso de los Diputados en el mes de julio. Una vez eche a andar, el nuevo CGPJ tendrá que afrontar retos urgentes, como cubrir esas 25 vacantes de magistrados del Supremo, es decir, el 30% de la plantilla, junto con otras 38 de los Tribunales Superiores de Justicia (TSJ) tras el bloqueo que perdura desde hace cinco años y medio, desde el pasado 4 de diciembre de 2018.
El CGPJ ha perdido un total de cinco vocales por jubilación, dimisión y defunción, pero no lo ha paralizado por completo al mantener la capacidad para realizar nombramientos en la cúpula judicial. No obstante, una modificación de 2021 le impide a quienes mantienen el mandato prorrogado poder realizar cambios en la cúpula. Es una medida impuesta por el PSOE para presionar al PP, pero los ‘populares’ no ceden a chantajes. Además, por estas medidas existen las vacantes en altas instancias judiciales.
De hecho, esta medida del PSOE ha sido devastadora, según afirmó Carlos Lesmes, tras dejar 94 plazas desiertas, la mayoría en los tribunales superiores de justicia, otras 30 en audiencias provinciales y una en la Audiencia Nacional.
EL ESTROPICIO CON 94 PLAZAS VACANTES EN EL PODER JUDICIAL
«El estropicio es tan grande que no se había producido una situación semejante en la cúpula de la Justicia española en toda la historia de nuestra democracia, con unos efectos negativos que se van extendiendo poco a poco a toda la organización judicial», denunció Lesmes durante su último discurso de apertura del curso judicial, el de 2022, un mes antes de que dimitiera.
Rafael Mozo asumió la presidencia interina del CGPJ, no así la del Supremo, que quedó en manos del magistrado Francisco Marín, lo que produjo una bicefalia inédita. Hasta su jubilación en julio de 2023, Mozo también abogó por renovar el CGPJ.
REFORMA DE LA LOPJ EVITA CASOS COMO EL DOLORES DELGADO
Por otro lado, para reformar la Ley Orgánica del Poder Judicial (LOPJ) y el Estatuto Orgánico del Ministerio Fiscal (EOMF) se ha pactado la prohibición de usar las denominadas ‘puertas giratorias’ en los tribunales, el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) y la Fiscalía General. En lo que evitaría casos como el de la exministra Dolores Delgado, que fue nombrada jefa del Ministerio Público al salir del Ministerio de Justicia, o del exministro Juan Carlos Campo, que regresó a la Audiencia Nacional tras dejar el cargo.
De esta forma, los 94 nombramientos que debe realizar el CGPJ por las vacantes en el Tribunal Supremo y la cúpula de los Tribunales Superiores de Justicia (TSJ) y Audiencias Provinciales sean elegidos por mayoría de tres quintos y no por mayoría simple, como hasta ahora. Es decir, que sean fruto del consenso.
Todo ello, ante la «necesidad de continuar ahondando en el perfeccionamiento» de la LOPJ y del Estatuto Orgánico del Ministerio Fiscal (EOMF). La proposición apunta que pretende «reforzar la independencia e integridad de nuestro sistema judicial en su configuración actual a través de la modificación de dos normas que desarrollan el Título VI de la Constitución Española, dedicado al poder judicial».
