La Audiencia Nacional es un tribunal de justicia con jurisdicción en todo el territorio español que se encarga de procesar delitos graves como el narcotráfico. Sin embargo, su existencia y funciones han sido objeto de intenso debate político en los últimos días. Los partidos políticos han expresado posturas encontradas sobre si debe ampliarse o incluso eliminarse esta institución.
En este artículo, analizaremos en profundidad las diferentes perspectivas y argumentos que se han planteado en torno a la Audiencia Nacional y su papel en la lucha contra el narcotráfico en España.
La Propuesta del PP y las Críticas de la Oposición
El Partido Popular (PP) ha presentado una proposición de ley en el Congreso de los Diputados para que la Audiencia Nacional asuma los casos graves de narcotráfico, incluso si no están ramificados en varias provincias. Los ‘populares’ alegan que esto es necesario para hacer frente al asesinato de dos guardias civiles en Barbate (Cádiz).
Sin embargo, esta iniciativa ha recibido duras críticas de los partidos de la oposición, quienes la han calificado como un «nuevo intento de volcar el Gobierno«. El Partido Socialista (PSOE) ha resaltado la foto de Feijóo con el narcotraficante Marcial Dorado, mientras que Sumar, EH Bildu y ERC han abogado por eliminar este tribunal que vinculan al franquismo y a la idea de «España-nación».
La Defensa de la Audiencia Nacional
En la defensa de la ley, el diputado del PP José Ignacio Romaní ha argumentado la necesidad de que la Audiencia Nacional asuma los procedimientos de «entramados complejos» ligados al narcotráfico, ya que es un órgano «especializado, experimentado y de reconocida reputación en el ámbito judicial europeo«.
Por su parte, el diputado del PSOE Juan Carlos Ruiz ha acusado al PP de «pretender engañar» a la Cámara Baja mediante el «uso partidista» de la tragedia de Barbate, obviando el refuerzo de 640 agentes policiales en la provincia y el Plan de Seguridad del Campo de Gibraltar en vigor desde 2018.
La Perspectiva de los Partidos Nacionalistas y de Izquierda
Los socios parlamentarios del Gobierno han subido el tono de la crítica, calificando a la Audiencia Nacional como un «tribunal de excepción» y relacionándolo con el franquismo y una estrategia de fondo para «dañar al adversario» político.
El diputado de EH Bildu Jon Iñarritu ha señalado que poner fin a la Audiencia Nacional «sería algo simple» si se deroga el artículo 65 de la Ley Orgánica del Poder Judicial. Por su parte, ERC ha afirmado que nunca ha reconocido a este tribunal porque entienden que no es democrático.
Junts ha vinculado a la Audiencia Nacional con la estrategia para frenar la aplicación de la ley de amnistía, citando a jueces «estrella» como Baltasar Garzón, «esperpénticos» como Alfonso Guevara y a Manuel García Castellón.
La Postura de Sumar y Vox
El diputado de Sumar Enrique Santiago también ha calificado de «propagandística» la ley impulsada por el PP y ha hablado de la Audiencia Nacional como un tribunal sucesor del franquista de Orden Público. Ha aludido al caso del asesinato de Borja Villacís, hermano de la exdirigente de Cs Begoña Villacís, argumentando que con la propuesta del PP, un caso de «narcotraficantes ultraderechistas de poca monta» acabaría en la Audiencia Nacional, lo que implicaría «sobresaturar» a este órgano judicial.
Por último, Vox no se ha cerrado a la reforma, con su diputada Blanca Armario calificando la proposición de ley del PP como «el comienzo de un largo camino que aún nos queda por recorrer contra la lucha del narcotráfico«, lamentando que Cádiz ocupe las portadas de periódicos «por ser el campo de batalla de organizaciones criminales, por ser la puerta de entrada de la droga y el coladero de la delincuencia hacia el mundo«.
