La Sección Tercera de la Audiencia de Sevilla ha dado por concluido el juicio contra la antigua cúpula de UGT-A, acusada de un presunto delito continuado de fraude de subvenciones en concurso con un delito continuado de falsedad en documento mercantil.
Esta investigación gira en torno a la gestión de subvenciones autonómicas por valor de más de 40 millones de euros. Después de un largo proceso judicial, que comenzó a finales de enero y culminó a finales de mayo con la fase final de conclusiones definitivas e informes finales, la vista ha concluido este jueves.
Los principales acusados son altos cargos del sindicato, como el ex vicesecretario de Organización y ex secretario general Francisco Fernández Sevilla, el ex secretario general de Administración de UGT-A Federico Fresneda, la ex secretaria de Gestión Económica María Charpín, la ex responsable del departamento de Compras Dolores Sánchez, y el consejero delegado de la entidad satélite Soralpe I Mas P Asociados S.L., Enrique Goicoechea.
La Acusación Fiscal: Un Mecanismo de Facturación Fraudulenta
Según el fiscal Anticorrupción Fernando Soto, existen «indicios sobrados» de que los antiguos responsables de UGT-A implantaron «un mecanismo de facturación falsa para defraudar a la Administración» andaluza. Esto habría implicado un concierto con determinados proveedores para que generaran facturas por «conceptos que no respondían» a la realidad, con el fin de cargar dichas facturas a las subvenciones para cursos de formación.
El fiscal señala que el sindicato orquestó este sistema de «facturas fraudulentas o falsas» con cargo a las subvenciones autonómicas, lo cual le permitió acumular un «bote» o «fondo de reptiles» para sufragar gastos no imputables a las ayudas. Testimonios como los de Roberto Alejandro Macías, extrabajador del departamento de Compras, y Francisco Mateos, contable de UGT-A, corroboran la existencia de este «bote» manejado por los acusados Fresneda y Charpín.
Además, el fiscal advierte que los «rappel» o descuentos aplicados por los proveedores al sindicato no fueron comunicados a la Junta de Andalucía, lo cual incumplía la obligación de «justificar» el precio final pagado por los productos o servicios. Los acusados, por su parte, alegaron la supuesta complejidad de dicha justificación por el carácter plurianual de las ayudas.
El Papel de los Acusados y la Creación del Software «Spyro»
Según el fiscal, Francisco Fernández Sevilla «controlaba» todo lo que sucedía y firmó «justificaciones falsas» del gasto de las ayudas, a pesar de alegar que confiaba en su equipo y que la Junta daba el «OK» a las justificaciones presentadas. Tanto Fresneda como Charpín habrían tenido un papel de «control» en las actividades descritas, siendo esta última la responsable de la propuesta del programa «Spyro» para la gestión del «bote» de dinero, el cual fue pagado con cargo a las propias subvenciones.
Dolores Sánchez habría sido «partícipe directa e indirecta» de este sistema, mientras que Enrique Goicoechea habría colaborado en los «alquileres ficticios» cargados a las ayudas a través de Soralpe, la entidad instrumental de UGT-A. El fiscal critica que estos dirigentes sindicales actuaran de esta manera y llegaran incluso a costear «fiestas» con cargo a los fondos públicos.
La Fiscalía Anticorrupción ha expuesto una trama compleja de supuesto fraude de subvenciones y falsedad documental, en la que la antigua cúpula de UGT-A habría utilizado un sofisticado mecanismo de facturación falsa y un «bote» de dinero para desviar fondos públicos hacia fines ajenos a los programas de formación subvencionados. Ahora, la Audiencia de Sevilla deberá determinar las responsabilidades de los acusados y las consecuencias legales de estos hechos.
Conclusión: La Transparencia y la Rendición de Cuentas, Claves en la Gestión de Subvenciones
Este caso pone de manifiesto la importancia de la transparencia y la rendición de cuentas en la gestión de subvenciones públicas. Las alegaciones de los acusados sobre la supuesta complejidad de la justificación de los fondos recibidos y el «OK» de la Junta de Andalucía no parecen justificar la creación de un «bote» de dinero y la facturación fraudulenta denunciada por la Fiscalía.
La creación del software «Spyro» para gestionar este «bote» de fondos públicos desvía aún más la atención hacia posibles irregularidades en la administración de las ayudas. Queda por ver si la Audiencia de Sevilla logra esclarecer el alcance de esta trama y determinar las responsabilidades de los implicados, con el objetivo de reforzar la confianza y la transparencia en el manejo de los recursos públicos destinados a programas de formación y desarrollo social.
