La propuesta del PSOE para reconocer a los funcionarios de prisiones como agentes de la autoridad ha desatado un debate intenso en el Congreso de los Diputados, con la mayoría de los grupos parlamentarios a favor de la medida, pero con fuertes críticas de algunos socios del Gobierno.
Esta iniciativa, impulsada por el PSOE, busca reformar la Ley General Penitenciaria de 1979 para otorgar a los funcionarios de prisiones el estatus de agentes de la autoridad, una aspiración histórica de este colectivo que ha cobrado mayor relevancia tras el asesinato de una cocinera en la cárcel de Mas d’Enric (Tarragona). La propuesta, además de agravar las penas para quienes atenten contra la integridad de estos funcionarios, les otorgaría presunción de veracidad en sus testimonios.
El PSOE Recibe Apoyo del PP, Pero Enfrenta las Críticas de sus Socios de Gobierno
El Partido Popular ha adelantado su apoyo a la proposición de ley, argumentando que actúan por responsabilidad con los funcionarios de prisiones, al mismo tiempo que critican al PSOE por no respaldar iniciativas similares en el pasado. El PP ha destacado la importancia de esta medida para garantizar la seguridad de los funcionarios y la buena gestión de las instituciones penitenciarias.
Sin embargo, algunos socios del Gobierno, como EH Bildu, ERC y Sumar, han mostrado su rechazo a la propuesta, calificándola de «autoritaria» y «populista». Estos grupos consideran que la medida no contribuye a la reinserción de los internos y que, en cambio, refuerza una visión punitiva de la justicia. Argumentan que se trata de un intento de «tomar el pelo» a los trabajadores de prisiones al no respaldar otras iniciativas más amplias que buscan mejorar las condiciones de trabajo y seguridad dentro de las cárceles.
Un Debate Polarizado con Perspectivas Diversas
El debate ha estado marcado por la polarización política, con algunos grupos centrándose en las consecuencias de la medida para la seguridad de los funcionarios y otros en su impacto en la reinserción de los presos y la gestión del sistema penitenciario.
El PNV ha expresado su apoyo a la toma de consideración de la ley, mientras que Junts ha mostrado algunas dudas, especialmente en relación con el modelo penitenciario de Cataluña. Vox, por su parte, ha apoyado la medida, pero ha pedido una equiparación salarial para el personal penitenciario y un estatuto propio que reconozca su profesión como de riesgo.
Este debate pone de manifiesto la complejidad del sistema penitenciario y la necesidad de encontrar soluciones que garanticen la seguridad de los funcionarios, la reinserción de los presos y la gestión eficiente de las instituciones penitenciarias. La propuesta del PSOE, aunque bienintencionada, ha generado una controversia profunda, mostrando la diversidad de perspectivas sobre el funcionamiento del sistema penitenciario en España.
