El proceso judicial relacionado con la organización del referéndum del 1 de octubre de 2017 en Cataluña sigue su curso. Recientemente, el Juzgado de Instrucción 13 de Barcelona ha tomado una decisión importante en la causa abierta contra una treintena de exaltos cargos del Govern y empresarios implicados en este evento.
El juez instructor ha considerado que la competencia para decretar el sobreseimiento libre, previa audiencia de las partes, corresponde a la Audiencia Provincial y no a la juez instructora, dado que se trata de un procedimiento ordinario sumario. Esta decisión supone un nuevo capítulo en el complejo entramado legal que rodea al proceso independentista catalán.
El Juzgado de Instrucción 13 remite la causa a la Audiencia de Barcelona
En una providencia consultada por diversos medios de comunicación, el Juzgado de Instrucción 13 de Barcelona ha decidido remitir la causa abierta contra los implicados en la organización del referéndum del 1-O a la Audiencia de Barcelona. Esta remisión tiene como objetivo que la Audiencia se pronuncie sobre la aplicación de la Ley de Amnistía en este caso concreto.
La decisión del juez instructor se basa en la consideración de que, al tratarse de un procedimiento ordinario sumario, la competencia para decretar el sobreseimiento libre, previa audiencia de las partes, corresponde a la Audiencia Provincial y no a la juez instructora. Esta interpretación legal abre la puerta a un posible archivado de la causa, siempre y cuando se cumplan los requisitos establecidos en la mencionada Ley de Amnistía.
La remisión de la causa a la Audiencia de Barcelona supone un nuevo paso en el largo y complejo proceso judicial que ha rodeado al referéndum del 1-O desde su celebración. Ahora, será la Audiencia la encargada de valorar si procede o no la aplicación de la Ley de Amnistía, una decisión que tendrá importantes consecuencias para los imputados en esta causa.
Imputados por presunta malversación, desobediencia, falsedad documental y prevaricación
En la causa investigada por el Juzgado de Instrucción 13 de Barcelona aparecen imputados una treintena de exaltos cargos del Govern y empresarios por diversos delitos relacionados con la organización del referéndum del 1-O. Entre los delitos que se les imputan se encuentran la presunta malversación, desobediencia, falsedad documental y prevaricación.
Entre los imputados se encuentran destacados excargos del ‘sottogoverno’, como el exsecretario de Difusión, Antoni Molons, el exsecretario general de Presidencia, Joaquim Nin, los exdirectores de TV3 y Catalunya Ràdio, Vicent Sanchis y Saül Gordillo, respectivamente, o el exdirector general del Diplocat, Albert Royo, entre otros.
La imputación de estos exaltos cargos y empresarios pone de manifiesto la complejidad y el alcance de la investigación judicial en torno a la organización del referéndum del 1-O. La presunta malversación de fondos públicos, la desobediencia a las resoluciones judiciales, la falsedad documental y la prevaricación son delitos graves que, de ser probados, podrían conllevar importantes penas para los imputados.
El futuro de la causa del 1-O en manos de la Audiencia de Barcelona
La remisión de la causa del 1-O a la Audiencia de Barcelona por parte del Juzgado de Instrucción 13 supone un nuevo capítulo en el largo y complejo proceso judicial que ha rodeado a este evento desde su celebración. Ahora, será la Audiencia la encargada de decidir si procede o no la aplicación de la Ley de Amnistía en este caso concreto.
La decisión de la Audiencia de Barcelona tendrá importantes consecuencias para los imputados en esta causa, ya que de ella dependerá si se procede al sobreseimiento libre de la causa o si, por el contrario, se continúa con el proceso judicial. En cualquier caso, la complejidad del caso y la relevancia política y social del referéndum del 1-O hacen prever que el proceso judicial se prolongue durante un tiempo considerable.
Mientras tanto, la sociedad catalana y española en su conjunto seguirán expectantes ante el desarrollo de este proceso judicial, que ha marcado la vida política y social del país en los últimos años. La causa del 1-O sigue siendo un tema candente y controvertido, y su resolución definitiva podría tener importantes implicaciones para el futuro político de Cataluña y de España en su conjunto.