La secretaria general de Podemos, Ione Belarra, ha presentado una propuesta ambiciosa al PSOE: expropiar el uso de 92.000 viviendas en manos de grandes fondos de inversión con el objetivo de destinarlas al alquiler social. Esta iniciativa implicaría la transferencia al parque público de viviendas de la mitad de los inmuebles en posesión de estas empresas, como una medida para hacer frente a la problemática de precios que actualmente afecta al sector inmobiliario.
Recuperando el control del parque inmobiliario para el bienestar social
En el marco del debate sobre la extensión de la suspensión de los desahucios hipotecarios hasta 2028, Belarra planteó esta propuesta de expropiación a la ministra de Vivienda, Isabel Rodríguez, como una medida destinada a ampliar el parque público de viviendas. «¿Expropiemos el uso de la mitad de las viviendas de estas grandes empresas para que formen parte del parque público de vivienda en alquiler?», manifestó Belarra, señalando a corporaciones como Blackstone o CaixaBank y denunciando su enfoque especulativo en el mercado inmobiliario.
En este sentido, la idea de expropiar viviendas a grandes fondos de inversión no es solo una respuesta a la crisis de vivienda en España, sino también una apuesta por fortalecer el acceso a la vivienda digna y promover un mercado inmobiliario más equitativo y orientado al interés social.
La importancia de una ley de medios de comunicación transparente
Además de la propuesta de expropiación, Belarra planteó la necesidad urgente de aprobar una ley de medios de comunicación, con el propósito de garantizar la veracidad y la transparencia en la información que se difunde a través de los diferentes canales de comunicación. En sus palabras, «Desde los medios de comunicación se dice que el problema es la Ley de Vivienda… ¿Cómo va a ser el problema la Ley de Vivienda, si ustedes, señorías del PP, no la aplican?».
La secretaria general de Podemos hizo hincapié en la importancia de regular la actividad mediática para evitar la desinformación y los intereses particulares que puedan distorsionar la realidad. En este contexto, Belarra criticó el papel de la periodista Ana Rosa Quintana, a quien acusó de difundir información falsa sobre la Ley de Vivienda desde su posición en televisión, mencionando incluso su supuesta propiedad de 44 pisos turísticos como un ejemplo de conflicto de intereses.
