En una sesión de más de 13 horas marcada por intensas negociaciones y protestas sociales, el presidente de Argentina, Javier Milei, logró la aprobación en el Senado de su proyecto de Ley Bases.
La legislación, que busca desregular la economía en Argentina, reducir el tamaño del Estado y otorgar facultades legislativas al Ejecutivo, fue aprobada con un empate 36 a 36, desempatado a favor del Gobierno por la vicepresidenta Victoria Villarruel.
La votación se dio en un contexto de fuertes protestas en las calles y una considerable represión policial cerca del Congreso, lo que resultó en numerosos heridos, detenidos y enfrentamientos entre manifestantes y fuerzas de seguridad.
Tras la aprobación, el Gobierno celebró el resultado. “Con grupos terroristas atacando el Congreso y debiendo desplegar las fuerzas de seguridad en defensa de la democracia, el de esta noche es un triunfo del pueblo argentino y el primer paso hacia la recuperación de nuestra grandeza, habiendo aprobado la reforma legislativa más ambiciosa de los últimos 40 años”, afirmó la Oficina del Presidente.
Sin embargo, la Ley Bases deberá ser revisada nuevamente en la Cámara de Diputados debido a las modificaciones realizadas en el Senado.
Desde la mañana, mientras los senadores debatían, organizaciones políticas, sociales y sindicales ligadas a la izquierda y el peronismo se concentraron para manifestar su rechazo a las políticas del Gobierno.
«La patria no se vende, se defiende» fue una de las consignas principales. Los enfrentamientos comenzaron después del mediodía, con la policía intentando despejar las calles y enfrentándose con los manifestantes. Por la noche, tras la aprobación de la ley, se produjeron nuevos disturbios y cacerolazos de protesta en Buenos Aires y otras localidades de la provincia.
Negociaciones intensas en Argentina
La aprobación del proyecto requirió que el Gobierno hiciera numerosas concesiones. En amplia minoría en el Senado, con solo siete bancas propias y seis de sus aliados del PRO, el oficialismo de La Libertad Avanza tuvo que recortar muchas de sus propuestas originales.
La ambición de privatizar más de 40 empresas estatales fue significativamente reducida, con Aerolíneas Argentinas, el Correo Argentino y Radio y Televisión Argentina excluidas del proyecto. Solo ocho empresas permanecen en la lista para ser privatizadas.
El Ejecutivo también tuvo que renunciar a la reforma previsional que buscaba eliminar la moratoria para las personas sin suficientes aportes salariales.
Además, se comprometió a continuar con las obras públicas avanzadas o con financiamiento internacional y a no disolver organismos públicos relacionados con la ciencia y la cultura.
En un último intento por asegurar votos, el oficialismo acordó limitar los sectores productivos en los que se aplicará el Régimen de Incentivo de Grandes Inversiones (RIGI), que ofrece beneficios impositivos, aduaneros y cambiarios para atraer inversión extranjera.
