Este lunes la Fiscalía Europea ha comunicado oficialmente al juez Juan Carlos Peinado, que instruye la investigación contra Begoña Gómez que asume la causa por presunta corrupción contra la mujer del presidente del Gobierno. El escrito de avocación fue enviado el pasado jueves al juzgado de instrucción 41 de Madrid pero no se ha conocido hasta después de la celebración de las elecciones europeas. El escrito de la Fiscalía indica al juez que debe abstenerse de seguir practicando diligencias y remitirle las diligencias practicadas hasta el momento. Esto significa que las declaraciones de los testigos de este domingo 16 de junio quedarían suspendidas al igual que la declaración en calidad de investigada de Begoña Gómez prevista para el próximo 5 de julio.
La comunicación de la Fiscalía Europea deja fuera de su investigación toda la parte de la relación entre los negocios de Begoña Gómez y Globalia, la empresa de la familia Hidalgo, lo que no deja de ser sorprendente teniendo en cuenta que las empresas del grupo Globalia fueron rescatadas con 475 millones de euros de fondos europeos. Esto se explica porque la Fiscalía Europea sólo está facultada para investigar los delitos que afecten a los intereses financieros de la UE y para ejercer la acción penal al respecto, como el delito de corrupción en el sector privado, pero no para otros ilícitos penales como el tráfico de influencias por el que también está siendo investigada Begoña Gómez.
La delegación española de la Fiscalía Europea, con Ignacio de Lucas a la cabeza, solo rinde cuentas ante Laura Codruţa Kövesi, fiscal general europea. Los fiscales europeos españoles bajo el mano de De Lucas son Oihana Azcue, Luis Miguel Jiménez, Gloria Yoshiko, Olga Muñoz, Laura Pellón, Antonio Zárate y Juan José Navas.
La diferencia entre la Fiscalía Europea (FE) y la instrucción a la que está España acostumbrada es que en este caso la Fiscalía se encarga de instruir toda la causa, no el Juzgado, y de tomar declaraciones a testigos e investigados, como hace en el resto de Europa e incluso oficia a la Policía Nacional o Guardia Civil, como hizo hace unas semanas para acudir a la sede del CSD, para que practique diligencias que estime oportunas.
El 30 de mayo esta misma Fiscalía solicitó al juez de la Audiencia Nacional que instruye el Caso Koldo de compra venta de mascarillas durante la pandemia, Ismael Moreno, para que se inhibiera de la causa en favor de la citada fiscalía. De momento el juez Moreno ha pedido la opinión de la Fiscalía Anticorrupción, que previsiblemente se opondrá a su sustitución, además del propio juez.
ACUSACIONES PARTICULARES
Si la Fiscalía Europea instruye finalmente la causa contra Begoña Gómez todas las acusaciones particulares y populares, incluidos los denunciantes, quedarían inhabilitados para ejercer sus acusaciones. También el juez instructor puede oponerse al decreto de la Fiscalía y no entregar la causa, lo que causaría un conflicto de competencias que debería dirimir el Tribunal Supremo, aunque la FE podría exigir hacerse cargo de la investigación mientras el Supremo se pronuncia. El juez también podría hacer caso omiso de esta comunicación y continuar adelante con su instrucción y, por tanto, mantener los interrogatorios.
De momento, la Fiscalía Europea ya ha comenzado a estudiar las adjudicaciones recibidas por Innova Next, la empresa de Juan Carlos Barrabés que avaló por carta a Begoña Gómez, esposa del presidente del Gobierno y cuyos importes dependen de fondos europeos.
10 MILLONES DE FONDOS EUROPEOS
La Fiscalía Europea (EPPO) ya preguntó el pasado 26 de abril preguntando si alguno de los contratos denunciados se habían financiado con fondos europeos. En concreto seis de ellos, por valor de 9.995.000 euros han sido pagados con dinero de Europa.
Los fiscales delegados europeos Laura Pellón, Luis Miguel Jiménez y Antonio Zárate, pedían estos contratos porque «podría en su caso llegar a ejercer su competencia». El juez instructor facilitó una copia de los documentos requeridos a la EPPO.
AL MENOS UNO DE LOS CONTRATOS DE RED.ES QUE DIO ORIGEN A LA CAUSA ESTÁ FINANCIADO CON FONDOS EUROPEOS
Los contratos de Innova Next, de los 28 recibidos por el Estado pero afectados por estos fondos son seis. El primero es el expediente 044/20-ED, otorgado por Red.es y al que acudió en una UTE con KPMG. Por ello consiguieron 2.600.532 euros, IVA incluido, en 2021 para ofrecer «servicios de oficina Acelera Pyme, servicios de apoyo y asesoramiento».
El segundo contrato también fue concedido por Red.es y fue adjudicado a Innova Next en UTE con The Valley Digital. Éste es uno de los contratos que contó con la carta de recomendación de Begoña Gómez, esposa del presidente Pedro Sánchez, que desató toda la causa judicial. Las empresas se adjudicaron en concreto los lotes 1 y 3 de 6 por un total de 3.000.247,64 euros.
El tercer contrato que investiga la Fiscalía europea fue concedido por el Consejo de Administración de ICEX España Exportación e Inversiones E.P.E. en 2021. Esta vez la adjudicación recayó en solitario a Innova Next. Se trataba de la «contratación de un servicio de apoyo en el seguimiento y control del servicio ICEX-eMarket Services de Consultoría Estratégica en Venta Internacional, así como de optimización de la metodología empleada y de sus respectivos modelos de prestación de servicio, gestión y control» por un total, prórroga incluida, de 260.064,21 euros.
El cuarto expediente afectado se refiere a trabajos de Consultoría y Diseño en varios lotes, aunque sin precio fijo estipulado pero con un presupuesto de 17.680.000 euros en el lote donde resultó adjudicataria Innova Next junto a otras empresas. El contrato fue concedido por la Comunidad de Madrid, en concreto la Agencia para la Administración Digital de la Comunidad de Madrid. El acuerdo se formalizó el16 de diciembre de 2021 y fue prorrogado justo dos años después.
Innova Next también ganó en agosto de 2022 en solitario un quinto contrato afectado por fondos europeos. En esta ocasión el adjudicatario fue la presidencia del Comité Superior de Deportes (CSD) por un precio de 3.684.317 euros para «el diseño de Innovación y Transformación Digital en el ámbito del deporte, así como para coordinar todos los programas de innovación desarrollados por el CSD».
El último de los contratos de Barrabés que investigará la Fiscalía Europea es de 450.000 euros y se refiere a la contratación de «servicios profesionales para definir una metodología y desarrollar los instrumentos y herramientas que faciliten la formación para llevar a cabo un proceso de emprendimiento, financiada por MRR», de la Fundación Estatal para la Formación en el Empleo, adscrita al ministerio de Trabajo y Economía Social. Fue adjudicado el 28 de diciembre de 2023, poco antes del estallido del Caso Begoña Gómez.
Habrá que esperar a ver si el domingo el juez que instruye la causa toma declaración este próximo domingo al consejero delegado (CEO) de Red.es, David Cierco; el que fuera director general de Red.es Alberto Martínez Lacambra; el economista y abogado de Innova Next SL Luis Antonio Martín Bernardos; el director de la asesoría jurídica en Red.es, Ignacio Espejo Saavedra Hernández; y Luis Prieto Cuerdo, director de Economía de Red.es, entidad pública adscrita al Ministerio para la Transformación Digital e incluso al propio Carlos Barrabés en el hospital.
