La resolución de los casos judiciales de alta complejidad, como el del Banco Popular, requiere de un profundo respeto por la independencia de la justicia. Es fundamental que los actores involucrados eviten interferir en los procedimientos a través de declaraciones públicas, y en su lugar permitan que los tribunales realicen su trabajo con total libertad.
En este sentido, el expresidente del Banco Popular, Emilio Saracho, ha manifestado su firme convicción de que «hay que dejar a los jueces que hagan su trabajo con libertad y sin tratar de influir en los procedimientos judiciales mediante declaraciones al margen de los propios trámites procesales». Saracho reaccionaba así tras las declaraciones de su predecesor, Ángel Ron, en relación a la causa instruida por el juez José Luis Calama.
Respeto a la Independencia Judicial
Saracho lamenta que Ángel Ron «vuelve a pretender influir en el proceso penal abierto en su contra a través de esta estrategia de situar en el debate público lo que forma parte de un procedimiento judicial». Según Saracho, «no es positivo llevar al debate público las actuaciones de la Justicia», ya que esto se está convirtiendo en «moneda común en el ámbito político y en ocasiones también en el plano económico».
El expresidente del Banco Popular enfatiza que «la instrucción del Banco Popular lleva siete años abierta y nunca he realizado ninguna manifestación pública sobre el procedimiento», ya que considera que «a la Justicia hay que respetarla y dejarla actuar». De esta manera, Saracho se ha ceñido de forma estricta a realizar cualquier comentario donde corresponde, «el ámbito jurisdiccional, y con respeto máximo a la actuación del juez instructor».
El Caso del Banco Popular
Emilio Saracho ha sido investigado en el caso del Banco Popular al igual que Ángel Ron, aunque en una pieza separada, relativa a los 108 días que presidió el banco y una posible manipulación del precio de las acciones. En este sentido, el juez, en su auto de transformación a juicio oral, exoneró a Emilio Saracho de estos cargos.
Por su parte, Ángel Ron está acusado en el mismo procedimiento por estafa a los inversores y falsedad contable, en relación a la ampliación de capital realizada en 2016 por el Banco Popular. Es en este contexto que Saracho considera fundamental «que la judicatura haga su trabajo con plena libertad y sin ningún tipo de presión mediática».
En conclusión, el respeto a la independencia judicial es una condición sine qua non para garantizar la correcta resolución de casos complejos como el del Banco Popular. Los actores involucrados deben evitar interferir en los procedimientos a través de declaraciones públicas, y en su lugar permitir que los tribunales realicen su labor con total libertad y sin ningún tipo de presión.
