La intervención desde este miércoles de los fiscales europeos en el Caso Begoña Gómez ordenando a la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil a pedir información a la sede de Red.es sobre el contrato otorgado por esta entidad pública a Innova Next, la empresa de Carlos Barrabés investigada dentro de la causa general y ahora dentro de una pieza separada. El asunto es que a esta nueva pieza separada el fiscal adscrito al juzgado de Instrucción 41 del juez Juan Carlos Peinado no tendrá acceso porque la Fiscalía Europea es un órgano independiente que sólo depende de la Unión Europea y no de la Fiscalía General del Estado en España y por tanto, no tienen obligación de rendir cuentas.
El juez del caso Begoña ya ha tenido algún encuentro con el fiscal de su juzgado. El último cuando cortó por lo sano una pregunta del fiscal a uno de los dos testigos interrogados hasta ahora, el director de El Confidencial. Cuando el fiscal preguntó la opinión del periodista sobre la influencia de la carta de recomendación de Begoña Gómez para la empresa Innova Next, el juez Peinado no dejó responder al testigo.
Era la segunda pregunta al respecto del fiscal, cuyo texto era «y en cuanto a las referidas cartas, le pregunto en el mismo sentido, ¿han podido, en su investigación, se ha revelado el grado de si fueron determinantes o grado de influencia que pudieron alcanzar?» En ese momento el juez interrumpió y dijo «no, no conteste a esa pregunta. Esa pregunta es de contenido jurídico y el testigo viene a manifestar sobre los hechos que haya conocido con sus sentidos, sin perjuicio de que se reserva el derecho a no facilitar las fuentes».
La primera pregunta del fiscal respecto a si «¿en alguna de las informaciones se refiere a algún tipo de coacción o determinación similar a la hora de dictar resoluciones o algún tipo de presión en las personas encargadas de la licitación o de la resolución de los contratos? ¿Han constatado algún tipo…?», el periodista sí pudo contestar que «no, ninguna».
«POR PARTE DEL REPRESENTANTE DEL MINISTERIO FISCAL CON UNA DILIGENCIA INUSITADA Y UNA CELERIDAD, ESCASAMENTE FRECUENTE, POR NO DECIR NUNCA CONOCIDA, SE INTERPUSO UN RECURSO DE APELACIÓN DIRECTO», ESCRIBIÓ EL JUEZ
No es la primera vez que el juez y el fiscal tienen uno de estos desencuentros, ya en un auto dictado el pasado 3 de junio por el que llamaba a declarar a Begoña Gómez, esposa del presidente del Gobierno, en calidad de «investigada» el juez Peinado aprovechaba para dar una reprimenda por escrito al fiscal y recogía en el punto segundo de esos fundamentos de Derecho que «como quiera, que por parte del representante del Ministerio fiscal con una diligencia inusitada y una celeridad, escasamente frecuente, por no decir nunca conocida, se interpuso un recurso de Apelación directo para, ante la Ilustrísima Audiencia Provincial de Madrid (…)».
Evidentemente al juez instructor no le sentó nada bien que la Fiscalía saltase el trámite de presentar primero recurso de reforma ante el propio juez y, una vez desestimado, hubiese recurrido a la Audiencia en apelación. Finalmente ese recurso de la Fiscalía para archivar la investigación fue desestimado por la Audiencia y ahora se escaparán del ámbito del fiscal al menos seis contratos de los obtenidos por la empresa de Carlos Barrabés, tal y como contaba este jueves MONCLOA.
REGISTRO EL MIÉRCOLES NOCHE
Mientras tanto, la Fiscalía Europea daba los primeros pasos y por una orden suya la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil se personaba en la sede de la sociedad pública Red.es para recabar información relacionada con la investigación que afecta a Begoña Gómez, esposa del presidente del Gobierno, y los contratos de Innova Next.
La actuación de los agentes tenía lugar después de que el pasado 26 de abril el órgano comunitario se interesara por la causa y preguntara al titular del Juzgado de Instrucción Número 41 de Madrid, que admitió a trámite una denuncia de Manos Limpias contra Begoña Gómez, si el procedimiento afectaba a contratos suscritos con fondos europeos.
En un decreto del 26 de abril la Fiscalía Europea (EPPO) pedía al juez Juan Carlos Peinado que le informara de los hechos que investiga y que le precisara si en el procedimiento «estaría implicada la UTE Innova Next SLU- Escuela de Negocios The Valley», integrada por una sociedad propiedad del empresario Juan Carlos Barrabés, a quien el sindicato de funcionarios Manos Limpias señala en su denuncia como beneficiario de las «recomendaciones o avales» de Gómez. Ante la petición de la EPPO el juez instructor facilitó copia de todos los documentos pedidos.
En el marco de sus diligencias de comprobación, la Fiscalía Europea reclamó a Red.es los expedientes completos sobre los tres contratos en cuestión, relativos a servicios de formación para el empleo en la economía digital, aunque en realidad sólo uno de ellos aparece como beneficiario de fondos europeos en la Plataforma de Contratación del Estado. Ahora la Fiscalía europea deberá oficiar a la Unidad de Administración del Fondo Social Europeo (UAFSE) para que certifique cuantos de esos contratos «hubiesen sido financiados con fondos europeos y, en su caso, si se han certificado». Varios cargos de Red.es están llamados por el juez instructor a declarar, días antes de que lo haga Begoña Gómez.
