Sumar quiere prohibir subvenciones y contratos públicos a empresas que operen en Palestina y Sáhara

Ley para regular las relaciones comerciales en territorios ocupados y sancionar el contrabando

En Sumar se ha presentado una proposición de ley en el Congreso con el objetivo de regular las relaciones comerciales y económicas en territorios militarmente ocupados, como Palestina y el Sáhara Occidental. Esta iniciativa busca evitar que las empresas que operan en estas zonas puedan participar en concursos públicos o recibir subvenciones de la administración pública.

Importancia de la ley para evitar vulneraciones del Derecho Internacional

La propuesta de ley tiene como objetivo principal seguir la estela del reconocimiento del Estado palestino y garantizar que las empresas no participen en vulneraciones del Derecho Internacional ni se beneficien económicamente de actividades ilícitas. Esta medida pretende evitar que las empresas se lucren con dinero público al operar en territorios ocupados.

En este sentido, el texto presentado hace referencia a la petición realizada por el ministro de Derechos Sociales, Pablo Bustinduy, a las empresas españolas en Israel para que informaran de las medidas adoptadas para evitar contribuir al genocidio en Gaza. Esta ley busca asegurar que las empresas españolas cumplan con los principios éticos y legales en sus actividades comerciales.

Resoluciones de Naciones Unidas y decisiones judiciales en casos de ocupación ilegal

El texto de la propuesta de ley menciona a Palestina como un caso paradigmático donde Naciones Unidas ha instado a Israel a cesar la anexión de territorios. Asimismo, se considera ilegal la ocupación de zonas palestinas tanto por la ONU como por otras instancias internacionales. Esta ley también se aplica a otras situaciones como el Sáhara Occidental, Crimea o Chipre, donde se han emitido resoluciones y decisiones judiciales para respetar el derecho internacional.

Compromiso de España con los Derechos Humanos y el comercio ético

Sumar destaca la obligación de España de evitar la complicidad con la violación de los Derechos Humanos en zonas de conflicto. Esta responsabilidad se extiende a las empresas trasnacionales, según lo establecido por la ONU. La propuesta de ley se alinea con los Principios Rectores de Naciones Unidas sobre Empresas y Derechos Humanos, que advierten sobre el riesgo de vulnerar los derechos humanos en contextos de conflicto.

Sanciones por contrabando y medidas para garantizar el cumplimiento del derecho internacional

Sumar propone establecer medidas legales concretas para garantizar el cumplimiento del derecho internacional y evitar la actividad con empresas que operan en territorios ocupados ilegalmente. En este sentido, se plantea imponer sanciones a las empresas que importen, exporten o comercialicen productos obtenidos en estas zonas, considerando como contrabando dichas actividades.

La participación del sector público es fundamental para asegurar el cumplimiento de estas medidas. Se propone que las empresas con actividades en territorios ocupados no puedan acceder a contratos públicos, subvenciones o convenios de colaboración con la administración. Además, se establece como criterio para determinar esta restricción la inclusión en resoluciones o listas de empresas publicadas por Naciones Unidas que estén involucradas en actividades en asentamientos ilegales.

Participación de diputados y origen de la propuesta de ley

En la elaboración de esta ley han participado los diputados Enrique Santiago (IU), Txema Guijarro (Sumar) y Tesh Sidi, parlamentaria de Más Madrid y de origen saharaui. Estos legisladores consideran que estas medidas son coherentes con el reconocimiento del Estado palestino y buscan promover un comercio ético que evite el lucro ilegal de Marruecos e Israel en territorios ocupados.

En resumen, la proposición de ley presentada por Sumar busca regular las relaciones comerciales en territorios ocupados, evitar la vulneración del Derecho Internacional y establecer sanciones por contrabando en la comercialización de productos obtenidos ilegalmente en estas zonas. La participación del sector público y el compromiso con los Derechos Humanos son pilares fundamentales de esta iniciativa.