Begoña Gómez, esposa del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, está bajo investigación por tráfico de influencias y corrupción en los negocios. La empresaria escribió una carta de apoyo a la UTE de The Valley y Barrabés en el concurso de Red.es de junio de 2020 por los lotes 1 y 3. La carta fue puesta en valor por la empresa pública, cuya máxima responsable fue Nadia Calviño, entonces ministra de Economía.
La misiva, no obstante, no fue exigida en los pliegos y condiciones de la adjudicación, según señala el sindicato Manos Limpias en un informe de 15 folios remitido al juez que instruye la causa contra la mujer de Pedro Sánchez -a quien Patxi López, portavoz del PSOE, le ha llegado a subir el cargo a presidenta del Gobierno-.
Según el sindicato liderado por Miguel Bernad, en «determinados medios de comunicación» se ha defendido a la actuación de Begoña Gómez como algo normal en la contratación pública cuando se remiten declaraciones de interés o recomendaciones a Red.es en el caso de la UTE conformada por Barrabés. No obstante, para otra parte de la prensa se trata de un presunto caso de tráfico de influencias al recomendar desde La Moncloa a una empresa en concreto y que después resultara adjudicataria de cuatro contratos con Red.es por un total de 12,8 millones de euros.
PREOCUPACIÓN DEL SINDICATO POR LAS AMENAZAS
Manos Limpias ha mostrado se muestra «preocupada» ante las presiones, surgidas a raíz de la denuncia contra Begoña Gómez. Según asegura, las amenazas por parte de quienes no creen en la democracia ni en la justicia, según el escrito remitido al juez Juan Carlos Peinado. Asimismo, ha criticado la labor de la Fiscalía en este caso, que actúa como «Abogada del Estado» antes que como parte acusadora.
«Estamos viendo como la Fiscalía ejerce labores de abogado del Estado en la persona de la mujer del presidente del gobierno. Es tan llamativa su actuación que hasta Su Señoría ha emitido un Auto extrañándose de las continuas e inusuales visitas personales a su Juzgado del fiscal que lleva el caso, pidiéndole al letrado de la Administración de Justicia que cuantifique y le informe de todas esas visitas», destaca el sindicato al juez Peinado.
MANOS LIMPIAS MUESTRA DESCONFIANZA POR LA IGE
El juez indaga ahora las adjudicaciones obtenidas por Juan Carlos Barrabés, el empresario que dirige Innova Next SL, como también el rescate público de Globalia, cuyo máximo representante es Javier Hidalgo. En este sentido, señala al juez sus «dudas» sobre la imparcialidad de la Intervención General del Estado (IGE), presidida por Pablo Arellano Pardo, nombrado tan solo 23 días después de la llegada de Pedro Sánchez a La Moncloa.
En este sentido, afirma mostrar su respeto hacia el directivo de la IGE, pero considera crucial enviar un informe al juez sobre Barrabés, quien deberá declarar próximamente ante el juez, y el rescate de Globalia. El informe se adelanta a propósito de las declaraciones de todos ellos.
En el estudio se hace hincapié en los cuatro contratos a los que acude Barrabés a través de Innova Text a las licitaciones de Red.es. Para ello, exige que se acredite adecuadamente la solvencia técnica con la aportación de los certificados correspondientes de servicios prestados en los tres últimos años, como por ejemplo con el Ayuntamiento de Madrid.
LOS CERTIFICADOS Y LAS CARTAS DE APOYO DE BEGOÑA GÓMEZ
Además, apunta que debe pedirse la declaración de los empresarios para que hagan constar los servicios realizados y prestados. A juicio de Manos Limpias, el certificado del Ayuntamiento de Madrid no es ni mucho menos una carta de apoyo, sino un documento exigido en los pliegos dado que se pide un «certificado» de que realmente ha realizado la labor para el ente público que gestiona la capital de España. «No es comparable con las declaraciones de interés o recomendaciones de Begoña Gómez», apunta. «Es una vaga justificación», añade el informe.
Para indagar en el caso de Begoña Gómez, se cuestiona en calidad de qué actuó para escribir y remitir la carta de apoyo o si representa al órgano competente de una entidad pública como es la Universidad Complutense de Madrid. «Evidentemente no y de hacerlo, su escrito debería tener el formato de un certificado», apostilla el autor del informe y secretario de Manos Limpias. Además, Begoña Gómez tampoco pudo hacerlo porque no trabajó nunca con Barrabés, que «es la condición para emitir una declaración de empresario».
El propio sindicato pone de manifiesto que es Pedro Sánchez quien tiene la «última palabra». Asimismo, los certificados muestran un hecho concreto del pasado, como es el caso del Ayuntamiento de Madrid, mientras Gómez indica que «manifestamos nuestro apoyo a dicho programa… mostramos nuestra intención de colaborar activamente en la difusión de sus convocatorias en nuestro ámbito de actuación». En ningún caso se ha solicitado una carta de apoyo de nadie en los pliegos, pero Red.es la dio por buenas, pese a no ajustarse a la ley. «Es una recomendación ilegal, en toda la regla, hacia barrabés que apunta, sin ningún género de dudas, a tráfico de influencias», apunta.
EL RECURSO POR LA CARENCIA DEL PLAN DE IGUALDAD DE BARRABÉS
Además, también pone el foco en el recurso interpuesto por NT For Learning a las adjudicaciones de The Valley y Barrabés. Y es que, según se detectó, la empresa Innova Text carecía de un plan de igualdad, indispensable para poder cumplir los requisitos de la licitación. El recurso se admitió y el Tribunal Administrativo Central de Recursos Contractuales anuló la adjudicación del lote 1 y el 3 de septiembre de 2021. No obstante, la resolución final permite que la UTE de Barrabés se lleve el concurso dos meses, a pesar de no cumplir los criterios. El 5 de noviembre de aquel año, el TACRC rechaza el recurso de NT For Learning y permite la adjudicación.
Otro de los puntos que muestran dudas en el concurso de Red.es es el uso obligatorio del aplicativo GESPOL, una aplicación que se utiliza en el Ayuntamiento de Illescas. Será motivo de exclusión del procedimiento de licitación la no presentación del plan de integración con el aplicativo de gestión policial con el que cuenta actualmente el Ayuntamiento. No obstante, este criterio va en contra de al normativa vigente ya que establece condiciones que no son compatibles con la licitación.
«La incorporación de dicha condición especial de ejecución de carácter esencial, en los términos que lo es y atendido que el Pliego no incorpora una descripción precisa de la aplicación Gespol con la que ha de garantizarse la integración de la solución ofertada (lo que hace ciertamente difícil que pueda cumplirse adecuadamente con la exigencia de presentación del correspondiente plan de integración), debe reputarse como potencialmente discriminatoria, con estimación del motivo de recurso, en los términos que ahora se expondrán», indica Manos Limpias.
el tribunal actuó, desde nuestro punto de vista, bajo presión y de forma presuntamente prevaricadora
Asimismo, el TACRC rechazó el recurso por «falta de legitimación», a pesar de estar inmersa en el concurso. Según el sindicato, «el tribunal actuó, desde nuestro punto de vista, bajo presión y de forma presuntamente prevaricadora. Hay jurisprudencia de muchos otros recursos donde el propio TACRC».
Para subsanar el tema del plan de Igualdad, Barrabés presentó una declaración responsable, pero a juicio del sindicato se trata de una «presunta falsedad documental» dado que el empresario aseguró tener un plan de igualdad. «No tuvo más remedio, presuntamente, que falsear la declaración responsable, diciendo en ella que contaba con un plan de igualdad», afirma el sindicato.
Asimismo, acusa a la Mesa de contratación de actuar «en clara connivencia con Juan Carlos Barrabés, «consecuencia, presuntamente, del tráfico de influencias provocado por Begoña Gómez». Asimismo, ha incidido en los restrictivos criterios de Red.es, especialmente en las características técnicas del proyecto y los requisitos empresariales.
