Mónica García insiste en hacer oposición al Gobierno de la Comunidad de Madrid desde el despacho del Ministerio de Sanidad. Para ello, la también médica y madre ha engendrado una ley que golpeará por los cuatro costados no solo a la sanidad privada, sino también a la pública, incrementando así las listas de espera en la comunidad con mayor esperanza de vida de España y la décima zona de todo el mundo.
Solo Madrid cuenta con seis de los diez mejores hospitales de toda España, mientras se mantiene como líder del ránking con menor tiempo de espera y con menor número de pacientes que esperan a ser intervenidos en los próximos seis meses. Pero a Mónica García estos datos son lesivos para su argumentario y por ello prepara una ley, cuyas consultas públicas han expirado este pasado miércoles.
Mientras las listas de espera empeoran en el resto de España, Madrid se erige como ese oasis, donde la gestión manda sobre la polarización y confrontación provocadas por el PSOE y Sumar, donde se integra Más Madrid, el partido político de Mónica García.
MÓNICA GARCÍA Y SU CRUZADA CONTRA AYUSO
Los datos pasan desapercibidos por la ministra de Sanidad, empeñada en plantar batalla no solo al Gobierno de Isabel Díaz Ayuso, sino también a los madrileños, que sufrirán las consecuencias de una ley que cambia por completo el modelo actual de gestión sanitaria. García se ha centrado en hacer oposición al Ejecutivo de Madrid desde el Gobierno y lo hará con la «Ley de Gestión Pública e Integridad del Sistema Nacional de Salud», un proyecto que, entre otros fines, es modificar la titularidad de la gestión de los servicios de salud. De hecho, pese a que el Gobierno se ha postulado por la vía público-privada como sistema de colaboración, para García es un problema que ha de resolverse.
Para ello, se dispone a aprobar una normativa que pueda revertir las adjudicaciones públicas de los hospitales privados. Lejos de arreglar el «problema», Mónica García creará nuevas barreras a la inversión en Madrid. De hecho, la Asociación de Hospitales Privados de Madrid (ACHPM) ha presentado alegaciones contra la normativa, con una apuesta «frontalmente contraria» al modelo que trata de imponer la dirigente de Más Madrid.
La nueva ley busca el blindaje de la gestión directa pública de la sanidad, con el fin de acabar con el actual modelo privado, escogido mayoritariamente por los funcionarios del Estado y de las administraciones públicas -por algo será-.
LOS HOSPITALES PRIVADOS ADVIERTEN DE LOS RIESGOS
La Asociación de Hospitales Privados de Madrid (ACHPM) así lo pone de manifiesto en su escrito publicado en el portal de Transparencia. La posición de esta entidad es «frontalmente contraria a este proyecto del Ministerio de Sanidad que trata de blindar la gestión directa de la sanidad pública y hacer imposibles los modelos de gestión privada, persiguiendo los existentes hasta su total reversión».
En sus 22 hojas, la ACHPM advierte de la inseguridad jurídica que se generará si se aprueba dicha ley, mientras que menoscaba la competencia de las CC AA a la hora de gestionar la cartera sanitaria. Y es que, el Ministerio no tiene tampoco competencia para imponer el modelo de gestión a las Comunidades Autónomas. Además, lo hace en un momento en el que el bloque de la izquierda ha perdido la mayor parte del peso autonómico.
La normativa de Mónica García «persigue desmantelar el marco jurídico existente y de una forma especial, utilizando su misma expresión, sobre nuevas formas de gestión, sin establecer alternativas. Una norma que ha producido unos importantes resultados a lo largo de estos años, y que quiere sustituir por un régimen absolutamente desfasado y fuera de lugar, vigente hace más de 50 años, que van a llevar al colapso de la sanidad pública», advierte la asociación.
En este sentido, rompería toda la seguridad jurídica y pondría en riesgo millones de euros de inversión. «¿Quién invertiría en España con un modelo así?», reflexionan fuentes del sector consultadas por MONCLOA.
LA INVERSIÓN EN SANIDAD, EN EL AIRE POR LA LEY DE MÓNICA GARCÍA
Asimismo, para defender su postura, la ACHPM señala que el gasto sanitario total de España alcanza el 10,4% del PIB, mientras que la privada tiene un peso del 3,1%, es decir, cerca de 40.000 millones de euros. Asimismo, pese a tener un peso menor más de la mitad de los hospitales y el 32% de las camas está en manos privadas.
Con más datos, la Asociación pone de manifiesto que el 31% de las cirugías, el 24% de las altas y el 24% de las urgencias se registran en centros sanitarios privados, mientras que el 92% de las ambulancias operativas son privadas.
De esta forma, si la ley se materializa habrá fuertes repercusiones para todos los españoles, pero especialmente para los madrileños y aquellas zonas con mayor densidad de población. Y es que, la Sanidad pública comienza a ser un descarte para los médicos, que prefieren marchar antes a los centros privados, especialmente en atención primaria y más si el centro se sitúa en la denominada España vaciada, como le ha pasado a Extremadura.
Según los datos del INE, cerca del En España, de un total de 840 hospitales, 410 son de titularidad privada. Además, según datos del INE, hay registrados en España un total de 292.413 médicos y 336.321 enfermeras. El 23% de los primeros está adscrito a la sanidad privada, mientras lo están también el 25% de las enfermeras.
Con la normativa, se limitarán los conciertos, mientras las plazas hospitalarias no ascienden. De esta forma, los médicos y enfermeras tendrán que absorber la demanda de los centros privados, incrementándose las listas de espera. «Eliminar los conciertos es un grave error», advierten desde el sector.
Con los datos en la mano y en el caso de que la inversión sanitaria privada desapareciera, cerca de un tercio de la población de Madrid quedaría huérfana de atención sanitaria. Todo por el anhelo de hacer lo que las urnas lo impidieron, pero Mónica García prosigue en sus trece y sin dar su brazo a torcer. Madrid, no obstante, no suele rehuir de la batalla y la nueva ley podría dirimirse en los tribunales.
