Suena a broma, pero no lo es. Tras comprar las mascarillas a Soluciones de Gestión por valor de 24.200.000 euros, IVA incluido, Álvaro Sánchez Manzanares, secretario general de Puertos del Estado, escribía el 20 de marzo a las 20.40 horas, a su equipo, formado por varios especialistas en contratación del Estado: «Para vuestra tranquilidad, cuando el tema esté cerrado el anuncio lo va a realizar el Presidente del Gobierno». Entonces Aránzazu de Miguel, jefa del Departamento de Contratación, respondía: «Sólo espero no acabar en el fondo del Manzanares con una losa de hormigón en los pies…». Sánchez Manzanares escribía inmediatamente que «después de esto nos vamos a gestionar el cártel de Cali». Las conversaciones pertenecen a los mails que se cruzaban entre ellos y están recogidas en un nuevo informe entregado al juez de Instrucción 2 de la Audiencia Nacional que instruye la causa y al que ha tenido acceso MONCLOA.
El equipo encargado de realizar la compra de las mascarillas por parte del ministerio de José Luis Ábalos, el MITMA, claramente desconfiaba de que la empresa que iba a suministrar las mascarillas y de la intermediación de Koldo García y Víctor de Aldama. En una serie de correos electrónicos analizados por la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil se pone de manifiesto esta desconfianza y a pesar de la misma compraron las mascarillas. Los protagonistas de esos mails volcados ahora en un nuevo oficio son Koldo García, Víctor de Aldama, el Secretario General de Puertos del Estado, Álvaro Sanchez Manzanares, Aránzazu de Miguel, Jefa de Contratación del citado organismo, Gabriel Argüelles, Subdirector de Administración General y Belén Caballero, jefa del Departamento Jurídico.
En este nuevo informe de la UCO para el juez de la Audiencia Nacional que instruye el Caso Koldo y al que ha tenido acceso MONCLOA, se pone de manifiesto cómo es el MITMA de Ábalos el que obligaba a Puertos del Estado a contratar a Soluciones de Gestión la compra de mascarillas y no a otro proveedor. De hecho, por ejemplo, Aránzazu de Miguel se muestra crítica «a la hora de valorar la documentación que aporta la empresa Soluciones de Gestión. Cabe destacar que señala «la documentación remitida (certificados y escritura de constitución) está OK. Es una empresa enana» y Álvaro Sánchez le contesta que «claro, es una empresa de intermediación claramente»», según recoge la UCO en su informe.
En otro mail compartido por el mismo equipo, Álvaro Sánchez hace un comentario premonitorio el 21 de marzo de 2020: «dos anécdotas: el ministerio del Interior quiere contratar a la misma empresa. Dos, no tengo que deciros el sentimiento de profundo agradecimiento que tiene el Ministerio hacia Puertos del Estado». Para los investigadores el secretario general de Puertos «refiere el profundo agradecimiento que tiene el ministerio hacia Puertos del Estado, lo que refuerza el hecho de que ese expediente de compra era conocido por los más elevados niveles de decisión».
Finalmente, el 20 de abril de 2020 el Ministerio del Interior compró mascarillas a Soluciones de Gestión por un valor de 3.479.355 euros. «Teniendo en cuenta la fecha de ese contrato, 20 de abril de 2020, resulta llamativo que a fecha 21 de marzo de 2020, es decir, un mes antes, Soluciones de Gestión ya estuviera en comunicación con ese organismo», explican la UCO en el nuevo informe.
«ES EL INTERMEDIARIO, LA EMPRESA QUE NOS OFRECE MENOS FIABILIDAD EN TODA LA OPERACIÓN»
Además, los investigadores señalan que «el 22 de marzo de 2020 Álvaro Sánchez mandó un correo electrónico a un responsable de AENA donde en referencia a Soluciones de Gestión citaba «es el intermediario, la empresa que nos ofrece menos fiabilidad en toda la operación»». Además, el 25 y 26 de marzo de 2020 «se intercambiaron los siguientes correos electrónicos entre Sánchez y su equipo de trabajo donde puede inferirse su disconformidad con la forma de proceder del Ministerio en cuanto a la segunda adjudicación de compra de mascarillas. De hecho, se percibe que sienten alivio cuando finalmente se asigna a ADIF la contratación adicional», escribieron los investigadores.
Mientras ADIF comenzaba a dar los primeros pasos para contratar a Soluciones de Gestión entre la jefa de contratación de Puertos del Estado y Jesús María Campo, director general de negocio y operaciones comerciales de ADIF, se intercambiaron varios mails. Campo solicitaba asesoramiento en cuanto a la contratación que estaba prevista que el MITMA de Ábalos encargase a ADIF. Es significativo para los investigadores un mail de Aránzazu de Miguel a Campos: «Por favor, si tienes cualquier duda, cualquier problema, llámanos o escríbenos. Incluso si necesitas terapia de grupo (que la vas a necesitar, ya te lo digo) llámanos o teams».
LA DECISIÓN ERA DE KOLDO
La Guardia Civil tiene claro que la decisión de contratar no la tomó Puertos del Estado ni ADIF. Por eso recogen en su informe que «merecen especial atención aquellas comunicaciones que permiten deducir que la decisión de contratar con Soluciones fue adoptada a altos niveles de decisión en el MITMA» y añaden que «teniendo en cuenta lo anterior, el hecho que resulta verdaderamente relevante y que refuerza que la decisión de contratar con Soluciones fuera adoptada por el MITMA es que minutos más tarde Álvaro Sánchez manda un correo a Koldo García donde le comenta: «Koldo (…) nos ofrecen 8 millones, a 1,35 euros, plazo de entrega 7 días. Ya me dices». Además le adjunta la propuesta de suministro de una tercera mercantil».
Para la UCO la cadena de mando estaba clara: «Álvaro (…) espera la contestación de Koldo para saber cómo proceder, relegando el poder de decisión de contratar Soluciones a Koldo. (…) Al igual resulta relevante que Sánchez reenviase esa propuesta a Koldo, también debe citarse que Sánchez remitió a Aldama la misma oferta escribiendo en el cuerpo del mensaje «sólo para tu información Víctor»». Es decir, que de alguna manera Puertos del Estado «conocía el papel protagonista de Aldama en las pretendidas adjudicaciones públicas», según la Guardia Civil.
