Juan Carlos Peinado, titular del juzgado de Instrucción número 41 de Madrid, solicitó hace unos días a la Policía Nacional que le remitiese «a la mayor brevedad posible una copia autenticada y de tamaño legible y visible del DNI de Begoña Gómez», esposa del presidente Pedro Sánchez y querellada en un caso de corrupción.
La petición no es inusual, pero tampoco es frecuente que un instructor solicite el DNI de un querellado o investigado, máxime cuando es un dato que debería figurar en el informe elaborado por petición suya por la Unidad Central Orgánica (UCO) de la Guardia Civil. Algunas fuentes sostienen que el juez pedirá, si no lo ha hecho ya, una práctica pericial para confirmar o desmentir que la firma de Begoña Gómez en esos contratos sea real. Mientras tanto, su abogado Antonio Camacho, ya ha pedido que se retrasen varias declaraciones previstas para el próximo 6 de junio, en concreto la de altos cargos de Red.es, pero se mantiene la del empresario Carlos Barrabés, presunto beneficiado con dos contratos del Estado, aunque es bastante posible que esta declaración pueda no producirse, pues Barrabés está internado en un hospital desde hace unos días aquejado de una grave enfermedad,
Por tanto, la petición del juez de una «copia autenticada y de tamaño legible» no es casual, ya que según confirman estas mismas fuentes a Moncloa.com el magistrado pudiera solicitar la práctica de una diligencia relativa a la firma de Begoña Gómez en su DNI y en las dos declaraciones de interés firmadas supuestamente por ella, que habrían facilitaron la concesión de al menos dos contratos para la firma Innova Next del empresario Carlos Barrabés. El juez Peinado instruye la causa con pies de plomo, máxime después de que una informe de la UCO no apreciase indicios de delito en el comportamiento profesional de Gómez.
La empresa de Barrabés, que sí está llamado a declara el próximo 7 de junio, financió un máster en Transformación Social Competitiva en la Universidad Complutense de Madrid, dirigido por Begoña Gómez, y ganó dos concursos públicos por un total de 10,2 millones de euros otorgados por la empresa Red.es, un organismo público dependiente del Ministerio para la Transfomación Digital, dirigido por José Luis Escrivá, para los que presentó sendas cartas de recomendación firmadas por Gómez.
EL ABOGADO DE BEGOÑA GÓMEZ HA PEDIDO RETRASAR LA DECLARACIÓN DE BARRABÉS
Con la firma de Begoña Gómez en su DNI el juez puede solicitar un peritaje caligráfico a la unidad de Policía Científica de la Policía Nacional o al Servicio de Criminalística de la Guardia Civil o a otro perito judicial que no dependiese de ninguno de los dos cuerpos. Se trataría de comparar los trazos del DNI con las firmas de las cartas de recomendación que presentó la UTE de la que formaba parte la sociedad de Barrabés y encontrar, si las hubiera, similitudes.
ACOTAR EL INTERROGATORIO ANTES DE LLAMAR A BEGOÑA GÓMEZ
De esa manera, el juez instructor intenta atar todos los cabos posibles y tener acotado el futuro interrogatorio antes de llamar a Begoña Gómez a declarar, algo que ocurrirá antes o después por una cuestión procesal, el juez no puede archivar el caso sin escuchar antes el testimonio de la querellada, a riesgo de que la Audiencia Provincial de Madrid le requiera para que lo haga.
El Juzgado de Instrucción nº 41 de Madrid en el marco de las diligencias previas incoadas por un presunto delito de corrupción en el sector privado y tráfico de influencias, citó a declarar en calidad de testigos el 6 de junio, a partir de las 11:15 horas de la mañana, al economista y abogado Luis Antonio Martín Bernardos que representaba a Innova Next, la empresa adjudicataria de los contratos; David Mateo Cerco Jiménez de Parga y Alberto Martínez Lacambra, cargos de Red.es, la empresa pública que otorgó los mismos; Ignacio Espejo Saavedra Hernández, director Adjunto de la Asesoría Jurídica y Delegado de protección de datos de Red.es y a Luis Prieto Cuerdo, director de Economía digital de este mismo organismo. El día siguiente, 7 de junio, a las 9:30 horas, ha llamado a declarar también en calidad de testigo al empresario Juan Carlos Barrabés Cónsul, beneficiado por los contratos del Estado. El abogado de Gómez ha pedido que las declaraciones del día 5 se pasen a otra fecha porque tiene un juicio ese día y es posible que el abogado de Barrabés también lo pida teniendo en cuenta el estado de salud de su defendido.
Hasta el momento todas las personas que ha interrogado el juez lo han hecho en calidad de testigos, aunque esa calificación puede variar y pasar a investigados o imputados, dependiendo de su declaración. En cualquier caso, el juez puede solicitar las diligencias que estime necesarias, entre ellas la prueba de una pericial caligráfica.
DENUNCIAS CONTRA BEGOÑA GÓMEZ
El sindicato Manos Limpias denunció a Begoña Gómez por haber firmado dos cartas de recomendación para la empresa Innova Next, del empresario Carlos Barrabés, que acudía en UTE junto a la empresa The Valley para adjudicarse dos contratos de Red.es, dependiente del Ministerio para la Transformación Digital. Los denunciantes se apoyaban en las informaciones periodísticas publicadas por El Confidencial sobre estos contratos.
Unas semanas después de que el juez decidiese admitir la querella e incoar diligencias previas el mismo sindicato ampliaba la denuncia contra Begoña Gómez, esposa de Pedro Sánchez, ante el juzgado de Instrucción número 41 de Madrid. Según explicaba entonces Miguel Bernard, secretario general de esta organización, en esta ocasión se aportan información propia elaborada por el sindicato en relación a los suscritos por el empresario Carlos Barrabés, pero también al rescate millonario del holding Air Europa (Globalia).
Además el sindicato pidió los contactos o llamadas telefónicas de Begoña Gómez a Javier Hidalgo, empresario de Globalia, a Carlos Barrabés, propietario de una de las empresas favorecidas con contratos públicos, y a Víctor de Aldama, empresario también investigado dentro del Caso Koldo por haber ejercido, presuntamente, de intermediario en los contratos suscritos por esta trama.
Miguel Bernard explicó entonces que la nueva denuncia se centraba en Globalia, pero «hay un punto de inflexión y podemos demostrar que el presidente estaría presuntamente implicado porque aprobó la concesión de esas ayudas sin el informe legal oportuno, primero 475 millones de euros y luego otros 320 millones, sin el aval de Europa, ya que trocearon los contratos por debajo de los 250 millones preceptivos para no informar al Consejo de Europa», explicó entonces en rueda de Prensa.
EL MÓVIL DE BEGOÑA GÓMEZ
Según esta ampliación de denuncia, la petición de estas llamadas telefónicas desde Moncloa y desde el móvil particular de Gómez estarían destinada a probar las supuestas reuniones entre Begoña Gómez y los beneficiados por estos contratos y subvenciones antes de su concesión, de manera que «la sombra del Consejo de Ministros planea sobre Globalia», ha llegado a afirmar Bernard.
La primera denuncia se presentó el 9 de abril recopilando numerosos recortes de prensa en los que se daba cuenta de los negocios de la esposa del presidente mientras estuvo contratada por el África Center del Instituto de Empresa y Manos Limpias amplió la denuncia el 26 de abril aportando los contratos del Estado suscritos por el empresario Carlos Barrabés a través de la sociedad Innova Next, en total fueron seis contratos por unos 18,5 millones de euros.
El 1 de mayo se amplió esta denuncia con la petición de estos registros telefónicos y el pasado 3 de mayo se amplió de nuevo la denuncia en base a la primera, porque para Bernard «Sánchez tuvo que ser presuntamente cooperador necesario de los negocios de su esposa y encubridor».
MANOS LIMPIAS CREE QUE SÁNCHEZ «TENÍA QUE CONOCER LOS NEGOCIOS DE SU ESPOSA BEGOÑA GÓMEZ»
El secretario general de Manos Limpias no dio detalles sobre estas acusaciones, aunque sí especificó que no acusaban directamente al presidente del Gobierno, pero «él tenía que conocer los negocios de su esposa y debió inhibirse en las decisiones del Consejo de ministros sobre el rescate de Globalia», sostuvo.
