Miguel Ángel García será el encargado de anunciar la adjudicación de la Ciudad de la Justicia de Madrid, el sempiterno proyecto que no terminaba de concretarse ni materializarse. La Consejería ha activado todo el protocolo para llevar a cabo el desarrollo de la Ciudad de la Justicia, con una inversión de 677,58 millones de euros hasta 2028, 48 meses. El inicio de las obras comenzarán entre enero y junio del próximo año, pero ahora solo falta conocer la adjudicataria o adjudicatarias del proyecto.
Miguel Ángel García ha dado orden de que ningún político entre a valorar las diferentes propuestas. Como buen tecnócrata y conocedor de las adjudicaciones públicas, y más en un proyecto que ha estado envuelto en líos judiciales y la polémica, el consejero de Justicia ha optado por un equipo de expertos y un grupo de funcionarios para tomar la decisión. Se trata así de mostrar un proceso completamente transparente, sin perjuicios ni prejuicios, ni tampoco dejar entrever un posible trato de favores.
GARCÍA APLICA LA TRADICIÓN EN LA ADJUDICACIÓN DE LA CIUDAD DE LA JUSTICIA
García, licenciado en periodismo y experto en gestión pública, no ha dejado cabo suelto en esta importante adjudicación. «Son muchos ojos los que están encima y un error sería fatal, por pequeño que fuera», puntualizan fuentes conocedoras del proyecto consultadas por MONCLOA. No ha dejado nada al azar y para evitar suspicacias, el consejero de Justicia opta por un concurso a la vieja usanza, por precio y por calidad. Todo con el fin de obtener un mejor respaldo y poder asegurar que ha ganado la mejor opción.
CINCO EMPRESAS PARA CASI 700 M€
La elección se centra en las ofertas de varias uniones de empresas, como la conformada por Dragados y Acciona; San José y Avintia; OHLA; y Ferrovial y FCC con Sacyr. La mayoría opta por hacerse con todo el concurso, dividido en dos lotes, con el primero como el más importante en edificios, pero no en montante.
El lote 1 de la adjudicación incluye la construcción de un aparcamiento público, los edificios del TSJ y audiencias provinciales por un precio de 201,8 millones de euros sin IVA. Para el Lote 2, se han adjudicado la jurisdicción civil, penal y fiscalía por un importe de 475,78 millones.
El modelo de Miguel Ángel García pasa por la construcción para el sector privado, pero manteniendo la gestión en el perímetro de la Comunidad de Madrid. Es decir, una gestión más propia de la vieja escuela con el fin de conocer todos los entresijos de los servicios auxiliares y demás personal no funcionario que deberá trabajar en los edificios. Se trata de un modelo más eficiente y seguro.
LA CIUDAD DE LA JUSTICIA, UN RECORTE DE 2.000 M€
En concursos anteriores se dejaba la gestión a los ganadores del concurso, obteniendo así un mayor beneficio económico. De esta forma, la Consejería de Justicia recortará gastos que no iban a suponer una mayor creación de empleo. Así, Madrid abonará la inversión por los lotes.
Con esta nueva edificación se reforzará, además, el barrio de Valdebebas, donde girará el próximo Gran Premio de Fórmula 1. En este sentido, Madrid contará con 27 edificios que serán desalojados y por los que la Comunidad paga alquiler, son todas las que alberga ahora toda la justicia madrileña, que podrían servir para otros fines.
En total, habrá una decena de nuevas sedes repartidos en 132.000 metros, sin contar con las alturas, que elevarán la superficie a 236.000. De esta forma, la Ciudad de la Justicia ocupará un 50% más, pero contando también todas las zonas de aparcamiento.
El ahorro con esta construcción es de unos 40 millones de euros anuales, lo que paga ahora la Comunidad por alquileres. Todo ello, para que en los próximos meses se adjudiquen las propuestas y se ponga en marcha el proyecto en el inicio del próximo año.
Ni la Audiencia Nacional ni el Tribunal Supremo ni el Registro Civil están incluidos en este proyecto, que dispondrá de sus correspondientes zonas verdes. Según los cálculos de la Comunidad de Madrid, el proyecto dará un servicio a más de 30.000 personas. Todo el proyecto ahorrará a las arcas públicas cerca de 2.000 millones de euros en los próximos 40 años, y es que a los alquileres se le suma también los costes propios de los edificios -subidas de alquiler, electricidad, centralitas telefónicas, agua, así como la limpieza y mantenimiento, entre otros-. Los nuevos edificios contarán, además, con placas solares y grandes cubiertas de cristal.
