El sindicato Manos Limpias ultima una querella por tráfico de influencias contra Begoña Gómez, esposa del presidente del Gobierno Pedro Sánchez. Lo hace en base al troceo de subvenciones a empresas del Grupo Globalia de la familia Hidalgo por parte del Estado.
La Unidad Central Orgánica (UCO) de la Guardia Civil ya estudia los datos aportados al juez instructor tras la labor de investigación llevada a cabo por los denunciantes y tras el encargo recibido por el juez instructor del Juzgado número 41 de Madrid. Según los denunciantes, el consejo de ministros presidido por Pedro Sánchez aprobó la concesión de varias ayudas millonarias al emporio Air Europa (Globalia) sin que se cumpliesen los requisitos previstos por la ley y presuntamente el desencadenante habría sido la amistad de la esposa del presidente con Javier Hidalgo, CEO de Globalia.
Los investigadores de la UCO ya estudian los contratos aportados por los denunciantes y se fijan en las consideraciones aportadas al juez de Instrucción número 41 de Madrid que admitió en abril de este año la primera denuncia contra Begoña Gómez por tráfico de influencias. Según los denunciantes, el Gobierno aprobó ayudas de 475 millones, primero, y 320 millones de euros después a Globalia de manera presuntamente irregular.
Hay que recordar que Javier Hidalgo, CEO del Grupo Globalia, patrocinó un premio del IE África Center, que dirigía Begoña Gómez, a través de la empresa Wakalua del mismo grupo, para reconocer a las mejores startups del turismo africano. Esos premios fueron también apoyados por Zurab Pololiskashvili, secretario general de la Organización Mundial de Turismo, con sede en Madrid.
Por eso la semana pasada Manos Limpias pidió al juez que practicase la diligencia de obtener el listado de llamadas telefónicas de Begoña Gómez a Javier Hidalgo. Los mismos denunciantes aseguraron que transformarán la denuncia inicial en querella «donde ya incluiremos a querellados como Begoña Gómez y Javier Hidalgo (Globalia)», aseguraron.
IRREGULARIDADES Y SIN LA SEPI
Para encontrar las presuntas irregularidades del Gobierno de Sánchez en la concesión de estos créditos hay que acudir a la orden PCM/679/2020, de 23 de julio, donde se fijaron los requisitos de debían cumplir los beneficiarios de las ayudas provenientes del «Fondo de Apoyo para la Solvencia de Empresas Estratégicas», dotado con 10.000 millones de euros y gestionado a través de la Sociedad Estatal de Participaciones Industriales (SEPI) y de su presidente, además de por representantes de Economía, Hacienda, Industria y Energía. Cuando se concedieron las ayudas la SEPI tenía vacante su presidencia.
Además, la decisión SA.57659 de la Comisión Europea, de 31 de julio de 2020, junto a la orden previa, obligaban a que las ayudas superiores a 250 millones de euros deberían ser notificadas a la Comisión Europea. Según Manos Limpias, el Gobierno de España incumplió esta obligación en el caso de las ayudas de 475 millones y 320 millones, respectivamente, otorgadas a empresas del Grupo Globalia.
El 29 de julio de 2020 el Congreso de los Diputados emitió un dictamen titulado «Conclusiones para la reconstrucción social y económica» elaborado por el Ejecutivo y que recogía los nuevos requisitos para que las empresas pudiesen beneficiarse de estas ayudas. Entre estos, algunos consistían en que las empresas beneficiarias estuviesen vinculadas a condiciones ecológicas, al cumplimiento del acuerdo climático de París y a cerrar la brecha salarial entre hombres y mujeres. Pero tras la concesión de este dinero al grupo Globalia el partido político Más País-Equo interpeló al Ejecutivo en el Congreso al entender que Globalia incumplía estos requisitos.
MÁS PAÍS-EQUO INTERPELÓ AL EJECUTIVO EN EL CONGRESO SOBRE ESTAS AYUDAS
LOS RESCATES DEL CONSEJO DE MINISTROS A GLOBALIA
El Consejo de Ministros, presidido por Pedro Sánchez, aprobó el 3 de noviembre de 2020 el primer destino de estos fondos y resultaron beneficiados Air Europa Holding SLU, Air Europa Líneas Aéreas SAU y Aeronova SLU. El importe resultó ser de 475 millones repartidos en dos créditos de 249 y 235 millones de euros, respectivamente. Para los denunciantes «se hizo así para evitar el control de la Comisión Europea». Esta circunstancia ya ha sido denunciada ante la Fiscalía europea, pero la UCO también investiga estas concesiones.
Ese dinero fue transferido por el Ministerio de Hacienda a Air Europa Holding SLU. Esta empresa fue constituida el 13 de noviembre de 2019 con apenas 3.000 euros de capital. Los denunciantes aseguran que «nos parece de una ilegalidad absoluta que una sociedad que cuenta con menos de un año de vida se pueda acoger a un préstamo de tal envergadura». Manos Limpias argumenta que el artículo 2.17 del Real Decreto Ley 25/2020, de 3 de julio de 2020, «dejaba todo atado y bien atado para que el consejo de ministros pudiera repartir a su antojo y sin control alguno los 10.000 millones de euros del Fondo».
ÁVORIS Y GLOBALIA
El citado articulo 2.17 recoge que «los datos, documentos e informaciones que obren en poder del Consejo Gestor y de SEPI en virtud de las funciones que le encomienda este real decreto-ley tendrán carácter reservado y, con las excepciones previstas en la normativa vigente, no podrán ser divulgados a ninguna persona o autoridad, ni utilizados con finalidades distintas de aquellas para las que fueron obtenidos.
Quedarán también obligadas a guardar secreto y a no utilizar la información recibida con finalidades distintas de aquella para la que les sea suministrada los auditores de cuentas, asesores legales y demás expertos independientes que puedan ser designados por el Consejo Gestor y por SEPI en relación con el cumplimiento de las funciones que tienen legalmente atribuidas. Este carácter reservado cesará desde el momento en que los interesados hagan públicos los hechos a los que los datos, documentos e informaciones se refieren».
La UCO de Guardia Civil tendrá que investigar esta denuncia y también los datos aportados sobre Ávoris, empresa resultante de la integración de Barceló y Globalia, aunque la familia Hidalgo vendió en octubre de 2022 su participación. Pero antes, el 16 de marzo de 2021 tras el acuerdo del Consejo de Ministros Ávoris fue beneficiada con ayudas por 320 millones de euros. Según los mismos denunciantes, esta ayuda fue fraccionada en dos créditos de 163,2 millones y 156,8 millones de euros y también se habría incumplido la obligación de dar cuenta de esta operación a la Comisión Europea y por tanto, también ha sido denunciado el reparto de estos fondos.
