El pasado lunes comparecía Salvador Illa, ex ministro de Sanidad del gobierno de Pedro Sánchez durante la pandemia del Covid 19, para dar explicaciones sobre la gestión del Instituto de Gestion Sanitaria (Ingesa) que dependía de su ministerio, en la compra de mascarillas a la trama Koldo, en concreto a la UTE que formaron Ferrovial Servicios y Soluciones de Gestión y Apoyo Empresarial, la empresa para la que presuntamente Koldo García consiguió varios contratos con la Administración para la compra de mascarillas y que investiga la UCO de Guardia Civil por orden de la Audiencia Nacional.
Después de tres años y cuatro meses nadie es capaz de afirmar con certeza si el ministerio de Sanidad de Salvador Illa contrató dos lotes del megacontrato que adjudicó en diciembre de 2020 por 2.578.739.505,65 euros en 11 lotes a decenas de empresas para la adquisición de material sanitario destinado a repartirse supuestamente por las comunidades autónomas para luchar contra la pandemia.
ILLA Y SUS AFIRMACIONES CONTRADICTORIAS
Nadie, o casi nadie, porque lo cierto es que la Unidad Central Operativa (UCO) de Guardia Civil, la Fiscalía Especial contra la Corrupción y la Criminalidad Organizada y la AEAT, Agencia Tributaria, recogen este contrato en sus informes para la Audiencia Nacional y todos refieren que fue imposible saber el precio que supusieron, pero Illa sostiene que ese contrato jamás se llevó a término.
Esta Unión Temporal de Empresas (UTE) formada por Ferrovial Servicios junto a Soluciones de Gestión, en el epicentro de la trama, sí aparece en varias ocasiones en el sumario del Caso Koldo. Lo hace cuando los investigadores de la UCO nombran todos los contratos a los que accedió la trama, incluso dedicaron un informe de 17 folios sólo a analizar este contrato que según explicó el ex ministro en el Congreso nunca llegó a ver la luz.
LA GUARDIA CIVIL MIRA CON LUPA EL CONTRATADO DE ILLA
Según la Guardia Civil, fue Víctor de Aldama a través de MTM 180 Capital S.L. quien «puso en contacto a Soluciones de Gestión con Ferrovial, con quien mantiene una relación previa y ambas sociedades constituyeron una UTE que resultó adjudicataria de un concurso de adjudicación de lotes de Ingesa».
Lo cierto es que no hay rastro de la cuantía de este contrato ni en el Boletín Oficial del Estado (BOE) ni en la Plataforma de Contratación. El contrato licitado por el Instituto Nacional de Gestión Sanitaria (INGESA) del ministerio de Sanidad, cuyo titular entonces era Salvador Illa, con la trama Koldo es poco más que un ente abstracto cuyo coste se desconoce y cuya cuantía nadie preguntó al ministro durante su comparecencia, ni siquiera los diputados de la oposición.
Sólo se sabe el coste por unidad de cada mascarilla ofertada. El expediente AM 2020/070 se formalizó en noviembre de 2020 y cientos de proveedores nacionales y extranjeros acudieron a la llamada del ministerio de Illa, que ofertó la friolera de 2.578.729.505,65 euros -más de 2.578 millones- para proteger a España de la pandemia. A dos de los 11 lotes en que se dividió la adjudicación acudió Soluciones de Gestión, el lote 8 y 9. Sin embargo, extrañamente la documentación de la Plataforma de Contratación del Sector Público no recoge en la adjudicación estos lotes, inexplicablemente se salta del lote 4 al lote 10, dejando cinco lotes, entre ellos el 8 y el 9, sin explicar. Nada tendría de especial si nunca hubiesen constado, pero hasta hace unas semanas sí era posible ver el nombre de Soluciones de Gestión en esos contratos tal y como demuestra hoy MONCLOA.
La oferta del Ingesa se dividió en 11 lotes, que a su vez se subdividieron en 113 contratos. Soluciones de Gestión y Apoyo a Empresas SL acudió en una UTE (Unión Temporal de Empresas) junto a Ferrovial Servicios SAU. Resultaron adjudicatarios de dos de estos lotes, en concreto en el lote 8 y 9 con el contrato 70.74.
«El 19 de julio de 2022 se dio cumplimiento a dicho requeremiento (de la UCO al Ingesa), que fue atendido por María Belén Hernando Galán (directora del Ingesa), que accediendo a cumplimentar lo solicitado, proporciona instrucciones precisas a Javier López López (Subdirector General de Gestión Económica y Recursos Humanos) para que aporte a los agentes actuantes en un pendrive de 32 GB la documentación siguiente (…)», según recogen los agentes en el informe que elaboraron tras el estudio de la documentación.
En los anexos de esos contratos y en concreto, «según consta en el Anexo V, los productos objeto de licitación son 52.478.760 unidades y 20.340.998 unidades de mascarillas de protección equivalentes a FFP2 y FFP3 respectivamente, cuyos precios unitarios sin IVA son 2,9006 € y 4 €, haciendo un total de 152.219.891,26 y 81.363.992 € respectivamente», según el sumario. En el primero de los casos, cada mascarilla costaba al ministerio de Sanidad 1,37 euros y las FFP3 salían a 2,53 euros. En ambos casos, impuestos incluidos. Pero no se sabe cuántas se compraron.
«No obstante a lo anterior, se produce una disminución del precio unitario de mascarillas referente al lote 8 a 0,90 € tal y como viene recogido en el documento «21 05 10 Firma Resolución Incl y BajadaPrecio UTE Ferrovial Lote 8.pdf», donde la propia UTE solicita la inclusión de un nuevo producto en el Lote 8 (adjudicado), al haberse producido un cambio de fabricante», según el mismo informe de la UCO. Es decir, mucha información y muchos requisitos cumpkidos para una compra que, según el ex ministro Salvador Illa, nunca se realizó. Todos los documentos en «sobres» eran firmados por José Ángel Escorial como representante de Soluciones de Gestión y especifican en su informe para la Audiencia que «la persona que figura como contacto comercial no se corresponde con personal de Soluciones de Gestión ni de Ferrovial Servicios», algo que causó también extrañeza a los investigadores, ya que «la persona de contacto es el responsable de una empresa dedicada al transporte, logística, cadena de suministro y almacenamiento localizada en Vigo, Pontevedra». Lo que sí parece al menos demostrado es que Soluciones de Gestión sí le vendió 70.000 mascarillas a Ferrovial por 136.500 € el 1 de junio de 2020.
CONCLUSIONES DE LA GUARDIA CIVIL
Las conclusiones fueron que «el procedimiento de licitación al que ha accedido la UTE Ferrovial Servicios SAU y Soluciones de Apoyo y Gestión a Empresas habría seguido los cauces reglados por la Administración». El único pero que pusieron los investigadores fue que en un correo electrónico el representante respondió al Ingesa que «desde la UTE de Ferrovial les confirmamos que no hemos recibido pedido firme, aunque sí una solicitud de información acerca de plazos y características de la comunidad de Madrid, Cataluña, Castilla-La Mancha y del ministerio de Defensa».
No se entiende entonces la retirada de estos lotes del documento de adjudicación, al que bastaría añadir un «no adjudicado» si así fuera, porque la retirada sin explicación de esos lotes despiertan más dudas que certezas.
La adjudicación ya se publicó en la Plataforma de Contratación del Estado el 30 de noviembre de 2020 y en el BOE el 8 de enero de 2021, pero nadie logró cuantificar el gasto que esa adjudicación supuso. Si lo cierto es tal y como ha contado Salvador Illa que nunca se contrató con esa empresa porque se reunió uno de los responsables del Ingesa con Koldo García Izaguirre en al menos una ocasión.
OTROS CONTRATOS RASTREADOS
Sin embargo, el resto de los nueve contratos investigados por la Audiencia Nacional tiene perfectamente trazado el recorrido administrativo, el precio desembolsado por ellos y las unidades de mascarillas servidas en cada caso. Hay que recordar que hasta tres altos cargos del Ingesa estuvieron imputados en una causa por prevaricación, malversación de fondos y caudales públicos y fraude en la adjudicación de contratos Covid.
Fueron el director del Ingesa, la directora de Racionalización y Centralización de la Contratación y la directora general de Cartera Común del Servicio del Sistema de Salud y Farmacia. En mayo de 2023, un juzgado de Madrid archivó la querella contra los tres tras pedirlo la Fiscalía e investigar 13 contratos sospechosos del centenar existente, ninguno de ellos el relativo a la trama Koldo.
En aquella ocasión se acusaba a Illa de haber adquirido material contra el Covid en China, mascarillas, trajes EPI y geles hidroalcohólicos. a empresas sin domicilio social aparente y a un coste exageradamente sobredimensionado, a pesar del aumento de los precios por la pandemia.
