La Comisión Europea tumba en un informe la reforma de las pensiones de José Luis Escrivá. Las consecuencias de los cambios producidos por el exministro de la Seguridad Social provocarán enormes desequilibrios en el sistema de las pensiones en 2070, con un aumento del gasto del 3,6% del PIB. Así lo asegura el informe anual del envejecimiento publicado por Bruselas, en el que ha participado el Ministerio de Transformación Digital y Asuntos Económicos, dirigido ahora por el propio Escrivá.
Las modificaciones aplicadas e implementadas por la reforma de las pensiones disparan el gasto en más de 75.000 millones de euros, el 5% del PIB actual. Cabe señalar que el gasto en pensiones se ha disparado desde la llegada de Pedro Sánchez hasta niveles récord, por encima de los 12.300 millones de euros mensuales. De hecho, ante estas cifras alarmantes, la Comisión Europea emplaza al Gobierno a retirar al menos una mensualidad para los jubilados.
De esta forma, la Comisión Europea enmienda la reforma de las pensiones, así como el propio presupuesto de la Seguridad Social, incluyendo las medidas implementadas de marzo del pasado año, cuando la base de cotización se disparó un 8,6% en un año, hasta alcanzar los 4.495,5 euros mensuales -53.946 euros anuales-, con una revalorización del 8,5% respecto al 2022, hasta los 3.058,81 euros mensuales, es decir, 42.823,34 euros anuales, según el decreto aprobado.
BRUSELAS INSTA A SÁNCHEZ A RECORTAR UNA MENSUALIDAD EN LAS PENSIONES
En la misma medida se endureció el mecanismo de equidad intergeneracional, eliminando el límite de las bases máximas y metiendo con calzador la cuota de solidaridad, que entra en vigor el próximo 2025 -un 0,92% de cotización adicional para la parte de salario comprendida entre la base máxima y un 10% superior a esa base máxima; el 1% para el tramo del 10,1% superior de la base máxima hasta el 50%; y del 1,17% para el resto por encima del 50%.
Todo ello conllevará importantes desequilibrios en el sistema, aumentando el gasto público de las pensiones que se comen más de 12.300 millones al mes, en catorce pagas, es decir, más de 175.000 millones de euros anuales y en aumento. El problema es de dónde saldrá el dinero porque la fuerza laboral caerá entre estas décadas en más de tres millones de personas. Según las estimaciones, 3.028.000 personas; con 4,432 millones menos de personas en edad de trabajar, según el Ageing Report 2024.
Así las cosas, España sufragará el gasto en pensiones con el 14,3% del PIB, pero que aumentará al 17,3% en 2050. En 2070, el horizonte del estudio, bajará al 16,7% del PIB. Estas previsiones empeoran las estimaciones del propio Gobierno, con un límite máximo del 15,1% en 2050. Por este motivo se exigen ajustes de calado, en concreto eliminar una nómina en las pensiones, un recorte que provocará un terremoto al ser uno de los principales colectivos beneficiados por la subida de salarios con la inflación. No obstante, la Bruselas considera que España será uno de los países donde los mayores de 70 seguirán trabajando.
España será uno de los países donde los mayores de 70 seguirán trabajando
El déficit dejado por la reforma de Escrivá alcanza el 2,6% del PIB, es decir unos 39.000 millones de euros. Con estos cálculos, no habrá más remedio que recortar esos 12.000 millones, tal y como apuntaron también la Autoridad Independiente y el propio Banco de España. Para cubrirlo, el Gobierno extraerá de las nóminas de los empleados el 1,2%, en concepto de la cláusula de salvaguarda.
Además, el informe pone de manifiesto que España es el peor parado si se comparan las estimaciones de Bruselas y del propio del Gobierno. En este sentido, señala que el gasto de pensiones subirá el 3,6% del PIB por la eliminación del factor de estabilidad y la revalorización de las pensiones con la inflación. A pesar del incremento de la edad para poder jubilarse, la brecha es demasiado grande como para cubrirla con esta medida.
LA SUBIDA DE LAS PENSIONES AL IPC PERJUDICA AL SISTEMA
«las principales fuerzas impulsoras de esta presión al alza sobre el gasto público en pensiones son la nueva regla de indexación basada en el IPC y la abolición del factor de sostenibilidad. El nuevo sistema de bonificación/penalización y el consiguiente aumento de la edad efectiva de jubilación compensa parcialmente esta subida. El resto de medidas adoptadas incrementan el gasto en pensiones públicas».
«La forma en que los países financian sus sistemas de pensiones difiere, con grandes variaciones en la medida en que las contribuciones son suficientes para cubrir los gastos. Los sistemas relacionados con el empleo suelen financiarse con contribuciones obligatorias de los trabajadores y los empleadores», destaca la Comisión.
«La mayoría de los planes de pensiones públicos funcionan con un sistema de reparto, en el que las contribuciones actuales financian los beneficios actuales. Sin embargo, las autoridades públicas suelen participar en la financiación de planes relacionados con el empleo», han señalado. En este sentido, «podría tomar la forma de una asignación fija de los ingresos del gobierno general, una tasa de contribución fija o un subsidio para cubrir los déficits dentro del sistema de pensiones».
Así recuerda que en algunos casos, el Gobierno paga las cotizaciones de los trabajadores con salarios bajos y que las pensiones mínimas garantizadas generalmente están cubiertas por recursos del gobierno general. «Algunos planes de pensiones predominantemente de reparto -Finlandia y Luxemburgo- tienen requisitos legales para la prefinanciación parcial. En vista del aumento del gasto en pensiones, «varios países también han creado fondos de reserva para sus planes públicos de pensiones (por ejemplo, España y Portugal)», indica.
