Sumar pregunta al Gobierno si tiene pensado aplicar medidas para otorgar permisos de residencia por arraigo laboral a solicitantes de asilo que trabajan en el país mientras se resuelve su petición.
Así lo trasladada la portavoz adjunta del grupo plurinacional, Aina Vidal, mediante una serie de preguntas parlamentarias sobre las repercusiones de una sentencia del Tribunal Supremo de este año, que confirmaba la decisión de la administración rechazar la concesión de residencia por arraigo laboral a un particular que a su vez era solicitante de asilo.
Para Vidal, esta resolución puede tener «graves consecuencias» para solicitudes de residencia por arraigo laboral de demandantes de asilo y alude a que este pasado 11 de abril tuvieron conocimiento de que oficinas de extranjería están denegando estas peticiones.
En sus iniciativas, la diputada alerta de que para el Supremo el solicitante de asilo no está en situación irregular y dispone de algunos derechos, pero su situación no es compatible con el arraigo laboral.
Y que el tiempo trabajado, bajo esta resolución, no computará para poder reclamar cotizaciones u otros derechos.
ESPAÑA, INFRADOTADA DE RECURSOS PARA LA TRAMITACIÓN
También expone que desde hace años España ha «infradotado» de recursos a su administración para la tramitación de solicitudes, en relación a la residencia o al asilo, lo que ha derivado de «enormes periodos de espera» para refugiados y migrantes que se enfrentaban a «una maquinaria burocrática poco engrasada».
«Esta sentencia del Tribunal Supremo deja la figura del arraigo laboral en una situación residual y aumenta la vulnerabilidad de las personas solicitantes de asilo. No está de más recordar que un solicitante de asilo sale de su país porque teme una persecución por motivos de raza, religión, nacionalidad, grupo social o por opiniones políticas entre otros motivos», ahonda Vidal.
Por tanto, la también dirigente de los ‘comunes’ solicita al Ejecutivo que informe de si contempla una iniciativa para otorgar la residencia o estancia legal a demandantes de asilo mientras se resuelven sus solicitudes, además de desglosar cuántas peticiones bajo la figura de arraigo laboral ha otorgado el Ejecutivo en los últimos cinco años.
«¿Considera el gobierno razonable que una persona que, de facto, ha trabajado y cotizado en nuestro país no pueda beneficiarse de sus cotizaciones?», pregunta la diputada para pedir, además, si el Ejecutivo piensa reconocer de algún modo las contribuciones a la seguridad social realizadas por los solicitantes de asilo o incrementará los recursos para evaluar más rápido los expedientes de asilo.
