La exalcaldesa socialista de Móstoles, Noelia Posse, se encuentra en el centro de la tormenta una vez más, luego de que la Fiscalía presentara un escrito de acusación en su contra por su presunta implicación en el Caso ITV. Este escándalo de corrupción ha generado una solicitud de 12 años de inhabilitación para Posse, así como para su antiguo equipo de Gobierno y el secretario municipal, Francisco Javier Tornero.
El caso gira en torno al perdón de una deuda de 2,5 millones de euros otorgada por el Ayuntamiento de Móstoles a una empresa de ITV durante el mandato de Posse. La acusación de prevaricación ha sacudido los cimientos políticos de la localidad y ha dejado en entredicho la gestión de la exalcaldesa y su equipo.
A pesar de la grave acusación, Posse continúa aferrándose a su asiento como concejal del Consistorio de Móstoles, además de desempeñar roles importantes como portavoz del Grupo Municipal Socialista y presidenta del partido en la localidad. Sin embargo, la sombra de la investigación legal pesa sobre ella y sus compañeros de partido.
La petición de inhabilitación también afectaría a otros miembros destacados del PSOE en Móstoles, incluyendo a David Muñoz, concejal y secretario de organización del partido, así como a Alejandro Martín, secretario general, y las concejalas Rebeca Prieto y Marisa Ruiz.
El caso ha generado un ambiente de incertidumbre política en Móstoles y ha puesto a prueba la integridad y credibilidad del Partido Socialista en la localidad. La defensa de Posse y sus compañeros de partido se espera que sea ardua, mientras la ciudadanía observa de cerca el desenlace de este proceso judicial que podría tener repercusiones significativas en el panorama político local.
NOELIA POSSE ESTARÍA CERCA DE SU EXPULSIÓN DEL PARTIDO
Sin duda, Noelia Posse, enfrenta una situación crítica en su carrera política, ya que la petición de la Fiscalía para abrir juicio oral en el Caso ITV podría desencadenar su expulsión y la de los demás implicados del Partido Socialista, de acuerdo con el Código Ético del partido.
La solicitud de la Fiscalía se basa en acusaciones de prevaricación relacionadas con el perdón de una deuda de 2,5 millones de euros otorgada por el Ayuntamiento de Móstoles a una empresa de ITV durante el mandato de Posse. Según el escrito de acusación, los acusados habrían causado un perjuicio económico al municipio al aprobar este perdón de deuda, a pesar de las advertencias del interventor municipal sobre su ilegalidad.
La Fiscalía sostiene que los acusados, incluida Posse, actuaron conscientemente en contra del ordenamiento jurídico al adoptar el acuerdo de perdón de deuda, incluso con un informe desfavorable del interventor municipal. Además, destaca que el acuerdo fue respaldado únicamente por un informe favorable emitido por Francisco Javier Tornero, quien carecía de poderes para hacerlo.
El Caso ITV no es el único desafío legal que enfrenta Noelia Posse, exalcaldesa socialista de Móstoles
Además de la petición de 12 años de inhabilitación para empleo o cargo público, la Fiscalía también sugiere la expulsión del PSOE para los implicados en el caso. Esta situación podría desencadenar un proceso interno en el partido que culminaría con la expulsión definitiva de Posse y otros miembros del partido involucrados en el escándalo.
Con la apertura del juicio oral pendiente de programación por parte de la jueza de Instrucción número 1 de Móstoles, la incertidumbre y la presión sobre Posse y su equipo aumentan. El futuro político de la exalcaldesa pende de un hilo mientras se espera el desarrollo de los acontecimientos en los próximos meses.
LOS OTROS CONFLICTOS DE POSSE
El Caso ITV no es el único desafío legal que enfrenta Noelia Posse, exalcaldesa socialista de Móstoles, quien se encuentra también bajo la lupa del Juzgado de lo Social n.º 1 de la localidad debido a dos denuncias por presunto acoso laboral presentadas por trabajadores municipales. Estas denuncias reclaman una indemnización por daños y perjuicios cercana a los 100.000 euros.
El Juzgado de Instrucción número 5 de Móstoles había archivado previamente una querella presentada por estas dos trabajadoras municipales en junio de 2022, al no encontrar elementos constitutivos de infracción penal. Sin embargo, dejó abierta la posibilidad de que las demandantes hicieran valer sus pretensiones ante el Juzgado de lo Social, lo cual hicieron.
En la instrucción por estos presuntos casos de acoso laboral, Noelia Posse compareció para declarar, aunque aún no se le considera investigada formalmente. La exalcaldesa negó haber ordenado la destitución del cargo de una de las demandantes, a pesar de las acusaciones en su contra.
Según las denuncias de las empleadas afectadas, presentadas en mayo de 2021, cuando Posse ejercía como alcaldesa, fueron «apartadas» de sus cargos como secretarias en las concejalías de Recursos Humanos y Servicios Sociales y Mayores de manera «arbitraria e injusta». El futuro político y legal de Posse parece estar en una encrucijada, mientras se espera el desarrollo de estos casos en los tribunales de Móstoles.
