La Plataforma RMI Tu derecho, formada por diferentes colectivos vecinales que denuncian las trabas económicas y burocráticas que limitan el acceso a los derechos recogidos en la Ley 15/2001, para exigir los cambios de la normativa y los procedimientos que sean necesarios para que tales derechos lleguen a los más de 100.000 madrileños en grave emergencia social, han registrado un documento dirigido a la ministra de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, Elma Saiz, y al ministro de Derechos Sociales, Consumo y Agenda 2030, Pablo Bustinduy, para que evalúen la normativa y gestión del Ingreso Mínimo Vital (IMV) desde su entrada en vigor en 2020.
las prestaciones concedidas estáN muy lejos del objetivo inicial de 800.000
En concreto, lo que los colectivos vecinales sugieren a ambos ministros del Gobierno de Pedro Sánchez es que tengan en cuenta 30 medidas necesarias para su reforma y que ésta sea urgente a lo largo del año 2024, pues una gran mayoría de las personas que necesitan el IMV no lo solicitan por desconocimiento o lo complicado del proceso. Recordemos que recientemente el Gobierno ha pedido a las comunidades autónomas que «complementen» y «sigan ampliando con sus rentas de inserción la protección social.
Según informe de Oxfam Intermón y Future Policy Lab, el IMV solo llega al 16% de las familias que cumplen los requisitos económicos para solicitarlo. Y las mejoras inducidas por el aumento del SMI o del empleo, o por la actualización según el IPC de las pensiones, tienen poca incidencia en la población más empobrecida.
LA GESTIÓN DEL IMV ES ARBITRARIA, LENTA Y OSCURANTISTA
Según informa la plataforma, la realidad es que el IMV no ha cumplido los objetivos cuantitativos y cualitativos asignados: «los requisitos exigidos son restrictivos para las franjas de población empobrecida más precarias, la normativa y los procedimientos de solicitud son muy complicados y los procedimientos de gestión utilizados son arbitrarios, lentos y oscurantistas».
El único avance parcial que se ha producido recientemente es que por primera vez en casi cuatro años el Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones ha hecho público el número de prestaciones de IMV básico que se están pagando. Pero a juicio de la Plataforma RMI Tu derecho, las 376.073 que había a fecha de febrero 2024 (último dato disponible), está muy lejos del objetivo de 800.000.
«La llegada de Elma Saiz al Ministerio trajo una rectificación positiva: un informe de prestaciones activas en febrero 2024, con compromiso de hacerlo mensualmente. 376.073 familias percibieron IMV básico en febrero 2024: 194.998 con Ayuda para la Infancia (API) y 181.075 sin API. Otras 181.332 percibieron API sin IMV básico, cuando el objetivo inicial eran 850.000 familias», explica el informe.
CARACTERÍSTICAS DE QUIENES SOLICITAN EL IMV
Según los datos del informe al que ha tenido acceso MONCLOA (que mezclan IMV básico y solamente API, por no tener información para separarlos), el 67% de titulares y 53% de personas beneficiarias son mujeres; en el 66,1% de los núcleos beneficiarios hay menores, y la edad media de las personas titulares es 45 años y la de las demás beneficiarias no llega a 20 años; y el 17,7% de titulares son de nacionalidad extranjera.
Los colectivos vecinales entienden que una gran mayoría de quienes lo necesitan no lo han solicitado, aparte de que muchas de las solicitudes son denegadas (dos tercios de ellas en 2022, según AiREF). «Es fácil perder el IMV aunque se mantenga la vulnerabilidad económica (por otros requisitos). Las familias que lo conservan sienten estar en una montaña rusa en la que pueden descarrilar», indican desde la Federación Regional de Asociaciones de Vecinos (FRAVM), que es una de las entidades que forman parte de la Plataforma.
El Cuaderno de quejas presentado a ambos ministerios este mes de abril sugiere 30 medidas para una reforma urgente de la Ley 19/2021 y del Real Decreto 789/2022, así como para el abandono de ciertas interpretaciones arbitrarias del Instituto Nacional de la Seguridad Social (INSS) y para la mejora de los procedimientos de gestión.
ALGUNAS DE LAS MEDIDAS PARA REFORMAR EL IMV
Algunas de las más destacadas son: la regulación del complemento de vivienda paralizado desde junio de 2020; supresión de los condicionantes de excepción impuestos exclusivamente a determinadas franjas de población: personas que comparten piso porque no pueden permitirse otra solución habitacional, o menores de 30 años (con tasas de desempleo y pobreza altísimas).
También quieren el punto final a las suspensiones del pago del IMV debidas a que otras administraciones públicas no renuevan anualmente de oficio ciertas acreditaciones pese a que les obliga la Ley 19/2021. La revisión del procedimiento de determinación de cuantía y/o revisión anual, para evitar que un porcentaje altísimo de las familias beneficiarias cobre cuantías erróneas durante al menos diez u once meses cada año, enfrentándose luego a exigencias de devolución de cientos o miles de euros.
Otras medidas con la normalización, al modo de las rentas mínimas en las comunidades autónomas, de los ajustes a realizar si en una familia se produce la entrada o salida de algún miembro, lo que actualmente produce graves anomalías en la gestión del IMV sin base legal para ello. Y también la revisión de la exclusión total del acceso al IMV que padecen las familias en las que un miembro no tiene residencia legal en España o la tiene desde hace menos de un año.
Otra propuesta es la modificación de la interpretación arbitraria y alegal que el INSS hace sobre las condiciones de acceso a la Ayuda para la Infancia para familias que no tienen derecho al IMV básico; la revisión de los ingresos considerados no-computables a efectos de IMV, impidiendo que prestaciones como el bono térmico o el bono joven se descuenten del IMV a percibir en el año siguiente, así como abandono de la interpretación injustificada de la Ley 19/2021 por la que a algunas familias se les descuenta del IMV una parte -hasta unos siete mil euros- del IMV cobrado en el año anterior.
Finalmente, solicitan la detección por el INSS, en colaboración con otras entidades públicas, de núcleos susceptibles de ser beneficiarios de IMV, para informarles de ello y explicarles de forma comprensible los pasos a dar, pero sin cometer los errores ocurridos con el ya caducado Ingreso Mínimo Vital Transitorio.
