El Gobierno de Pedro Sánchez anuncia una enmienda a la totalidad de su propia Ley de Vivienda. El fracaso de la norma, consensuada con el resto de socios de investidura, se aprobó con decenas de promesas, como devolver la oportunidad a los jóvenes de poseer un inmueble. No obstante, la medida tenía unos objetivos ambiciosos, pero sin herramientas para poder conseguirlos.
De hecho, todas las medidas del Ejecutivo han provocado un mayor estrangulamiento en el mercado inmobiliario por el lado de la oferta. No hay pisos y los pocos que hay han disparado el precio creándose una nueva burbuja desde los mínimos de la pandemia.
En datos, el precio medio de la vivienda se ha disparado un 30% desde la llegada de Pedro Sánchez al poder, hace ya seis años. «Ha sido un auténtico fracaso», destacan fuentes del sector inmobiliario, quienes se quejan de que el Gobierno afirme ahora que la situación es una «emergencia» y no haya hecho más que poner trabas para que se dispare el mercado del alquiler.
De hecho, desde el sector temen que el golpe se lo lleven ahora los pequeños propietarios tras las declaraciones de Isabel Rodríguez, ministra de Vivienda. «Les necesitamos», afirma la titular de la cartera responsable de la regulación del sector inmobiliario. Y es que, el Ejecutivo desliza que cargará la solución en el pequeño propietario, una norma que «dejaría seco al mercado». «La inseguridad jurídica es tan elevada que pocos se atreven ahora a poner su vivienda en alquiler», ha apuntado. Hace un año, el PP advirtió del desastre, pero en el Ejecutivo aseguraban que la normativa funcionada.
EL HUNDIMIENTO DEL SECTOR CON LA INSEGURIDAD JURÍDICA
Aquellos que podían y tenían prisa vendían el piso, comprado en una gran parte por extranjeros. «Son los únicos que pueden acceder a la financiación. El Gobierno ha hundido a los grandes propietarios y ahora trata de poner los parches con los pequeños, terminando de arruinar al sector», han sostenido.
El Gobierno ha hundido a los grandes propietarios y ahora trata de poner los parches con los pequeños, terminando de arruinar al sector
El Ejecutivo ha aprovechado en plenas elecciones vascas para celebrar la reunión sectorial con constructoras, promotoras y financieras. El encuentro, de casi tres horas, ha sido la constatación de la fracasa Ley de Vivienda. Para Rodríguez, el encuentro ha sido muy productivo, pero ha dejado un mensaje que deja helados a los pequeños propietarios, especialmente para quienes han destinado su vivienda al mercado del alquiler.
«Les necesitamos porque hoy el parque de vivienda en alquiler en su mayor parte pertenece a propietarios particulares, y a ellos me dirijo para decirles que el Gobierno y el Ministerio de Vivienda van a trabajar en aportar certeza, seguridad jurídica y garantías para que también desde la iniciativa privada, desde los particulares, puedan poner más vivienda a disposición del alquiler asequible», ha afirmado.
En estos seis años, la inseguridad jurídica creada por el propio Gobierno del PSOE, que protege antes al ‘okupa’ que al legítimo propietario, es de tal calibre que muchos se lo piensan más de dos veces antes que permitir que un desconocido se aloje en su vivienda. Y es que, con estas normas han surgido prácticas ilegales en todos los países europeos, menos en España. La ‘inquiokupación’ es un fenómeno de tal calibre que algunas aseguradoras tienen productos para recuperar gran parte de las cuotas impagadas.
GOLPE AL PEQUEÑO PROPIETARIO Y SIN GARANTÍAS
Con las medidas, pactadas y aprobadas por los socios del Gobierno, como Bildu, Sumar, Podemos, BNG y ERC, entre otros, el miedo en el sector se ha disparado hasta el punto de quedarse sin stock y con precios desorbitados. El alquiler, por ejemplo, puede subir como máximo un 2% en los contratos ya firmados, mientras que en los nuevos las condiciones son prácticamente imposibles, a pesar de las trabas de la ley.
hemos de profundizar más en seguridad jurídica y en garantías y vamos a seguir explorando. No van a faltar instrumentos
Rodríguez no ha realizado ninguna concreción con este anuncio. Ni en qué consiste esta seguridad jurídica ni si habrá rebajas fiscales, a pesar de eliminar la Golden Visa, un instrumento que permitía conseguir la residencia en España a cambio de una inversión mínima de 500.000 euros. De hecho, la ministra de Vivienda casi descarta dar nuevos incentivos tributarios. «Existen beneficios fiscales que pongan su vivienda en alquiler, especialmente si lo hacen en zonas tensionadas», ha señalado. No obstante, ha considerado «que hemos de profundizar más en seguridad jurídica y en garantías y vamos a seguir explorando. No van a faltar instrumentos». Nada nuevo bajo el sol del PSOE.
LA INCONCRECIÓN DEL GOBIERNO CON LA VIVIENDA
Por el momento, tratará de agilizar la promoción de vivienda nueva, mientras se darán facilidades a la financiación de promotores privados y públicos, un dinero del que nadie sabe de dónde saldrá, aunque hay quien apunta a la banca y al ICO.
Otro de los puntos más polémicos de la actuación del Gobierno se centra en el alquiler temporal y turístico, donde los particulares obtienen un sobresueldo importante para mantenerse el resto del año, mientras gigantes, como Airbnb, se expande a pesar de las restricciones en algunas zonas. Ninguna de estas opciones se abordó en la ley de Vivienda en vigor, un craso error que tensiona las zonas turísticas de las grandes ciudades y municipios con una alta tasa de llegada de extranjeros dispuestos a invertir sus días de vacaciones en ellos.
«Somos conscientes de que quien quiere escapar de la ley usa estas modalidades», destaca Rodríguez. Es decir, soluciones como Airbnb podrían tener los días contados, aunque sería recurrible cualquier cambio normativa. Por ahora, se ha abierto el plazo de la consulta pública, mientras las reuniones con el sector se sucederán en las próximas semanas. Por primera vez, el Gobierno rompe con su propia normativa, fruto del pacto entre PSOE y Bildu.
De nuevo, el objetivo se centra en Madrid, donde las plataformas de alquiler de vivienda hacen su agosto con una norma muy flexible para los pisos turísticos. En Barcelona, se intentó hacer este mismo punto, sin éxito. Los sindicatos de inquilinos no tendrán voz en estas reuniones.
