La Asociación Unificada de la Guardia Civil (AUGC) ya ha pedido explicaciones al Ministerio del Interior de Fernando Grande-Marlaska sobre las competencias de la guardia civil en puertos y aeropuertos y la posible cesión a los Mossos y Ertzaintza. Esa posible cesión del control de la seguridad por parte del Gobierno de Pedro Sánchez a Cataluña y País Vasco ha indignado también a la diputada del PP, Ana Vázquez, para quien es urgente desde el Gobierno den la cara para aclarar este asunto, y en el caso de que sea verdad, paralice este desmantelamiento pues «no todo vale para dormir Sánchez en Moncloa», ha criticado la popular.
Desde AUGC han informado que tuvieron conocimiento del plan a través del periódico El Confidencial. Pero según la asociación de la Benemérita, «por si esto no fuera suficiente, Marlaska también entregaría estas competencias en el resto de España a la Policía Nacional, relegando a la Guardia Civil a tareas muy limitadas. Esto es un insulto al trabajo que realizan los guardias civiles».
AUGC PIDE AL GOBIERNO QUE «DE LA CARA»
Según El Confidencial, el Ministerio del Interior afirma que no hay nada concreto sobre esta cuestión, pero según un comisario de la Secretaria de Estado de Seguridad, responsable del área de Normativa de la Dirección General de Coordinación y Estudios, la instrucción existe y ya se venía trabajando en ella desde hace un tiempo y que además, esta nueva instrucción supone romper el criterio histórico de distribución de funciones entre los cuerpos policiales, confirman desde AUGC.
De esta forma, «los Mossos y Ertzaintza pasarían a ejercer competencias no solo sobre la zona pública de los puertos y aeropuertos (algo que ya hacían, al estar en su demarcación territorial y haberse cedido en su día las competencias de seguridad ciudadana) sino también en la zona de acceso restringido, con lo que su control sería también total. Y este sería, precisamente, el origen de un plan cuyos efectos se extendería al resto de España y modificarían todo el escenario policial en puertos y aeropuertos», matizan desde AUGC.
«no todo vale para dormir Sánchez en Moncloa»
La citada Instrucción otorgaría a la Policía Nacional todo el aeropuerto Madrid-Barajas, tanto en materia de seguridad ciudadana y orden público como en lo relativo a la prevención del delito y su investigación. «La Guardia Civil queda relegada y se limitaría solo a su competencia de protección de la instalación, es decir, cuidar el perímetro, el control de accesos y la función de resguardo fiscal del Estado y lucha contra el contrabando en colaboración con Vigilancia Aduanera. Esta última función ya es exclusivamente suya por Ley y no depende de la demarcación territorial de la infraestructura».
Por lo tanto, en el País Vasco y Cataluña, la Policía Nacional mantendría solo sus competencias exclusivas, de extranjería y documentación, y Guardia Civil las suyas, de resguardo fiscal y contrabando. Esto otorgaría a las fuerzas autonómicas el control total de los puntos de acceso a territorio europeo por las fronteras al del espacio Schengen (acceso al territorio europeo), lo que supondría entregar el control de la seguridad en las fronteras aéreas y marítimas.
AUGC QUIERE EVITAR QUE LA GUARDIA CIVIL SEA RELEGADA A UN CUERPO EN EXTINCIÓN
AUGC considera «insultante el trato que Marlaska está dando a los guardias civiles y le exige transparencia para que afirme o desmienta» si esta Instrucción se va a publicar o no. El criterio empleado por Interior para satisfacer la demanda de los nacionalistas e independentista (que extenderá ese cambio en Barajas al resto de aeropuertos) pasa por entregar todas las competencias al cuerpo policial correspondiente por su ubicación. Justificando de esta manera que como los aeropuertos y puertos están mayoritariamente en las ciudades, el peso recaería sobre la Ertzaintza en el País Vasco, sobre los Mossos en Cataluña y sobre la Policía en el resto de las zonas urbanas de España, relegando a Guardia Civil a tareas muy limitadas.
Según AUGC, el documento donde se recoge el plan iba a hacerse público en marzo, pero el periodo electoral de ambos gobiernos autonómicos, por las elecciones en el País Vasco el 21 de abril y el 12 de mayo en Cataluña, produjo que desde Interior el trabajo quedara archivado al considerar que podría a malinterpretarse o bien ser calificado como propaganda por parte de ambos Gobiernos Autonómicos.
Esta cuestión preocupa en gran medida a AUGC que durante los últimos meses viene denunciando la pérdida de competencias de la Guardia Civil y la paulatina y continuada pérdida de guardias civiles frente a policías. «Desde 2020 la Guardia Civil ha perdido 6.000 efectivos con respecto a Policía Nacional, a este ritmo, en cuatro años la Policía Nacional tendrá más efectivos que la Guardia Civil. Si a esto le sumamos la ampliación de plantilla anunciada por el Gobierno para las policías autonómicas, la Guardia Civil sería relegada cada vez más a un cuerpo policial en extinción».
Además, «en marzo reclamamos al ministro del Interior un posicionamiento público sobre las competencias de la Guardia Civil en puertos y aeropuertos del que a día de hoy no hemos recibido respuesta. Aunque en unas declaraciones a los medios, Marlaska ha afirmado que no existe presión autonómica y que todo lo que corresponde al control de fronteras es una competencia exclusiva del Estado y, por tanto, corresponde a la Guardia Civil y a Policía Nacional, y no puede haber un traslado de competencia en esa materia tan importante».
ANA VÁZQUEZ INDICA QUE ESO BENEFICIARÍA UN NUEVO DESAFÍO RUPTURISTA
Ana Vázquez ha apuntado que «el desmantelamiento» maximiza las posibilidades de éxito de un nuevo desafío rupturista. «Si en 2019 cuando se produjo el Tsunamic Democratic, el aeropuerto de El Prat hubiera estado bajo la responsabilidad de los Mossos, el Tsunami Democratic habría podido ocupar El Prat y, en consecuencia, colapsar Cataluña».
La diputada popular insiste en que sin el control de la Guardia Civil de los puertos de Barcelona y Tarragona no habría sido nada fácil garantizar el apoyo logístico de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado que se desplazaron a Cataluña para hacer frente al 1 de Octubre, a los cuales los echaron de hoteles y «hasta fueron condenados 2 concejales del PSOE». Lo del alojamiento en buques «era la única forma de tener garantizada durante varios meses la seguridad de miles de efectivos policiales, sus vehículos, armas, alojamiento y manutención en un ambiente de posible insurrección, con probables huelgas generales, como efectivamente ocurrió», apunta Vázquez.
Por ello, Vázquez está convencida de que «esto lo sabe bien la Generalitat, por eso dijo hace unos días Turull, que él volvería a montar un referéndum como el del 1 de Octubre, pero que ahora lo haría mejor. Con la ayuda de Sánchez y Marlaska atando a las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado en Cataluña», reprocha la diputada popular.
