sábado, 23 noviembre 2024

El PNV se pone de perfil ante la guerra entre su expresidente Josu Jon Imaz y Teresa Ribera

Imaz, sin respaldo en el PNV en la guerra con Teresa Ribera. El tablero de las energéticas, y sus ramificaciones políticas, han saltado por los aires tras la decisión de Iberdrola de llevar a los tribunales a Repsol, capitaneada por Josu Jon Imaz, por «competencia desleal» al vender en medios y redes que son «líderes en transición energética» cuando el 99,4% de sus ingresos procede de recursos no renovables.

El dardo judicial de Ignacio Sánchez Galán ha destrozado a Imaz, que amenazaba a La Moncloa con frenar inversiones si mantenía el impuesto extraordinario a lasa energéticas aprobado en 2022.

Esta medida parecía unir a Iberdrola y Repsol contra La Moncloa, liderada en estas lides por la vicepresidenta de Transición Energética Teresa Ribera, pero la denuncia evidencia que las relaciones entre ambas compañías están muy debilitadas.

Ribera, «más por convicción que por utilizar una grieta entre la pinza energética», dicen desde La Moncloa, se ha posicionado en favor de Iberdrola a pesar de que el Gobierno de España ha asegurado ser neutral en el pleito.

Josu Jon Imaz, muy enfadado tras ver la pinza insólita conformada por dos enemigos íntimos (Sánchez Galán y Ribera), ha cargado contra la eléctrica: «No nos va a distraer la demanda de Iberdrola que no está acostumbrada a competir en un mercado abierto, sino a funcionar en un entorno regulado como es el del mercado eléctrico, cuyas normas salen publicadas en el BOE».

Josu Jon Imaz
Teresa Ribera. Foto: Europa Press.

«Quieren limitar la competencia el crecimiento de un operador como Repsol, emergente en el sector eléctrico. Parece que lo que realmente les preocupa es que nuestros clientes se beneficien de los servicios, de productos, y descuentos y accedan a una oferta multienergía que satisface cualquier necesidad en el hogar y en el transporte», señala.

Imaz tendrá difícil utilizar su influencia en el PNV porque su capacidad se ha rebajado con la pronta salida de su amigo y exaliado Iñigo Urkullu. Los jeltzales quieren evitar este tipo de guerras en plena precampaña de las vascas y el expresidente de la formación nacionalista y actual CEO de Repsol insinúa que el Gobierno no apoya a la industria española.

«¿La ministra quiere cerrar las refinerías? Generan 28.000 empleos directos, indirectos e inducidos. ¿Es lo que queremos para nuestra sociedad y nuestros jóvenes? Repsol tiene una apuesta clara por los combustibles renovables. Una apuesta por reducir las emisiones en el transporte sin que la factura la pague la sociedad y sin que se cargue esta factura sobre las personas con menos recursos de la sociedad», ha dicho Imaz.

El directivo ha utilizado también una estrategia utilizada por las compañías que abusan de las no renovables: insinuar que la transición energética realizada de forma precipitada desgastará la economía de la clase media-baja, que no se puede permitir un coche eléctrico.

Imaz dice que Repsol apuesta por una transición en la que «el ciudadano no se vea obligado a cambiar de coche o a financiar con sus impuestos subvenciones que no están consiguiendo el objetivo, que es reducir las emisiones de CO2».

CINCO MESES DE TENSIÓN DE IMAZ CON RIBERA

La decisión del Gobierno de mantener en 2024 el impuesto extraordinario a las energéticas soliviantó a Josu Jon Imaz, que advirtió que una de las filiales de Repsol, Petronor, dejaba en el aire la ubicación de la planta industrial de combustible sintético y un electrolizador en el País Vasco.

El presidente de Petronor, Emiliano López Atxurra, dejó en suspenso la planta industrial «porque tendremos que implantar una inversión industrial en un entorno regulatorio no sólo amable, sino previsible».

Petronor advirtió con frenar sus inversiones en Euskadi

El secretario general de CCOO, Unai Sordo, señaló que «ninguna empresa va a desinvertir en un país simple y llanamente porque se mantenga un impuesto que tiene una afectación muy limitada sobre sus beneficios». Y lamentó que haya empresa «que se permitan amenazar, siquiera veladamente, a un estado democrático».