Las subdelegaciones del Gobierno en Andalucía han iniciado la tramitación de 548 expedientes sancionadores por infracciones de la Ley de Seguridad Ciudadana desde que comenzaron hace cerca ya de dos meses las protestas del campo andaluz, con cortes y bloqueos de carretera en todas las provincias andaluzas.
La mayoría de estas infracciones están relacionadas con la negativa a disolver concentraciones no comunicadas, desobediencia y resistencia a la autoridad y faltas de respeto y consideración a miembros de las Fuerzas de Seguridad. Las sanciones oscilan entre los 400 y los 1.000 euros.
A excepción de esta semana, con motivo de la Semana Santa, los agricultores han protagonizado cortes de carreteras, muchas de ellas fomentadas por la plataforma 6F, en la que no participan las principales organizaciones agrarias y ganaderas de Andalucía, caso de Asaja, COAG, UPA y Cooperativas Agro-alimentarias.
Desde principios del mes de febrero, las reivindicaciones del sector agrario se centran en exigir infraestructuras que «garanticen el agua con carácter de urgencia»; la simplificación «real» de la Política Agraria Comunitaria (PAC) con la eliminación del cuaderno digital; la eliminación de eco-esquemas por modificación e incremento del presupuesto y la subida del IVA compensatorio de los productos agrarios al 21%.
También han reclamado ayudas directas para afrontar la sequía que realmente estén en consonancia con los costes de producción actuales; cláusulas espejo –«los productos extracomunitarios sólo deben entrar con los mismos requisitos que nos exigen a nosotros»–; y el no a la ley de la cadena.
Asimismo, han insistido en la derogación de ley animalista y de bienestar animal; en el estudio «profundo» del problema laboral del mundo rural tanto en lo referido a mano de obra como en las cargas sociales; en medidas «reales» de apoyo al relevo generacional; y en la revisión y modificación de la ley de restauración de la naturaleza y agenda 20-30.
Con este contexto, el ministro de Agricultura, Pesca y Alimentación, Luis Planas, ha pedido este martes en Bruselas una «pronta» aprobación de la relajación de los requisitos medioambientales que se deben cumplir para acceder a ayudas de la Política Agraria Común (PAC) que propuso la Comisión Europea el pasado 15 de marzo y que incluye la exención de controles y sanciones para las pequeñas explotaciones agrarias, de menos de diez hectáreas, para aliviar aún más la carga administrativa del campo.
Planas ha urgido así a culminar el trámite legislativo después de que el Comité Especial de Agricultura, que se ha reunido de forma previa al encuentro de ministros europeos del ramo que se celebra en Bruselas y en el que se ha ratificado el apoyo de los Veintisiete por mayoría cualificada, dado que, según ha apuntado el propio Planas, sólo Alemania ha expresado reparos.
En declaraciones a los medios a su llegada a la capital belga, el ministro ha recordado también que un total de 345.000 declarantes se beneficiarán de la exención de requisitos para los pequeños agricultores, lo que supone más del 50% del total. Asimismo, ha destacado que este expediente se tramitará con carácter de urgencia, por lo que el presidente del Comité Especial de Agricultura enviará ahora la carta de oferta al Parlamento Europeo, que se espera que adopte su posición en primera lectura en su pleno del 22 al 25 de abril.
Acto seguido, el Consejo adoptará formalmente el reglamento, de modo que si todo avanza según lo previsto, entrará en vigor a finales de esta primavera y se aplicará con carácter retroactivo desde el 1 de enero de 2024. Planas también ha celebrado que la propuesta de la Comisión recoja todas las peticiones que España había efectuado a este respecto en relación a la relajación de las normas beneficiosas para el medio ambiente y el clima conocidas como ‘BCAM’ que los agricultores deben cumplir para recibir el apoyo de la PAC, un principio de condicionalidad que se aplica a cerca del 90% de la superficie agrícola utilizada en la UE y desempeña un papel importante en la integración de prácticas agrícolas sostenibles.
REVISIÓN DE LAS BCAM
En concreto, la Comisión ha propuesto una revisión específica de las BCAM 6, de cobertura mínima de suelo en los períodos más sensibles; BCAM 7, de rotación en tierras de cultivo y BCAM 8, de porcentaje mínimo de barbecho, en la que se anima a los Estados miembro que ofrezcan más flexibilidad para su cumplimiento. Además de estos cambios específicos, Bruselas plantea que los Estados miembro puedan eximir a determinados cultivos, tipos de suelo o sistemas agrícolas del cumplimiento de los requisitos sobre labranza, cobertura del suelo y rotación o diversificación de cultivos (respectivamente, BCAM 5, 6 y 7).
También será posible establecer exenciones específicas para permitir el arado para restaurar pastos permanentes en lugares Natura 2000 en caso de que sufran daños debido a depredadores o especies invasoras (BCAM 9). En casos extremos de condiciones climáticas adversas que impidan a los agricultores trabajar adecuadamente y cumplir los requisitos de las BCAM, los gobiernos también podrán introducir excepciones temporales, que deberán tener una duración limitada y aplicarse únicamente a los beneficiarios afectados.
Los países de la UE también tendrán que revisar sus planes estratégicos de la PAC antes del 31 de diciembre de 2025 si se actualizan a nivel de la UE leyes medioambientales y climáticas específicas, como por ejemplo, sobre la conservación de las aves silvestres y los hábitats naturales de la fauna y la flora silvestre o la protección de las aguas. La Comisión ha concluido que ahora es «de suma importancia» que el Consejo y el Parlamento Europeo, como colegisladores, lleguen a un acuerdo sobre la propuesta legislativa presentada este viernes de manera oportuna para garantizar a los agricultores que estas nuevas medidas pueden aplicarse «lo antes posible».
