El empresario Paco Medina no arroja la toalla en su defensa de Open Camp, el proyecto llamado a rememorar a los buenos tiempos de la Barcelona del 92. El gran parque temático abrió sus puertas y llegó a estar operativo un año en la histórica explanada de Montjuïc, pero la llegada del equipo de Ada Colau, Gerardo Pisarello y Jaume Asens desbarataron presuntamente todos los planes, junto a Eloi Badia y Marta Carranza, según señala el recurso de súplica presentado ante el Tribunal Supremo.
MONCLOA.com ha tenido acceso en primicia al recurso suplicatorio ante la Fiscalía del Tribunal Supremo, un documento de 36 páginas en el que se recuerdan, entre otros puntos clave, los motivos «exógenos» por los cuales tuvo que cerrar este espacio y en que los inversores perdieron más de 40 millones de euros. En concreto, fueron despedidos 252 empleados, los 68 proveedores del complejo perdieron 11,45 millones de euros, mientras que los números rojos de los promotores alcanzaron los 30,05 millones.
Paco Medina interpuso la querella contra Gerardo Pisarello, Eloi Badia y Jaume Asens, políticos que en las próximas semanas desfilarán por los atriles de Cataluña para hacer la campaña a favor de la candidatura de los Comuns y Sumar ante las elecciones del próximo 12 de mayo. Asens vuelve meses después de abandonar la política para tratar de obtener el estatus de aforado, una figura que le protege de la justicia ordinaria en caso de ser escogido en las europeas.
ASENS, CABEZA DE LISTA DE SUMAR, EN LA QUERELLA
De hecho, si Asens llegara a ocupar su escaño en el Parlamento Europeo y si el Tribunal Supremo aceptara el suplicatorio, el alto tribunal tendría que remitir su petición al europarlamento. Para Pisarello, destacada figura de Sumar y su portavoz en la comisión de Justicia, obligaría al Gobierno a tomar la decisión de entregar al Supremo a uno de sus principales socios y rival en las elecciones catalanas.
La defensa de Open Camp podría abrir así un auténtico terremoto si el Tribunal Supremo aceptase este recurso de súplica, que se ha gestado en un tiempo récord, pero con una minuciosa documentación, jurisprudencia y atendiendo a los motivos por los que Open Camp tuvo que cerrar sus puertas y presentar el concurso de acreedores, con respuesta judicial incluida y favorable a sus intereses.
No puede considerarse como la causante de la situación, sino que en la misma han intervenido distintas personas jurídicas y físicas
Asens, Pisarello y Badia celebraron por todo lo alto el duro varapalo del Supremo, pero en el recurso de súplica se insiste en la presunta coacción, extorsión, cohecho, fraude, prevaricación, falsedad y financiación ilegal. El juez Marchena decide ahora qué hacer con estos documentos. El caso es, además, histórico ya que se aplicaría por primera vez la directiva europea de protección del denunciante de delitos de corrupción ante las posibles represalias de los querellados, entre los que se encuentra también Marta Carranza Gil-Donz, entonces comisionada de Deportes del Ayuntamiento de Barcelona.
En su recurso de súplica, la defensa de Open Camp apunta a un plan urdido desde el Gobierno municipal de Ada Colau para detener el proyecto, en marcha durante la última legislatura de Xavier Trias. Los querellados tenían «como objetivo destructivo manifiesto, especificado en su programa de actuación, la paralización y detención de una explícita lista, -nominal y no genérica-, de proyectos turísticos y comerciales, -promovidos de forma legítima por iniciativa privada-, entre los que se señalaba inquisitoriamente el parque temático Open Camp del anillo olímpico». Todo con el fin de avanzar hacia un cambio de modelo.
LAS EXCUSAS DE ASENS Y PISARELLO, FUERA DE LA LEY
A juicio de los Comunes, que tuvieron en aquella legislatura el apoyo del PSC para gobernar, había que acabar con la torre de Deutsche Bank, los centros comerciales de Heron City y La Maquinista, la zona del Puerto de la Marina y la red de aparcamientos de Bamsa. De todos estos proyectos tan solo se mantiene en pie el centro comercial La Maquinista.
La excusa es fue que estos proyectos se llevaron a cabo de «manera opaca, sin participación ni un debate público, por lo que se hace imprescindible tomar medidas para detener su actividad», eso sí, «sin perjuicio para la ciudadanía».
Esta declaración de intención, según el recurso de súplica, sería solo el preludio de las coacciones, extorsiones, falsedades, defraudaciones, arbitrariedades y abusos de poder que sufrió Open Camp durante tres años hasta que cerró sus puertas, según los querellantes.
Según el texto que estudia ahora el Tribunal Supremo, Pisarello, Asens y Badia «desdeñaron la vía judicial para detener la actividad del parque Open Camp, pues comportaba la consecuente obligación legal de indemnizar económicamente a todos los promotores, proveedores y trabajadores por los millonarios daños y perjuicios causados». En vez de ello, los tres lugartenientes de Colau, «abusando de su posición de dominio e incumpliendo arbitrariamente las obligaciones contractuales establecidas con la empresa». Así, les acusa de «sabotear, extorsionar y defraudar desde dentro la funcionalidad y viabilidad comercial de este parque temático.
OPEN CAMP Y EL INFORME DEL JUZGADO MERCANTIL
Por estos hechos, considera que la vía penal es la más apropiada, antes que la civil, como había indicado el Supremo en su inadmisión del anterior recurso. En este punto, la defensa de Open Camp recuerda la jurisprudencia del Tribunal Constitucional sobre los denominados «negocios jurídicos criminalizados». Para ello, Open Camp esgrime el contrato con Barcelona Serveis Municipals (BSM), con quien pactó el alquiler de la zona de Montjuïc.
Según el Ayuntamiento, este contrato no era más que una «mera pantalla de contenido aparentemente obligacional» y que en puridad ocultaba una maquinación encubierta y un parapeto idóneo para la arbitrariedad que permitió después a Badia, Asens y Pisarello conseguir sus «objetivos aniquiladores».
De hecho, Pisarello y Badia, que llegaron a ostentar la presidencia de BSM, «llegaron a negar la explícita e irrefutable naturaleza jurídico civil» del contrato de la pública con Open Camps, «a sabiendas de la ilegalidad». La defensa del proyecto muestra, además, que el incumplimiento en sí no es delito, ya que hay que demostrar antes un plan preconcebido para romper el acuerdo después de haberlo suscrito. Por ello, se remiten al Código Penal por fraude y estafa. Además, recuerdan la jurisprudencia existente ante estos hechos.
«Nos hallamos ante una estafa conocida como negocio o contrato criminalizado», ahondan los querellados, que apuntan directamente a dos figuras penales recogidas en España, como estafa impropia y fraude funcionarial. Por todo ello, piden al Supremo tomar una perspectiva del conjunto de las acciones de Pisarello, Badia y Asens desde antes del inicio de su mandato hasta el fin de Open Camp.
ASENS Y PISARELLO DECRETARON LA GRATUIDAD PARA ACABAR CON OPEN CAMP
Otra de las actuaciones del trío de Barcelona en Comú y Sumar en la Ciudad Condal fue el cambio de criterio a la hora de ejercer la actividad funcional y comercial en el proyecto, para después denegar de forma sistemática dichas licencias, autorizaciones y permisos para Open Camp. Todo ello, eludiendo la preceptiva colaboración del Ayuntamiento, firmada en el contrato con BSM. La idea de los promotores pasaba por internacionalizar el espacio y atraer así un mayor número de turistas.
Dentro del área se impidió comercializar merchandasing y se exigió que más del 84% de la superficie fuera gratuita, sin compensación alguna para los promotores. Las nuevas exigencias impuestas por Badia, Asens y Pisarello pasaba por la libre circulación por la planta principal del estadio y permitir la entrada gratuita al mismo.
Según los querellantes, sería como si el Barcelona tuviera que dejar entrar gratis al 84% de los espectadores por utilizar una infraestructura, como el estadio olímpico, al ser un espacio público, mientras el inquilino del mismo ya abonado dicho alquiler. Además, se exigió a Open Camp la contratación previa de determinadas personas, familiares y colectivos afines a Barcelona en Comú para iniciar su colaboración con el Consistorio.
Tampoco permitieron crear un espacio para el primer Museo Paraolímpico del mundo. En su lugar, se exigió la instalación de la exposición: «80 aniversario de las Olimpiadas del Frente Popular Antifascista de 1936». Un acto de la Fundación L’Alternativa, vinculada con Esquerra Unida i Alternativa, integrado en Barcelona en Comú.
LOS PROYECTOS TUMBADOS EN OPEN CAMP
Además, el Consistorio, apoyado por el PSC, se apropió, plagió y municipalizó todas las iniciativas empresariales y comerciales de este espacio, todas ellas prohibidas a Open Camp como el BCN Sports Hub Tech, Vine a correr al estadi o el photo point, entre «muchos otros». También se eliminó la posibilidad de comercializar el parque Festival de la Infancia o el Vestuario Oficial de la Selección Española ni poder celebrar en el recinto el 25 aniversario de Barcelona 92. Para los querellantes, eran «prohibiciones sectarias».
Así, durante la primera legislatura de Colau, entre 2015 y 2019, no solo existieron «eventuales diferencias contractuales», sino que se realizó y ejecutó el plan para que cesara la actividad o al menos el sector privado no disfrutara de beneficio alguno. Una fórmula gestada desde la «extrema arbitrariedad», que tendría consecuencias penales. Todo ello, «aprovechándose de la total situación de dependencia funcional y precariedad financiera» de la promotora de Open Camp, cuya facturación dependía exclusivamente del buen funcionamiento del parque.
Por todo ello, se ratifica en los delitos recogidos en la demanda inicial e insta al Supremo a no considerarlos como un incumplimiento de contrato. De hecho, expone «la sofisticación delictiva tramada y culminada por los políticos querellados para conseguir finalmente lo que ellos mismos habían manifestado públicamente que iban a hacer cuando llegasen al poder, tal y como también hicieron con el resto de proyectos empresariales, –aniquilados todos ellos después de haber sido señalados inquisitorialmente en su preconcedido programa de actuación electoral no de manera genérica, sino específica y nominal-». Y sin abonar la correspondiente indemnización.
EL DEMOLEDOR INFORME DE LA QUIEBRA DE OPEN CAMP
Además, apelan al informe de calificación concursal por la quiebra de la empresa, un estudio realizado por el Juzgado Mercantil de Barcelona y en el que eximía a Open Camp de cualquier responsabilidad dolosa o culpable. «No puede considerarse como la causante de la situación, sino que en la misma han intervenido distintas personas jurídicas y físicas», indica dicho informe. «No puede haber un indicio incriminatorio más evidente y cualificado», destaca el recurso de súplica.
El Juzgado Mercantil evitó desvelar los nombres de las personas jurídicas y físicas que dilapidaron el proyecto para «no tener que descubrir y denunciar públicamente las arbitrariedades, defraudaciones y abusos de poder cometidos sistemáticamente por las autoridades municipales causantes de la quiebra de Open Camp», destacan.
ASENS Y PISARELLO «DIFAMARON» A OPEN CAMP
El propio informe de la quiebra apunta que Open Camp tenía la «imposibilidad de realizar modificaciones y de cumplir el contrato de cesión y gestión de determinados espacios localizados en el estadio olímpico y la explanada de Montjuïc. Asimismo, invirtió «un total de 7,1 millones de euros durante los primeros seis meses de 2016 para mejorar el posicionamiento, valoración y tecnificación y mejora de los distintos equipamientos e instalaciones olímpicas de Barcelona para hacer realidad el primer parque temático del mundo de este deporte».
Este reconocimiento judicial fue negado pública, falsa y fraudulentamente por Badia y Pisarello. En vez de ello, «difamaron» a la empresa para impedir la entrada de nuevos socios para llevar a cabo el rescate de la empresa.
En el plan de negocio se estipuló la entrada de 2.000 personas con un ticket medio de 20 euros por persona, pero Badia y Pisarello cambiaron las reglas y exigieron la gratuidad de las entradas. Los ingresos, tras las medidas del Ayuntamiento de Barcelona, fueron un 84% inferiores a las estimadas en el inicio del proyecto.
LA TURISMOFOBIA Y EL SECTARISMO EN LA QUERELLA
La promotora, además, invirtió 726.000 euros para realizar la campaña de marketing y publicidad, pero ésta quedaba condicionada, censurada y viciada por las autoridades querelladas al prohibir el término «parque temático», uno de los principales términos que empleaban en Open Camp para darlo a conocer. A su juicio, esta actuacion fue «sectaria y turismofóbica». BSM, además, no se adhirió al convenio de acreedores y el freno desde la empresa pública derivó en el fracaso de intentar abrir por segunda temporada.
En el mismo recurso se pide la testificación de 18 personas, entre las que se encuentra el actual alcalde de Barcelona, Jaume Collboni; Mercé Pinyol, de los servicios jurídicos de BSM; David Escudé, concejal de Deportes; y Adelina Escandell, de la Fundación L’Alternativa; entre otros cargos.
