El Partido Nacionalista Vasco puede perder sus primeras elecciones en 38 años. Si en 1986 lo hizo en escaños a cuenta de la escisión de Eusko Alkartasuna, hoy convertida en uno de los brazos de la pujante coalición Euskal Herria Bildu, el próximo 21 de abril lo puede hacer por la colección de escándalos que colecciona y su incapacidad de frenar una dinámica negativa que le llevó a perder más de 100.000 votos en las últimas elecciones generales.
Varios sondeos apuntan a que la sustitución del lehendakari Iñigo Urkullu por Imanol Pradales como candidato no ha supuesto un efecto balsámico para la formación jeltzale, que anda preocupada
El presidente del partido, Andoni Ortuzar, está intentando trazar estrategias que les hagan levantar el vuelo. En el PNV creen que la gobernabilidad no pende de un hilo, ya que podrían alcanzar mayoría con el PSE-EE e incluso el PP podría apoyar la continuidad del bipartito con tal de abortar la conformación de un tripartito o cuatripartito progresista que incluya a EH Bildu.
LA PRECAMPAÑANA DEL PNV, SIN EFECTOS POSITIVOS
Pero la precampaña no está resultado efectiva para la formación fundada por Sabino Arana, que en clave interna está siendo desgastada por las listas de espera de Osakidetza (Salud), los problemas internos de la Ertzaintza (Policía autonómica), las críticas de sindicatos como ELA y los dardos de medios influyentes como El Correo.
Algunas encuestas apuntan una posible derrota del PNV en las próximas autonómicas
Ortuzar cree ver una especie de ‘complot’ que posibilite un cambio político, pero lo cierto es que la sensación de corrupción está anidando en el ambiente después de conocerse que el Gobierno Vasco adjudicó el 25% de las rutas de autobuses escolares de Euskadi, por valor de 4 millones de euros, a la empresa URPA, que tiene como consejero a un asesor del propio Gobierno vasco, Joanes Labayen.
LA HIJA DEL NÚMERO DOS, COLOCADA EN EL PUERTO DE BILBAO
En los últimos días también se ha conocido que la hija del hermético secretario de Organización del PNV, y por lo tanto número 2 del partido, Joseba Aurrekoetxea, ha sido fichada por el Puerto de Bilbao, férreamente controlado por el nacionalismo. Iratxe Aurrekoetxea, tal y como apunta El Salto y ha podido confirmar Moncloa.com, fue contratada por Carlos Alzaga solo 2 días antes de que este directivo decidiera asumir la cartera de Infraestructuras y Desarrollo Territorial en la Diputación de Vizcaya en sustitución del candidato Pradales.
El Correo también ha destapado el fichaje como secretaria en el Tribunal Vasco de Cuentas de Ane Miren Atín, hija de la asesora del organismo Amaia Ruiz de Biñaspre, que es a su vez secretaria del PNV en Álava.
Otro caso que golpea al PNV es el Davalor, que provocó la dimisión de uno de sus consejeros en Navarra y obligó a una consejera de Euskadi a declarar en los tribunales el pasado mes de diciembre.
EL ‘CASO DAVALOR’ GOLPEA AL PNV
La pesadilla del ‘caso Davalor’ ha resurgido en plena campaña de las elecciones vascas contra el Partido Nacionalista Vasco. Y es que eldiario.es desveló hace unas semanas que su consejera de Desarrollo Económico, la influyente Arantxa Tapia, tuvo que declarar en diciembre como investigada por presunto tráfico de influencias a raíz de una denuncia del expresidente navarro Jaime del Burgo.
La Fiscalía ha archivado la causa, pero la simple testificación de una consejera con tanto peso como Tapia compromete al PNV, que ya sufrió que este caso en Navarra se llevase por delante al también consejero de Desarrollo Económico, Manu Ayerdi, cuya causa finalmente también se archivó en este caso porque el juez instructor tardó más de un año en solicitar una prórroga (lo cual contraviene la Ley de Enjuiciamiento Criminal).
Ayerdi cayó políticamente a raíz de las controvertidas ayudas concedidas por el Gobierno foral a la quebrada Davalor Salud, que trató de comercializar un mecanismo de diagnóstico oftalmológico tras recabar 3,3 millones del Gobierno Vasco; 2,6 del Ejecutivo navarro; y 12 millones de euros de 3.000 pequeños ahorradores.
Cabe recordar que la decisión del Tribunal Supremo de abrir investigación contra Manu Ayerdi, consejero de Desarrollo Económico y Empresarial del Gobierno de Navarra y hombre fuerte del PNV navarro, provocó a inicios de 2021 su salida del Ejecutivo liderado por la socialista María Chivite.
El Gobierno foral dejó claro que en cuanto fuese investigado lo iba a dejar caer, tal y como lo exigía la ley navarra: «En el caso de que finalmente se admita la querella y Ayerdi sea considerado como investigado, sería de aplicación lo previsto en el artículo 68 de la Ley Foral 14/2004, de 3 de diciembre, del Gobierno de Navarra y de su Presidenta o Presidente, en virtud del cual los supuestos hechos presuntamente constitutivos de delito son los de prevaricación del artículo 404 del Código Penal y de malversación de caudales públicos del artículo 432 del citado código».
«Dicho artículo explicita que, en dicho escenario de admisión de la querella y de declaración como investigado, Ayerdi dejará ser consejero del Gobierno de Navarra bien, en primera instancia, a voluntad propia o bien por decisión por parte de la persona que en su día le otorgó la confianza, es decir, la Presidenta del Gobierno de Navarra», añadía el texto legal.
