El Gobierno de la Junta de Andalucía ha condenado las más de 1.500 agresiones que han sufrido los sanitarios en centros y hospitales del Servicio Andaluz de Salud en 2023 mientras realizaban su trabajo, y más de 13.000 en el conjunto de España. Más de la mitad de los casos andaluces se produjeron en centros de Atención Primaria (un 60%) y el resto, en hospitales.
Según el Registro Informático de Agresiones de Centros (RIAC), en 2023 hubo un total de 1.564 agresiones, de las cuales 287 fueron físicas y 1.277 verbales. Del total de agresiones registradas, el 40,16% fueron en hospitales y el 59,84%, en centros de Atención Primaria.
Por provincias, Almería registró 92 (16 físicas y 76 no físicas); Cádiz, 199 (26 física y 173 verbales); Córdoba, 149 (23 físicas y 126 verbales); Granada, 177 (48 físicas y 129 verbales); Huelva, 142 (25 físicas y 117 verbales); Jaén, 139 (26 físicas y 113 verbales); Málaga, 278 (61 físicas y 217 verbales), y Sevilla, 388 (62 físicas y 326 verbales).
AGRESIONES A SANITARIOS EN EL 061
El Centro de Emergencias Sanitarias 061 de Andalucía también registró nueve agresiones en 2023, lo que supone un incremento del 13% con respecto a 2022, aunque sigue siendo un 55% menos que en 2021, año en el que se produjeron 20 agresiones. En este caso, todas fueron físicas y han aumentado en el caso de los hombres, pasando de 3 a 8 casos, mientras que se ha reducido en el de las mujeres de 5 a 1.
Por provincias, el mayor número de agresiones se han producido en Cádiz (3), seguida de Málaga y Sevilla (2 en cada una) y de Jaén y Almería con 1 caso, respectivamente. En cuanto a los lugares en los que ha ocurrido la agresión, el 33% ha sido en un recinto hospitalario, el 22% en domicilio, 22% en uvi móvil y 22% en vía pública.
El sindicato de Enfermería, SATSE, ha denunciado el incremento de los casos durante el año 2023, casi un 11% más que en 2022, denunciando la lacra que suponen las amenazas, insultos, descalificaciones, empujones, puñetazos, etc., en las consultas, y sobre todo a enfermeras y enfermeros por su atención más cercana, estrecha y permanente con el paciente. SATSE reclama que se acelere la tramitación de la denominada Ley de Autoridad de Profesionales del SSPA, para establecer un régimen sancionador para los usuarios de SSPA.
Por suerte, algunos casos llegan a ser castigados por la justicia. Los letrados del Servicio Andaluz de Salud (SAS) lograron el año pasado 51 sentencias condenatorias y la tipificación de 22 casos como delitos de atentado. Además, los centros sanitarios públicos andaluces cuentan con más de 49.000 dispositivos de seguridad.
165.000 SANITARIOS FORMADOS PARA PREVENIR
¿Qué está haciendo la Junta de Andalucía para reducir las agresiones a sanitarios? El 12 de marzo, Día Europeo contra las Agresiones a Profesionales Sanitarios, pusieron el foco en este problema y rechazaron cualquier tipo de violencia en la sanidad. Además, la Junta gobernada por el PP está formando a los profesionales en prevención, gestión o acompañamiento en situaciones conflictivas. Hasta ahora se han formado cerca de 165.000 profesionales.
En concreto, cerca de 125.000 profesionales han realizado el Curso de Control en Situaciones Conflictivas (donde aprenden a mantener la calma, escuchar para atender, acentuar lo positivo, exponer los argumentos con tacto, atacar el problema y no a la persona, evitar culpar, hacer el tipo correcto de preguntas…) y más de 40.000 profesionales han realizado el Curso del Plan de Prevención y Atención frente a Agresiones a Profesionales del Sistema Sanitario Público de Andalucía en sus diferentes ediciones.
También hay 722 profesionales que se han formado en lo que se conoce como ‘profesional guía’. Se trata de la persona que acompaña, asesora y apoya al trabajador que sufre la agresión. Andalucía, por tanto, ha implementado medidas de protección legal de los profesionales sanitarios gracias a la nueva Ley de Función Pública, que reconoce a los profesionales del SAS como autoridad pública.
También destacan los talleres presenciales que se están realizando en todos los distritos, áreas de gestión sanitaria y hospitales, en los que desde 2017, en que se pusieron en marcha, se han formado cerca de 1.000 profesionales.
De este modo, a través del Plan de Prevención y Atención frente a las Agresiones a Profesionales de la sanidad pública se está realizando una apuesta especial por la formación y capacitación de los trabajadores del SAS, pero también por la implementación de medidas de seguridad en los diferentes centros y la protección legal de los profesionales.
Esta última se ha materializado recientemente gracias a la nueva Ley de Función Pública de Andalucía, con el reconocimiento de autoridad pública a los profesionales del SAS, procurando así la protección que les es debida en el ejercicio de sus funciones y responsabilidades.
49.000 DISPOSITIVOS DE SEGURIDAD PARA SANITARIOS
Junto a la apuesta por la formación y la capacitación, también destacan el gran número y la diversidad de medidas de seguridad que se están implementando en los centros sanitarios. Actualmente, los centros andaluces cuentan con más de 49.000 dispositivos de seguridad de distinto tipo, entre los que destacan 4.325 cámaras de seguridad, 5.452 timbres en consultas, 16.103 terminales en puestos de trabajo en consultas con el software antipánico instalado y 718 alarmas individuales, un nuevo dispositivo que está en fase de pilotaje y que parece ejercer un efecto disuasorio hacia el agresor y una mayor rapidez de actuación entre compañeros y vigilantes de seguridad.
El Plan habilita también canales ágiles y rápidos para que la persona que sufre una agresión, ya sea verbal o física, no esté sola después de ser agredida. Además, se facilita atención psicológica durante el tiempo que sea necesario y asesoría jurídica para quien decide denunciar. Durante 2023, los letrados del SAS han realizado 264 asistencias. Además, se han logrado 51 sentencias condenatorias y la tipificación en 22 casos de delito de atentado.
Todas estas acciones y otras muchas que se incluyen en el Plan de prevención y atención a agresiones del SAS se realizan siempre bajo una estrecha colaboración y coordinación entre centros sanitarios, delegaciones de Salud y Consumo, servicios centrales del SAS y Consejería de Salud y Consumo, facilitando información continua a las organizaciones sindicales. En esta línea, el 18 de marzo se celebrará la Mesa Técnica de Riesgos Laborales junto a las organizaciones sindicales, durante la que se analizarán de forma pormenorizada los datos de agresiones registradas durante 2023.
A nivel nacional, fue en 2012 cuando el Senado aprobó una moción que encomendaba al Gobierno a reforzar la figura del profesional sanitario. En 2015 se llevó a cabo una reforma del Código Penal para incluirlos como autoridad pública. En 2017 el Ministerio del Interior proporcionó la instrucción o protocolo de actuación a las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad, creando en 2020 la APP Alertcops. Ese año también se creó el grupo de trabajo para crear las bases del sistema de información de agresiones y el de análisis y estudio de agresiones, que empezó a funcionar un año después.
