El Tribunal Supremo decidió a finales de febrero, en contra del criterio de la Fiscalía, imputar delitos de terrorismo a Carles Puigdemont y al diputado de ERC Rubén Wagensberg Ramón, miembro además de la mesa del Parlament catalán y autoexiliado en Suiza desde finales del año pasado, cuando sospechó que el Supremo iba a imputarlo. Ambos están acusados de estar detrás del bloqueo del aeropuerto barcelonés de El Prat en octubre de 2019 y del intento de colapsar el de Barajas en la misma fecha.
La participación de Puigdemont parece clara, pero la imputación de Wagensberg resultó novedosa, excepto para los investigadores de la Guardia Civil que identificaron al diputado Wagensberg como el usuario «Konan» en la aplicación de mensajería Wire, que «si bien habían sido eliminados y no permiten situar el orden, ni identificar quien habla en cada momento, han podido ser recuperados y han posibilitado analizar determinadas cuestiones que, al haber sido suprimidas intencionadamente por el usuario del dispositivo, pretendían no ser visibles por evidentes cuestiones de seguridad», explica la Guardia Civil en sus informes para el juzgado de Instrucción 6 de la Audiencia Nacional, que en total imputó a una docena de personas, pero sólo estas dos están aforadas y por eso hubo que acudir al Supremo.
CONVERSACIONES INTERCEPTADAS
Las conversaciones interceptadas por la Guardia Civil «se enmarcan temporalmente en el período comprendido entre los años 2019 y 2020 y más concretamente entre el 12 de octubre de 2019 (antes de la publicación de la sentencia) y el 30 de mayo de 2020». Supuestamente el movimiento Tsunami Democrátic nació como respuesta ante la condena por parte del Tribunal Supremo a los políticos del Procés por la fallida Declaración unilateral de Independencia de Cataluña. El Tribunal Supremo solo se ha pronunciado por dos de los imputados, ya que son los únicos aforados, uno por ser diputado en Europa, Carles Puigdemont, y el otro en el Parlamento de Cataluña, Rubén Wagensberg.
El diputado Wagensberg está considerado por la Guardia Civil como uno de los artífices del movimiento Tsunámi, al menos en todo lo relativo a la estrategia de comunicación. Se trataba de generar una plataforma en internet con una aplicación móvil que reuniera a todas las personas dispuestas a realizar acciones de protesta civil como la toma de aeropuertos o el corte de carreteras.
Entre estas acciones, «Tsunami Democrátic planeó llevar a cabo una movilización que desestabilizara la regularidad y estabilidad del tráfico aéreo del aeropuerto de El Prat como protesta a la sentencia del Tribunal Supremo por el juicio del “procés” y cerrar los accesos del centro de control aéreo Enaire de Barcelona-Gavà. La acción se llevó a cabo el día 14 de octubre de 2019 y se difundió a través de los canales oficiales de Tsunami en las distintas redes sociales», según la investigación.
ACCIONES COORDINADAS
El sumario recoge también que «la acción se empieza a coordinar a las 9:37 horas de la mañana del día 14 marcando lugares de reunión y envío de comunicados donde imparten las instrucciones a seguir por los manifestantes. A las 13:04 horas, en los canales oficiales de Tsunami comienzan a dirigir las movilizaciones hacia el Aeropuerto Josep Tarradellas-El Prat. A través de la aplicación de mensajería Telegram los responsables de Tsunami envían billetes para poder acceder al interior del aeropuerto y sortear las medidas de control. Esta algarada trajo consigo, el retraso y cancelación de más de un centenar de vuelos».
Además, «se produjeron importantes altercados públicos o cortes por parte de los manifestantes de las vías de acceso a la instalación aeroportuaria. Paralelamente, la plataforma TSUNAMI intentó llevar bloquear los accesos al Aeropuerto de Madrid–Barajas mediante una marcha lenta de coches que fue minuciosamente planificada».
Pero ¿cómo se relacionan todas estas acciones con el diputado Rubén Wagensberg, alias Konan? Según los investigadores, a través de «una conversación de Soler (Oriol) con el usuario “Konan” en la que discurren cuál es el mejor momento de anunciar la “acción de Madrid”, en clara referencia al intento de bloqueo de los accesos del aeropuerto de Madrid – Barajas y en el que mencionan a una persona que responde a las siglas “XV” y que tendría capacidad para decidir cuál es el mejor momento, pudiéndose tratar de Xavier Vendrell Segura (ex diputado de ERC)».
Oriol Soler es un empresario encargado de las acciones de comunicación junto a Wagensberg. Usaba el alias Rigoberta en las aplicaciones de mensajería y es uno de los pocos imputados en la causa que sigue viviendo en Cataluña, ya que nueve de los doce investigados viven fuera de España, entre ellos Vendrell (alias Escobar) que vive en Colombia actualmente.
Soler trabajaba mano a mano con Wagensberg, bajo el alias Rigoberta. Lo hacía, según los investigadores, con «capacidad de decidir» y con «Konan hablan del desarrollo y lanzamiento de la aplicación Tsunami Democrátic, poniendo el acento en la necesidad de que se efectúen cuantas pruebas sean necesarias para evitar fallos cuando se lance en el día que califican como Dia S». Ese día sería precisamente el 15 de octubre de 2019, un día después del bloqueo del aeropuerto de Barcelona y el intento de repetirlo en Madrid.
Para la Guardia Civil «resulta significativo la mención a hablar sobre Madrid en lo que parece la antesala de la acción que Tsunami trató de acometer en el aeropuerto de Madrid Barajas, y cuya finalidad sería emular los actos de boicot realizados de forma simultánea en el aeropuerto de Barcelona El Prat».
Incluso los independentistas ya habían redactado un comunicado de prensa que pretendían publicar en el diario El País, la cadena Ser o la agencia Efe: «el independentismo pretende colapsar los accesos a Barajas como respuesta a la sentencia «hemos aprendido mucho y llevamos meses preparando una estructura capaz de organizar de forma eficiente a los cientos de miles de personas que están indignados con retroceso de los derechos civiles que representa la sentencia del Supremo». Tsunami Democrátic nace para recuperar la iniciativa política, está preparado para afrontar un reto de largo recorrido, el mismo que han tenido históricamente los movimientos de desobediencia civil no violenta, y se quiere centrar en el objetivo de conseguir que el estado reconozca el problema político que le plantea el pueblo catalán y se siente a hablar».
Para los investigadores de la Guardia Civil, «ambos interlocutores tienen capacidad de decisión y están estudiando el mejor momento para lanzar la app Tsunami Democrátic, la cual quieren que sea publicada en conjunción con dos elementos: una gran acción de movilización social y una estrategia comunicativa planificada». Tsunami también convocó manifestaciones en las calles de Barcelona, cortes de tráfico en la AP7 e incluso el bloqueo de la frontera con Francia y actos de protesta como el protagonizado durante el partido de fútbol entre Barcelona y Real Madrid de aquel año.
Quedaría por determinar todavía si la muerte del ciudadano francés de 64 años, tras sufrir un infarto después de caminar 4 kilómetros para llegar a su vuelo, sería imputable o no a los organizadores de los altercados.
CALIFICACIÓN DEL SUPREMO CON RESPECTO A PUIGDEMONT
En relación con los hechos acaecidos ese día en el aeropuerto de Barcelona, explicaba el Supremo en su última resolución, que «son susceptibles de ser entendidos como delitos de detención ilegal o coacciones el día 14/10/2019 en el bloqueo de la entrada y salida al Aeropuerto de El Prat de Barcelona por una multitud de personas congregadas con falsos billetes de avión y tarjetas de embarque».
La resolución añadía que «se impidió el acceso de usuarios y tripulaciones y se aisló la torre de control del aeropuerto, donde se quiso obligar a permanecer a los controladores aéreos, con la idea de provocar la paralización del aeropuerto y la suspensión masiva de vuelos, en una situación de absoluto caos y violencia en la que Tsunami Democrátic actuando con perfecta coordinación y llevando sus miembros pasamontañas que cubrían sus rostros, emplearon instrumentos peligrosos y artefactos de similar potencia destructiva a los explosivos, tales como extintores de incendios, vidrios, láminas de aluminio, vallas, carritos metálicos o portaequipajes, que lanzaron contra los agentes de la autoridad».
Para la Sala, también se ocasionaron lesiones de especial gravedad a miembros de los Cuerpos de Seguridad del Estado, causadas mediante sustancias peligrosas y artefactos de pirotecnia
Para la Sala, también se ocasionaron lesiones de especial gravedad a miembros de los Cuerpos de Seguridad del Estado, causadas mediante sustancias peligrosas y artefactos de pirotecnia. «Lesiones subsumidas, en principio, algunas de ellas en el art. 149 CP y que estarían en concurso ideal con delitos de atentado a agentes de la autoridad, causadas con instrumentos peligrosos, perpetrados en el aeropuerto de El Prat y en las calles de Barcelona, mediante el lanzamiento de piedras, adoquines, láminas de aluminio y barras de hierro contra los agentes, en medio de la formación de barricadas, quema de bidones inflamables y contenedores».
Además, el Alto Tribunal consideraba «que se cometieron falsificaciones masivas y continuadas de billetes de avión y tarjetas de embarque que llevaron a cabo los organizadores de la acción estratégica de TD para lograr que un gran número de personas accedieran de forma irregular a las instalaciones de la T1 y T2 del aeropuerto de El Prat».
Respecto a Carles Puigdemont, la imputación del Supremo señalaba que «Carles Puigdemont estuvo informado de la constitución del grupo organizado para la subversión del orden constitucional y desestabilización grave de las instituciones democráticas, impidiendo a los poderes públicos cumplir sus resoluciones» y además Puigdemont estuvo directamente implicado en la campaña para promocionar y dar a conocer públicamente el movimiento «Tsunami Democrátic».
La Sala de lo Penal del Supremo explicó que incide que en este caso «aquella pluralidad de indicios acredita dominio funcional del hecho, liderazgo absoluto, autoría intelectual y asunción de las riendas del actuar típico, de tal manera que hubiera podido evitar la lesión del bien jurídico y el recorrido del iter criminis, retirando su apoyo carismático, pero lejos de eso animó a seguir en las acciones violentas que se desarrollaron con su conocimiento y consentimiento».
