Luchar contra la delincuencia organizada y el narcotráfico en la provincia de Cádiz se ha convertido en una prioridad para la Policía Nacional, la Guardia Civil y jueces, que han pedido refuerzos al Gobierno de España.
La Asociación Judicial Francisco de Vitoria ha enviado un escrito a la Comisión Permanente del Consejo General del Poder Judicial, con una serie de propuestas para paliar la situación actual de los juzgados de primera instancia e instrucción en localidades como Barbate o La Línea de la Concepción y San Lúcar de Barrameda en Cádiz (19 en total), así como los de Ayamonte y Moguer en Huelva.
Sergio Oliva Parrilla, magistrado y portavoz nacional de la Asociación Judicial Francisco de Vitoria, agradece al Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) que haya tenido en cuenta su informe que advierte de la sobrecarga de trabajo que estos órganos judiciales soportan como consecuencia de la tramitación de causas complejas por delitos relacionados con el narcotráfico.
Sergio Oliva no está muy contento con el Gobierno de Pedro Sánchez, pues asegura que el nuevo texto de la Ley de Amnistía «es perverso, porque busca trasladar al poder judicial lo que es o no amnistiable, bajo una redacción intencionadamente confusa y ambigua, provocando que cualquier tipo de interpretación válida sea calificada de prevaricación», pero espera que sí haga caso al refuerzo que le han demandado desde el CGPJ.
REFUERZOS POR SOBRECARGA DE TRABAJO
La asociación Juezas y Jueces para la Democracia en Andalucía (JJpD) defendió la capacidad y formación de los magistrados que llegan al Campo de Gibraltar abogando por «separar jurisdicciones» en los juzgados mixtos donde se llevan causas civiles y penales. Si bien, el consejero de Justicia de Andalucía, José Antonio Nieto, reclamó también jueces más experimentados al subrayar que «hay jueces recién salidos de la escuela judicial que están deseando salir de ese entorno porque no es el más adecuado y que están muy poco tiempo en la zona». Al día siguiente, tras el revuelo que ocasionó sus declaraciones y la reivindicación de la Junta General de Jueces de Algeciras para que no se les descalifique, el consejero mostró su absoluto respaldo a los magistrados de Campo de Gibraltar.
Ante la duda de que los juzgados de instancia son o no eficaces en la lucha contra la delincuencia en general y, particularmente, contra el narcotráfico, Cristina Meré, jueza de la Línea de la Concepción, detalló que están de acuerdo con el consejero en que les hacen falta más medios personales y materiales, pero también insistió en que no se les culpabilice tan a la ligera, pues velan por el cumplimiento de las garantías procesales de todos los intervinientes.
Los dos juzgados mixtos de Barbate tenían un total de 3.496 asuntos en trámite
En estos días ha trascendido que los dos juzgados mixtos con sede en el municipio gaditano de Barbate tenían un total de 3.496 asuntos en trámite cuando finalizó el segundo trimestre de 2023, de los cuales 1.479 de la jurisdicción civil y 2.097 de la penal. En cambio, en la localidad asturiana de Grado, también con dos juzgados mixtos, el número de causas pendientes ascendía en la misma fecha a 938, de las cuales 444 corresponden a la jurisdicción civil y 494 de la penal.
El juzgado de Primera Instancia e Instrucción número 2 de Barbate tiene en tramitación 1.042 diligencias previas, siendo la más antigua de ellas de 2013, de las que 79 causas son calificadas como «complejas» habiendo registrado 853 asuntos del orden jurisdiccional civil en el año 2023.
Según la AJFV, en civil se ha dado un aumento llamativo de las causas, pues en 2019 se registraron 681 asuntos y se ha pasado a 2023 con un registro de 853 asuntos civiles. En la actualidad, está tramitando 10 causas penales con presos, teniendo en situación de prisión preventiva a 23 personas.
Ha de tenerse en cuenta además que, en una población como Barbate, un juzgado tiene asignadas las funciones de Registro Civil y el otro tiene atribuida la competencia en materia de violencia contra la mujer, lo que supone también tener que atender causas que no admiten demora en las decisiones a adoptar. «Esta situación se produce igualmente respecto de otras poblaciones a lo largo de todo el litoral andaluz».
REFUERZOS DE JUECES Y AGENTES
Entre las diversas propuestas presentadas por la AJFV, la Comisión Permanente ha decidido remitir al Ministerio del Interior una propuesta que recoge el establecimiento del refuerzo de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado con medios para la persecución de los delitos en relación con el narcotráfico.
La Comisión Permanente recibió el escrito de la AJFV con el informe que habla de la sobrecarga de trabajo el pasado 27 de febrero. Y a la vista de las diversas propuestas de la AJFV, ha acordado dar traslado al Ministerio de la Presidencia, Justicia y Relaciones con las Cortes de Félix Bolaños de las cuatro que requieren reformar la Ley Orgánica del Poder Judicial y la Ley de Enjuiciamiento Criminal.
Dichas propuestas son: la asunción por la Audiencia Nacional de la competencia sobre los delitos de narcotráfico, independientemente del ámbito en el que se desplieguen sus efectos; liberar al juez instructor de la resolución de recursos de reforma y limitar los supuestos en los que quepa interponer recursos de apelación contra decisiones del instructor; establecer un complemento salarial de peligrosidad y/o penosidad en las zonas consideradas especialmente conflictivas por la investigación de delitos como el narcotráfico, el blanqueo de capitales u otros similares vinculados a organizaciones o grupos criminales; y la implantación de los Tribunales de Instancia a medio plazo y unificación de los sistemas de gestión procesal.
Asimismo, ha trasladado la propuesta relativa al refuerzo de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado con medios para la persecución de esos delitos al Ministerio del Interior de Fernando Grande-Marlaska. A su vez, ha puesto en conocimiento de la Junta de Andalucía y del Ministerio de Justicia la propuesta consistente en una mejora en la dotación de medios materiales y personales, incluyendo el nombramiento adicional de Letrados de la Administración de Justicia y funcionarios.
ZONA DE ESPECIAL SINGULARIDAD PARA CÁDIZ
La Asociación Unificada de la Guardia Civil (AUGC) ha agradecido el apoyo de los jueces y ha recordado que el pasado 16 de febrero, el sindicato volvió a enviar al Ministerio del Interior un Plan Integral para luchar contra la delincuencia organizada en su ámbito de redes delictivas que trafican con diferentes tipos de droga en el marco de la lucha contra el narcotráfico en la Provincia de Cádiz, donde la prioridad es que la provincia de Cádiz sea declarada como Zona de Especial Singularidad.
Esta denominación implicaría la declaración de Profesión de riesgo para los guardias civiles y policías allí destinados, el incremento de los medios, así como modificar varias medidas legislativas y la especialización de los juzgados contra el narco, entre otras medidas de especial relevancia, que resultan coincidentes con las que se proponen por AJFV.
Tanto a los Cuerpos y Fuerzas de Seguridad del Estado como a los jueces les urge que se implemente esta propuesta, más aún a la vista del asesinato de dos guardias civiles el pasado día 9 de febrero en el puerto de Barbate, convencido de que «el Ministerio del Interior tiene la ineludible obligación de dar respuesta».
