El PSOE entierra por completo el Código Penal al otorgar la amnistía a los encausados por el ‘procés‘. La enmienda transaccional pactada con Junts y ERC, a la que se adhieren el resto de socios separatistas, como el PNV, Bildu y BNG, incluirá finalmente los delitos de malversación y terrorismo, siguiendo así las leyes europeas y no la legislación española.
El PSOE entierra por completo el Código Penal y el reglamento de la Mesa de la Comisión de Justicia del Congreso de los Diputados para sacar adelante las enmiendas de la ley de amnistía, a pesar de ser rechazada en el pleno. El presidente de este órgano, Francisco Lucas Ayala, no ha dado a conocer ni la motivación ni los razones para aceptar las enmiendas transaccionales pactadas por el PSOE, Junts y ERC a última hora de la tarde de este pasado miércoles. Tan solo se ha limitado a decir que se aceptan las transaccionales con tres votos a favor y dos en contra, sin dar ninguna explicación, a pesar de que así lo estipula el reglamento.
EL PSOE, EL REGLAMENTO, TAPAR A KOLDO Y LA DEBACLE
En un giro de 180 grados, el PSOE de Pedro Sánchez trata de tapar por completo el caso Koldo y su debacle en las elecciones gallegas con una modificación de la norma tumbada por Junts el pasado mes de enero en el Congreso de los Diputados. Los socialistas aseguraron que no habría cambio alguno, que la ley era perfecta y que daba cabida a todos los investigados, multados y sancionados durante el ‘procés’, pero incluirá también otros asuntos, como la malversación de Laura Borràs, expresidenta del Parlament e investigada por supuestamente trocear contratos públicos para entregárselos a un amigo.
El caso Borràs es uno de los choques entre Junts y ERC. Los postconvergentes liderados por Carles Puigdemont se han negado por activa y por pasiva a excluir a uno solo de los suyos, mientras que desde el bloque de Oriol Junqueras consideran que este troceamiento de contratos no debía incluirse en la amnistía. No obstante, los republicanos han aceptado la malversación al asegurar que no hubo lucro personal, a pesar de destinar fondos públicos, del contribuyente, para la causa separatista.
EL DELITO DE TERRORISMO Y LA NUEVA INTERPRETACIÓN DEL PSOE
Asimismo, el PSOE trata de cerrar el paso al juez Manuel García Castellón, que instruye en la Audiencia Nacional el caso Tsunami Democràtic, como al juez Pablo Llarena en el Tribunal Supremo, que trata de sentar en el banquillo a Puigdemont por terrorismo. Los socialistas tratan de vender el delito de terrorismo solo bajo las directrices del derecho comunitario europeo, como si el Código Penal español fuera una ley de segunda o fuera de la normativa europea.
Sea como fuere, ha habido pacto y Junts ha vuelto a mostrar su dureza a la hora de negociar, sin retroceder ni ceder, mientras el PSOE y ERC se han plegado a sus exigencias y tratan ahora de montar el argumento para explicar y justificar la causa que pesa sobre Borràs. Por ahora, la expresidenta del Parlament no se ha pronunciado públicamente, pero ha exigido entrar dentro de la amnistía, como lo están también Artur Mas y el resto de consejeros de la Generalitat implicados en la consulta del 9-N de 2014.
De esta forma, el Tribunal de Cuentas tendrá que cerrar la causa, por la que han pagado una fianza de más de 5,2 millones de euros por malversación de fondos públicos, es decir, destinar dinero del contribuyente a otros fines, como la independencia de Cataluña.
BOLAÑOS Y LOS GRANDES ACUERDOS SIN CONSENSO
Félix Bolaños, ministro de Presidencia, Justicia y Relaciones con las Cortes, ha obtenido el apoyo de los socios de investidura a pesar de encontrarse con esta transaccional prácticamente en el momento de votarla, una muestra más del control que tiene el PSOE sobre el PNV, BNG, Bildu, Sumar y Podemos. Esta última formación se ha mostrado muy crítica en las formas de actuación del Gobierno y del PSOE al no consensuar «grandes acuerdos», y más con la amnistía, pero la queja se ha transformado en un sí para la amnistía bajo la justificación de siempre: despolitizar la justicia.
No obstante, en ningún caso se persiguen ideas o ideologías, muestra de ello es que ERC y Junts han gobernado la Generalitat incluso con el 155, una aplicación que votaron también los socialistas, incluidos los catalanes, con foto de Salvador Illa con Vox, Ciudadanos y PP.
Bolaños tenía atado de antemano, a excepción de Podemos, todos los apoyos. Muestra de ello es que el PNV y Bildu no han ni necesitado releer el texto para aprobarlo. De hecho, el PNV ha retirado sus propias enmiendas a la ley tumbada en el Congreso de los Diputados el pasado 30 de enero. Y es aquí donde radica todo el meollo del asunto.
LUCAS AYALA, EL PROTAGONISTA DE UNA DECISIVA COMISIÓN
El reglamento de la Cámara Baja señala que si una ley es tumbada en el pleno debe iniciar todo su trámite parlamentario para volver a tramitarse, una demora que duraría meses, incluso siendo de urgencia. Lejos de seguir el reglamento, como acusan PP y Vox, el presidente de la Comisión de Justicia, Lucas Ayala, tan solo se ha limitado a decir que las peticiones de los ‘populares’ y conservadores han sido rechazadas por tres votos a dos, sin más explicaciones, a pesar de la normativa de la Mesa, que exige un razonamiento y motivación.
Asimismo, no ha habido dictamen ni informe alguno sobre estas transaccionales a pesar de que la ley orgánica que las sustenta quedó derogada. Desde el PP aseguran que estudiarán el caso y no descartan acudir al Tribunal Constitucional de urgencia, dado que el trámite parlamentario podría demorarse aún tres meses, siempre y cuando el Senado no retrase aún más su tramitación. Con este tiempo, Puigdemont podría presentarse a las europeas y volver a Cataluña, también con la opción de ocupar la candidatura a la Generalitat.
Vox, por su parte, ha recordado el rechazo de enero por mayoría absoluta y recuerda que la normativa debería iniciar de nuevo todo su trámite parlamentario, tal y como estipula el artículo 131 del reglamento. Según esa norma, los proyectos y proposiciones de Ley Orgánica, como la ley de amnistía, se tramitarán por el procedimiento legislativo común, con las especialidades establecidas en la presente Sección.
LA CLARIDAD DEL REGLAMENTO POR LA AMNISTÍA
«Su aprobación requerirá el voto favorable de la mayoría absoluta de los miembros de la Cámara en una votación final sobre el conjunto del texto. La votación será anunciada con antelación por la Presidencia de la Cámara y, si en ella se consigue la citada mayoría, el proyecto será remitido al Senado. Si, por el contrario, aquella no se consiguiese, el proyecto será devuelto a la Comisión, que deberá emitir nuevo dictamen en el plazo de un mes», ha destacado. Pero no ha habido dicho dictamen ni un debate sobre el mismo. Eso sí, el hecho es que finalmente se ha aprobado una enmienda transaccional a una ley orgánica rechazada.
Durante la discusión de un artículo la Mesa podrá admitir a trámite nuevas enmiendas
La normativa, además, se rige también por el artículo 114 del reglamento del Congreso. Lucas Ayala ha apelado al 114.3, que reza de la siguiente forma: «Durante la discusión de un artículo la Mesa podrá admitir a trámite nuevas enmiendas que se presenten en este momento por escrito por un miembro de la Comisión, siempre que tiendan a alcanzar un acuerdo por aproximación entre las enmiendas ya formuladas y el texto del artículo». «También se admitirán a trámite enmiendas que tengan por finalidad subsanar errores o incorrecciones técnicas, terminológicas o gramaticales», añade.
no se ha votado artículo alguno sino una serie de enmiendas transaccionales
No obstante, no se ha votado artículo alguno sino una serie de enmiendas transaccionales, que rige el artículo 114.1 y 114.2. «Concluido el informe de la Ponencia, comenzará el debate en Comisión, que se hará artículo por artículo.
En cada uno de ellos podrán hacer uso de la palabra los enmendantes al artículo y los miembros de la Comisión», señala el reglamento. No obstante, no ha habido informe -no ha dado tiempo físico- ni tampoco un debate sobre el mismo. Además, el siguiente punto indica que las «enmiendas que se hubieren presentado en relación con la Exposición de Motivos se discutirán al final del articulado, si la Comisión acordare incorporar dicha Exposición de Motivos como preámbulo de la ley», destaca.
De esta forma, el preámbulo deberá ser modificado al calor de las enmiendas pactadas, que modifican la visión del delito de terrorismo en el estricto sentido que marca el derecho comunitario, pero este delito está contemplado en España en el Código Penal, con un sentido más amplio, como cualquier acto que trate de subvertir el orden constitucional; suprimir o desestabilizar gravemente el funcionamiento de las instituciones políticas o de las estructuras económicas o sociales del Estado, u obligar a los poderes públicos a realizar un acto o a abstenerse de hacerlo; alterar gravemente la paz pública; desestabilizar gravemente el funcionamiento de una organización internacional; provocar un estado de terror en la población o en una parte de ella.
LA AMNISTÍA DEL PSOE, CONTRA EL CÓDIGO PENAL
Con el referéndum del 1-O y los gravísimos disturbios de mediados de octubre de 2019, los jueces del Supremo y la Audiencia Nacional consideran que las hordas lanzadas por Tsunami Democràtic realizaron actos de terrorismo al bloquear infraestructuras críticas, como las autovías y el aeropuerto de El Prat, con el resultado de un muerto.
El PP ha recordado que la Mesa de la Comisión debe proceder a la calificación de las enmiendas y además con una justificación y motivación, pero de poco ha servido con el «tres votos a favor y dos en contra» de Lucas Ayala.
Tanto Vox como el PP han pedido suspender la comisión de Justicia para llevar a cabo la deliberación en la Mesa. «Que menos que se ampare a los diputados para ejercer el derecho para estudiar la enmienda», han sostenido. Lucas Ayala ha dado un breve receso de 20 minutos antes para poder leer el texto y rechazar acto seguido las propuestas.
