No valían para los sanitarios baleares, pero sí para la «población civil». El 28 de junio de 2021 Julio Miguel Fuster Culebras, director general de la Consejería de Salud y Consumo de las Islas Baleares respondía así a una pregunta sobre las mascarilla compradas a Soluciones de Gestión y Apoyo a Empresas, la empresa central de la trama Koldo.
El abogado Ramiro Grau pedía a través del Portal de Transparencia de Baleares el 21 de abril de 2021 conocer todo lo relativo a las mascarillas adquiridas a Soluciones de Gestión. Lo hizo directamente a la presidenta de Baleares, pero la respuesta llegó firmada por Julio Miguel Fuster, director de Salud balear.
Fuster explicaba que «se hizo el pedido 4501707751 de fecha 29/04/2020 por una cantidad de 148.500 unidades de mascarillas por un valor de 3.701.500 euros (a 2,50 euros + IVA la unidad). Éste fue uno de los múltiples ofrecimientos que se hicieron al Servei de Salut de les Illes Balears por esa época, con la particularidad de que el suministro era inmediato ya que tenían el material en Madrid y se encargaban del transporte».
«SE PLANTEÓ SU POSIBLE DISTRIBUCIÓN A LA POBLACIÓN CIVIL»
Pero es en el tercer punto de la respuesta donde contó José Miguel Fuster que «cualquier compra se evalúa técnica y económicamente. En este caso, al revisar la documentación, pero no disponer de muestras físicas de dicho material se decidió aceptar dicho ofrecimiento y enviar las mascarillas a analizar».
ARMENGOL Y LAS MASCARILLAS
«Hay que indicar, no obstante, que en esa época se nos planteó tener un estoc (sic) de mascarillas para su posible distribución a la población civil y dichas mascarillas podían cumplir ese objetivo independientemente del resultado del análisis», señaló. Es decir, que daba igual el grado de protección, insuficiente como se comprobó después para los sanitarios de las Islas Baleares, ya que podía ser distribuidas para el resto de la población «independientemente del resultado del análisis».
El gobierno de Francina Armengol, actual presidenta de Las Cortes y tercera autoridad del Estado, ya se había gastado 3.701.500 euros en la compra de 1.480.600 mascarillas FFP2, además de pagar otros 56.715,24 euros en concepto de «servicios de gestión necesarios para adquisición y trámites aduaneros de pedidos de material sanitario COVID».
Pero gran parte de esas mascarillas eran defectuosas y el gobierno balear inició por este motivo la reclamación de 2,6 millones de euros de los 3,7 pagados, a pesar del planteamiento inicial de un stock, tal y como la propia presidenta de Las Cortes dijo el pasado martes en una rueda de prensa para dar explicaciones de esta gestión.
ARMENGOL Y SU RECLAMACIÓN MUERTA
Pero los plazos se fueron pasando y la reclamación fue muriendo en un limbo administrativo que la trama Koldo aprovechaba a su favor, con la presunta intermediación de Koldo García, ex asesor del ministro Ábalos que prometía a los empresarios que el asunto estaba resuelto y que Baleares desistiría de reclamar los 2,6 millones de euros. Una reclamación cuyo estado real se desconoce a día de hoy, ya que ni siquiera la UCO de la Guardia Civil ha sabido plasmar en su investigación como se encuentra ese asunto, mientras la presidenta anterior y la actual se culpan una a la otra de no haber pedido ese dinero.
En su comparecencia Armengol dijo que «compramos a decisión de los técnicos del servicio de salud, legalmente con contratos bien hechos y gente seria que decidía comprar según el precio y según la calidad del material que necesitábamos. En este caso hablamos de un contrato de 3,7 millones que se nos vendieron como FFP2».
«Era abril de 2020. Lo mandamos todo a analizar y cuando tuvimos los resultados supimos que no eran malas ni fake pero no filtraban como FFP2 y por ello se decide almacenarlas», señaló. «Se trabaja entonces para ver cuál es la diferencia de precio con las quirúrgicas y poder reclamar», dijo, pero ni rastro de que se valoró distribuirlas entre la población balear a pesar de saber que no tenían la protección FFP2.
