El PNV defenderá el próximo martes en el Pleno del Congreso su proposición de ley para reformar la Ley de Secretos Oficiales de 1968 con el fin de posibilitar la desclasificación de documentos en un plazo máximo de 25 años.
Se trata de una antigua reclamación del partido nacionalista, que ya presentó hace ocho años y que llegó a ser tomada en consideración por el Pleno la pasada legislatura, pero que quedó enterrada en decenas de prórrogas de enmiendas porque el Gobierno de coalición decía que iba a presentar su propia reforma.
Y al final de legislatura el Gobierno de Pedro Sánchez presentó su propio proyecto de Ley de Información Clasificada que fue considerado insuficiente por los nacionalistas y por partidos de izquierda y que en todo caso tampoco pudo salir adelante por la disolución de las Cortes.
Ahora el PNV busca adelantar los trámites y ha decidido llevar a votación el martes la toma en consideración de la proposición de ley que registró el pasado mes de agosto, nada más arrancar la legislatura.
La idea del PNV es que en toda clasificación de una materia se establezca el plazo de su vigencia, no pudiendo superar los veinticinco años para materias calificadas secretas y los diez años para las reservadas, salvo que el Consejo de Ministros disponga su prórroga excepcional y motivada, en el exclusivo caso de las materias secretas, por un nuevo período máximo de diez años.
LA LEY DE BOLAÑOS, CRITICADA POR LOS SOCIOS
Son condiciones menos restrictivas que las que planteaba el Ministerio de Presidencia de Félix Bolaños, en cuyo anteproyecto etablecia que, desde la entrada en vigor de la ley, lo máximo que podrá permanecer secreta una información serán 65 años.
En concreto, para la de alto secreto se fija un plazo de 50 años, prorrogable otros 15; la secreta lo será por 40, más diez de prórroga; la confidencial entre siete y diez años y la restringida entre cuatro y seis. Cumplidos los plazos máximos, tendrá que ser automáticamente desclasificada, si bien, los plazos inicialmente fijados podrán ser revisados por la autoridad que en día clasificó la información si considera que se puede publicar antes.
«No existe la posibilidad de que algo esté clasificado de por vida», resumía el ministro Bolaños, que tildaba de «razonables» sus plazos. Sin embargo, esas pautas no sólo fueron criticados por el PNV y otros partidos de oposición, sino por el entonces socio del Gobierno de coalición, Unidas Podemos, que ya prometia enmiendas para modificarlo.
