La Sala Segunda de lo Penal del Tribunal Supremo inadmitió en marzo de 2021 una denuncia contra José Luis Ábalos con los mismos datos que ahora investiga la Fiscalía Anticorrupción tras una amplia investigación de la UCO de Guardia Civil. El abogado y profesor de derecho zaragozano Ramiro Grau acudió ante el Alto Tribunal porque entonces el ministro Ábalos era aforado. La denuncia fue presentada en noviembre de 2020, pero hasta marzo de 2021 el Supremo no se pronunció desfavorablemente.
Sin embargo, ahora los mismos contratos han acabado con la imputación y detención de Koldo García Izaguirre, ex asesor y mano derecha de Ábalos durante su etapa en el Ministerio, de su hermano Joseba García y su pareja sentimental, Patricia Úriz. La Guardia Civil también detuvo en la misma causa a los empresarios Víctor de Aldama e Íñigo Rotaeche. Todos quedaron libres con medidas cautelares este jueves tras negarse a declarar.
La denuncia del abogado y profesor de Derecho Ramiro Grau iba contra el ministro Ábalos por considerarle responsable último de la compra de 5 millones de mascarillas FFP2 por 12,5 millones de euros a la empresa Soluciones de Gestión y Apoyo a las Empresas, entonces una pyme con sede en Zaragoza y administrada por el empresario José Ángel Escorial Senante. El nombre de Escorial Senante aparecía en los famosos «Papeles de Panamá» por una sociedad radicada en Malta.
ÁBALOS Y LA URGENCIA
La compra de este primer lote de mascarillas fue realizada por el procedimiento de urgencia sin que saliera a concurso público, en los peores momentos de la pandemia, y se hizo a través del Administrador de Infraestructuras Ferroviarias (Adif) en el mes de abril de 2020. Algunos meses después se conoció que este cargamento contenía alguna partida defectuosa, en concreto de las 7.500 mascarillas enviadas a Salvamento Marítimo (Sasemar) 5.300 eran defectuosas.
Toda aquella información fue recabada por el abogado zaragozano Ramiro Grau, que firmó la denuncia contra Ábalos ante el Tribunal Supremo. Cuando Grau solicitó a través del Portal de Transparencia del Estado información sobre las mascarillas defectuosas la respuesta de Adif fue que «esta queja se trasladó desde Adif a la empresa Soluciones de Gestión y Apoyo a las Empresas SL, quien se encargó de reponer las 5.300 mascarillas y de retirar las defectuosas».
El segundo contrato denunciado ante el Supremo por Grau fue el que concedió Puertos del Estado a esta misma empresa. Puertos del Estado, también dependiente del Ministerio de Transportes, encargó ocho millones de mascarillas por valor de 24,2 millones de euros. En total la denuncia hablaba de algo más de 36 millones de euros contratados por el ministerio de Ábalos entre los dos contratos.
El Ministerio del Interior, con 3,4 millones y los gobiernos autonómicos de Canarias y Baleares también suscribieron contratos por la vía de urgencia con esta misma empresa. Grau amplió posteriormente su denuncia inicial al Gobierno canario de entonces presidido por el socialista Víctor Torres, pero no llegó a ampliar su denuncia a Interior ni al gobierno balear por este mismo asunto.
De hecho, el 3 de marzo de 2021, según cuenta el propio Grau a MONCLOA, «el Supremo desestimó la denuncia contra el ministro -Ábalos- por los delitos de prevaricación, cohecho, tráfico de influencias, malversación de caudales públicos, negociaciones y actividades prohibidas a los funcionarios y abuso en ejercicio de su función por corrupción en transacciones internacionales», y declaró el archivo de la misma.
Sin embargo, el Supremo dejaba la puerta abierta a que el resto de denunciados, no aforados, es decir los empresarios, pudiesen ser investigados. En el caso del ministro Ábalos «venían a decir que los ministros podían adoptar estas decisiones por el establecimiento del Estado de Alarma. En este país resulta muy difícil que un ministro responda por este tipo de delitos», explica Ramiro Grau.
DENUNCIA A LA UCO Y USO DE FONDOS EUROPEOS
Tras el archivo en el Supremo la misma denuncia fue enviada a la UCO de la Guardia Civil y a la Fiscalía Anticorrupción. «Solo me contestaron de la Fiscalía para decirme que abrirían una investigación y que la remitían a la Fiscalía europea, porque se habían usado fondos europeos para realizar esas compras», añade el abogado Grau.
Todas las denuncias fueron recogidas en un pequeño libro que el profesor de Derecho publicó y en un post de un blog de Grau titulado «Chanchullo del dinero público. Ábalos y José Ángel Escorial, la extraña pareja».
José Ángel Escorial era el antiguo administrador de Soluciones de Gestión y Apoyo a las Empresas. Pero tras el cambio de administrador en la empresa de las mascarillas, que nombró a una empresa, Purdey Investment (actualmente inactiva) como nuevo administrador, Escorial pasó a ocupar el cargo de Director General de Soluciones de Gestión y Apoyo a Empresas, que curiosamente en su epígrafe sobre actividades internacionales recogía que «no importa ni exporta». En total la empresa facturó por estos dos contratos más un tercero con Interior 40,5 millones de euros.
La empresa de las mascarillas recogía que no importa ni exporta
En diciembre de 2020 el grupo parlamentario Vox en el Congreso de los Diputados realizó una pregunta escrita sobre los motivos que le llevaron a adjudicar los contratos a esta empresa y no a otra. Desde el Ejecutivo la respuesta fue que «no consta» ninguna causa por la que no se le debiera asignar ninguna licitación pública: «Antes de la contratación con esta empresa, los órganos de contratación recabaron, de acuerdo con la normativa vigente en materia de contratación pública, la escritura de constitución de la empresa y certificados de la AEAT y de la Seguridad Social, que la empresa está al corriente de sus obligaciones tributarias y de cotización», fue la respuesta oficial.
Sin embargo, Ramiro Grau sostenía en la denuncia presentada ante el Supremo que «la firma Soluciones de Gestión y Apoyo a Empresas está administrada por la empresa Purdey Investment con sede en Madrid y según la Certificación del Registro Mercantil figura como deudor fallido de la AEAT con fecha 12 de diciembre de 2017», es decir que el Estado habría contratado con una empresa administrada por otra que debe dinero a Hacienda.
Según la misma denuncia de Grau, «el señor Ábalos ha organizado un sistema para adquirir trece millones de mascarillas, prácticamente para abastecer a más de una cuarta parte de la población española, realizando el encargo a una sola empresa, siempre la misma, que casualmente no se dedica al abastecimiento de material sanitario, ni tiene relación alguna con este sector o gremio profesional, realizando la adjudicación a dedo y valiéndose de dos organismos sometidos a su autoridad, Puertos del Estado y Adif (…)».
ADELANTO DE DINERO
Además, la denuncia de Grau recogía que el Ministerio de Ábalos adelantó parte del dinero para poder realizar esas compras: «En el caso de ADIF se acredita que el Ministerio otorgó el 27 de marzo de 2020 un anticipo de aval por el importe del 50% del suministro de mascarillas, por importe de 6.250.000 euros, a la empresa Soluciones de Gestión y Apoyo a Empresas».
Tanto la empresa como José Ángel Escorial y el propio ministro Ábalos denunciaron a Grau por el contenido de su libro y las manifestaciones vertidas en un blog. El juicio contra los dos primeros ya se celebró y Grau salió victorioso, pero la vista por la demanda de Ábalos todavía no se ha celebrado.
