El juzgado central de Instrucción número 6 de la Audiencia Nacional, que investiga a varios políticos y empresarios independentistas dentro de la causa Tsunami Democratic, ya intentó el 3 de diciembre de 2019, mediante una comisión rogatoria enviada a Suiza, localizar a Marta Rovira, secretaria general de Esquerra Republicana de Cataluña (ERC), para citarla a declarar dentro la investigación.
El correo fue atendido por el Departamento Federal de Justicia y Policía DF-J el 14 de enero de 2020 y contestado desde Berna, capital suiza, el 26 de marzo de 2020.
La conclusión de las autoridades helvéticas, recogida en tres folios, fue que «lamentamos vernos obligados a denegar la asistencia por todos los motivos invocados». El encargado de firmar la negativa fue Guillaume Rousseau, jefe de la oficina federal Suiza. En aquella ocasión el juez Garcia Castellón solicitaba la colaboración de las autoridades suizas no por el delito de terrorismo sino por «desórdenes públicos».
Sin embargo, dio igual porque entre los motivos invocados para rechazar la petición de auxilio los suizos entendieron que «estaba que «la solicitud se refiere a infracciones consideradas por la parte requerida como infracciones políticas o como infracciones relacionadas con infracciones políticas» y por tanto, la desestimaron.
La asistencia jurídica podrá denegarse entre otros motivos si la solicitud se refiere a infracciones consideradas por la parte requerida como infracciones políticas
Suiza apeló también al artículo 2 del Convenio europeo de Asistencia Jurídica en materia penal que «dispone que la asistencia jurídica podrá denegarse entre otros motivos si la solicitud se refiere a infracciones consideradas por la parte requerida como infracciones políticas o como infracciones relacionadas con infracciones políticas». Es decir, que basta con que Marta Rovira considere que hay un trasfondo político en la petición del juez para negarse a responder ante la Justicia española y Suiza le da la razón.
CALIFICACIÓN PENAL SIMILAR
Sin embargo, Guillaume Rousseau añade luego en su argumento que «aunque los hechos descritos en la solicitud española tienen una calificación penal en la legislación suiza, el carácter político del delito, si existe delito, constituye en todo caso un motivo de inadmisibilidad suiza en materia de asistencia jurídica penal (…)».
Este episodio fue el primero de los desencuentros entre la justicia española y la suiza por el caso Tsunami. Tras esta primera negativa el juez pidió la filiación en Suiza de Marta Rovira y datos sobre una cuenta bancaria en el CIM Banque Genève-Wollerau-Lugano. Ambas informaciones le fueron negadas.
RESPUESTA INADMISIBLE DE SUIZA
Pero García Castellón recurrió esta segunda decisión mediante un auto, que consideró «manifiestamente inadmisible» e «incongruente» la explicación de la Confederación Helvética (Suiza) y su negativa a aportar los datos solicitados.
El instructor cree que los actos de Tsunami se enclavan dentro de las actividades terroristas porque esta plataforma bloqueó el acceso al aeropuerto barcelonés de El Prat durante las jornadas de protestas contra la sentencia del Tribunal Supremo que condenó a los encausados en el procés catalán.
Los manifestantes provocaron que una ambulancia no pudiese pasar y un ciudadano francés falleció al no poder ser atendido. Tampoco los controladores aéreos pudieron cambiar el turno, lo que puso en peligro la navegación aérea de aquel día. Pero para Suiza el caso es «politico».
García Castellón, que ha sido magistrado de enlace con Francia e Italia en algunas ocasiones, también ha pedido auxilio en esta causa judicial a las autoridades de Países Bajos, Estados Unidos y Canadá.
