Koldo García Izaguirre, el hombre de confianza del ex ministro y diputado socialista José Luis Ábalos, era detenido este pasado martes acusado de varios delitos de corrupción. El Juzgado Central de Instrucción número 2 de la Audiencia Nacional ordenaba a la UCO de Guardia Civil su detención y la de otras 20 personas relacionadas, además de 26 registros en varias provincias de España, sobre una posible compra fraudulenta de mascarillas durante la pandemia del Covid 19.
Sin embargo, el PP quiere vincular al ministro Ábalos con toda la trama y la Guardia Civil investiga si existe o o no alguna relación directa con la empresa adjudicataria de los contratos. El exministro ya se ha apresurado a decir que no tiene nada que ver con todo este asunto y que el primer sorprendido es él.
De momento, Izaguirre está acusado de quedarse cerca de 10 millones de euros en comisiones por intermediar entre el Ministerio de Transportes, donde ocupó un cargo de asesor en Renfe Mercancías, el Ministerio del Interior y algunas Comunidades Autónomas para que adjudicasen concursos de urgencia a una empresa en concreto, que habría ingresado 53 millones de euros en estas operaciones. Sin embargo, desde el PP se insiste en señalar directamente al ministro Ábalos y consideran a Izaguirre sólo un peón en toda la trama.
EL ASESOR DE ÁBALOS, IMPUTADO POR ORGANIZACIÓN CRIMINAL
El antiguo asesor y mano derecha del ministro Ábalos está acusado por supuestos delitos de organización criminal, tráfico de influencias y cohecho. Junto a él, fue arrestada también su mujer, Patricia Uriz Iriarte y el empresario y presidente del Zamora C.F., Víctor de Aldama. Pero los ‘populares’ siempre han sostenido que Koldo G. Izaguirre era en realidad el «hombre de paja» de José Luis Ábalos y por eso en su denuncia siempre apuntan al exministro, aunque no ha sido detenido en esta operación. La Fiscalía Anticorrupción de momento no acusa al exministro, que ya ha declarado estar al margen de cualquier ilegalidad.
El origen de la denuncia es el 10 de marzo de 2022 cuando el diputado Alfonso Serrano, en nombre del Grupo Parlamentario Popular de la Asamblea de Madrid, presentaba un escrito ante la Fiscalía Anticorrupción donde denunciaba «hechos con apariencia delictiva referidos» a 12 contratos por valor de 326 millones de euros y a 14 ayudas en forma de avales por un valor superior a los 800.000 euros.
En concreto, los populares incidían en esta denuncia sobre tres grandes contratos otorgados a la empresa Soluciones de Gestión y Apoyo a la Empresa, por un valor total de 40 millones de euros. Una empresa que pasó de facturar 0 euros en 2019 a recibir encargos de administraciones socialistas por más de 52 millones.
LOS CONTRATOS Y EL SUMINISTRO DE MASCARILLAS
Los contratos a los que el Grupo Popular hizo referencia eran el expediente E/019/20 que se denominó «Contratación para el suministro de mascarilla profilácticas a efectos de prevención del contagio COVID-19, adjudicado por Presidencia del Organismo Público Puertos del Estado, del Ministerio de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana. El 21 de marzo de 2020 se adjudicó a la empresa Soluciones de Gestión y Apoyo a Empresas S.L., un contrato para el suministro de mascarillas por valor de 24.200.000 euros, con IVA incluido.
Ese primer contrato se tramitó por el «procedimiento negociado sin publicidad y carácter de emergencia, por lo que no se solicitaron ofertas, procediendo a la adjudicación a la empresa de forma directa», según la denuncia.
El segundo contrato es el expediente 2.20/04110.0055 que se llamaba «Contratación para el Suministro de mascarillas FFP2», adjudicado por ADIF, del Ministerio de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana. Ese contrato se adjudicó a la misma empresa, en concreto un suministro de 5.000.000 de mascarillas FFP2, por un valor de 12.500.000 euros. Este contrato también «se tramitó por el procedimiento negociado sin publicidad y carácter de emergencia, por lo que no se solicitaron ofertas, procediendo a la adjudicación a la empresa de forma directa», según la denuncia.
EL TERCER CONTRATO, EN ABRIL DE 2020
El tercer contrato denunciado es el expediente 20V019, «Contratación para la adquisición de material de protección para el personal de la Secretaría de Estado de Seguridad del Ministerio del Interior, con motivo del COVID-19, adjudicado por la Subdirección General de Gestión Económica y Patrimonial del Ministerio del Interior.
La empresa lleva sin comunicar ningún proyecto desde la construcción de una central eléctrica en Angola en 2017
El 20 de abril de 2020 se adjudicó a la misma empresa, Soluciones de Gestión y Apoyo a Empresas S.L, el contrato para la «Adquisición de material de protección para el personal de la Secretaría de Estado de Seguridad», por un valor de 3.479.355 euros , IVA incluido. De la misma manera, que los anteriores «se tramitó por el procedimiento negociado sin publicidad y carácter de emergencia, por lo que no se solicitaron ofertas, procediendo a la adjudicación a la empresa de forma directa», añade la misma denuncia de los ‘populares’.
Según ya publicó el diario Vozpópuli, la empresa adjudicataria «lleva sin comunicar ningún proyecto desde la construcción de una central eléctrica en Angola en 2017. Por lo tanto, no parece que su actividad social tenga directa relación con el objeto del contrato, ni que tampoco pudiera tener actividad relevante en China, para poder ser un suministrador referente de mascarillas adquiridas en dicho mercado».
También llamó la atención de la Fiscalía Anticorrupción que la cifra de negocio de esta empresa en 2019 fuese de 0 euros frente a los 53.130.000 millones obtenidos en 2020 presuntamente como consecuencia de las adjudicaciones públicas directas relacionadas por el COVID-19.
LA AUDITORÍA DE AUREN
El auditor de la información económica de la empresa adjudicataria fue Auren Auditores, que en su informe del ejercicio 2020 apunta a que la actividad de esta empresa se centró en los contratos de material sanitario durante este ejercicio. «La totalidad de los ingresos de la sociedad provienen del suministro de equipos de protección individual a distintos entes públicos y privados», expone en sus cuentas publicadas en el Registro Mercantil, que son públicas y de acceso libre.
La Fiscalía también investiga «si hubo o no comprobación, tal y como determina el Consejo de Estado o el Tribunal de Cuentas, de la correlación del objeto social de la empresa con el del contrato, o su solvencia económica, a la hora de comprobar la idoneidad de la empresa para ser adjudicatario, sin que se haya justificado de forma expresa su no necesidad», según argumentan fuentes del Partido Popular.
Los investigadores de la Guardia Civil creen que Victor de Aldama, habría realizado las gestiones reales para la intermediación con un alto cargo del ministerio. También creen que el precio real de la adquisición fue de unos 11.000.000 euros frente a los 24,2 que pagó Puertos del Estado, en el primer contrato denunciado.
RELACIONES CON ÁBALOS
Según las investigaciones, la empresa adjudicataria Soluciones de Gestión y Apoyo Empresarial S.L, se constituyó en 1998, y tiene como objeto social la prestación de servicios generales de constitución, financiación, mantenimiento y funcionamiento de empresas, la investigación, desarrollo aplicación y venta de sistemas generadores de electricidad», aparentemente nada que ver con la medicina o la salud.
Su administrador único es otra sociedad llamada Purdey Investment S.L, cuyo administrador, a su vez es José Ángel Escorial Senante, también detenido en esta operación policial. Pero esa administración fue cancelada el 8 de julio de 2021 y asumió la representación de la sociedad Daniel Sierra Monedero, quien ya en el año 2020 era apoderado de Soluciones de Gestión y Apoyo empresarial.
Daniel Sierra Monedero constaba también como representante de la sociedad Global Capadocia S.L, cuya denominación cambió en febrero de 2022 a Comercializadora Pizarras Santa Barbara S.L, cuyo administrador único es la sociedad Brama Capital S.L.
Brama Capital S.L, antes tenía la denominación de Global Barbola S.L. Esta sociedad, se creó en febrero del 2020, con un capital social de 3.600 euros con dos administradores solidarios, Antonio Santiago Pérez y Guillermo Santiago Císter. Con posterioridad, tras ampliación del capital de la sociedad, de 3.600 a 400.000 euros, se registró el nombramiento como administrador único de Víctor Gonzalo de Aldama Delgado. El mismo día, 21 de diciembre de 2020, también se inscribió una nueva ampliación de capital de otros 400.000 euros, y cambió su denominación a Brama Capital S.L.
Por lo tanto, tras desenredar esta telaraña de sociedades, la Fiscalía creen que Víctor Gonzalo de Aldama Delgado tiene relación y vínculos directos con la empresa contratista de las mascarillas, Soluciones de Gestión y Apoyo Empresarial.
ÁBALOS EN MÉXICO
La Guardia Civil investiga ahora si existió alguna relación anterior de Aldama con Ábalos. En este sentido, intentan confirmar si una reunión en febrero de 2019 en México entre el senador mexicano Ricardo Monreal con el ministro Ábalos contó con la presencia de Victor de Aldama, en calidad de cónsul de Oaxaca. De ser cierto se daría la extraña paradoja de que en esas fechas el cónsul «oficial» era otro, en concreto Manuel Alonso Serrano, y por tanto la presencia de Víctor de Aldama en la misma no tendría mucho sentido.
Víctor de Aldama, además de tener intereses en bastantes sociedades es presidente ejecutivo del Zamora C.F, desde julio de 2018. Pero además, la UCO intenta confirmar si Rubén de Aldama, hermano de Víctor y también detenido por la Guardia Civil, habría formado supuestamente parte de la escolta de Ábalos en su etapa como ministro y cuando se adjudicaron los contratos.
EL PRECIO DE CHINA
La Fiscalía investiga también conversaciones via whatsapp donde constaría que el precio pagado al proveedor chino de las mascarillas por el primero de los contratos, impuestos incluidos y enviadas a Madrid fue, presuntamente, de unos 11,7 millones de euros. Si esto fuese cierto supondría que el precio que finalmente pagó Puertos del Estado fue de 24,2 millones, eso significa que Soluciones de Gestión y Apoyo Empresarial habría aplicado un porcentaje de beneficio equivalente al 100% del valor del suministro.
