Manuel García Castellón, juez de la Audiencia Nacional y encargado de la instrucción del caso Tsunami Democràtic, ve «manifiestamente inadmisible» e «incongruente» la explicación de la Confederación Helvética (Suiza) para aportar datos concretos de Marta Rovira, la dirigente de ERC y señalada judicialmente como la líder de Tsunami Democràtic, la plataforma utilizada para bloquear infraestructuras críticas, como la torre de control de Enaire en el aeropuerto de El Prat y las propias instalaciones de Aena, el gestor aeroportuario.
Estas acciones pudieron ser la causa principal de la muerte de un ciudadano francés, así como poner cientos de vidas humanas en riesgo al impedir el cambio de turno de los controladores áreos. Por este motivo, García Castellón apunta directamente a actos de terrorismo en sus autos, pero Suiza afirma que se trata de un «caso político».
García Castellón ha hecho gala de su carrera profesional, con más de 17 años de experiencia en el ámbito de la cooperación judicial internacional, poniendo de ejemplo su labor de magistrado de enlace de España con Francia a Italia en determinados casos. Esta tarea se basa en la «confianza entre las autoridades a la hora de atender a lo solicitado», ha destacado el juez en su dura respuesta a Suiza.
SUIZA SE INTERESA POR LA AMNISTÍA, PESE A NO ESTAR NI APROBADA
El magistrado de la Audiencia Nacional ha desgranado su relación con las autoridades de Suiza en el caso Tsunami Democràtic, que dada su magnitud y que Rovira se encuentra en el país helvético, huida desde 2017 tras arengar a miles de independentistas para bloquear y paralizar Cataluña tras la declaración unilateral de independencia de Carles Puigdemont, también prófugo de la justicia desde entonces y residente en Waterloo.
García Castellón envío un correo electrónico el pasado 27 de noviembre dirigido al Miembro Nacional de España en Eurojust para realizar una reunión de coordinación con carácter urgente, en el marco de la referida Agencia Europea, con las autoridades suizas competentes. El fin del encuentro era «aclarar cualquier cuestión relativa a esta Comisión Rogatoria». Casi dos meses más tarde, en otro correo fechado el pasado 19 de enero, se informó del traslado de la solicitud a la autoridad competente de Suiza. No obstante, no se recibió respuesta alguna desde el país considerado neutral.
GARCÍA CASTELLÓN Y LA EXTRAÑA SITUACIÓN CON SUIZA
Para García Castellón, la situación era particularmente extraña, más teniendo en cuenta la confianza recíproca entre ambos cuerpos judiciales que solía darse a lo largo de la historia. No había motivos para no efectuar la reunión, máxime cuando es la mejor opción para evitar intoxicación y ruido en este proceso. «Debe recordarse que la experiencia demuestra que la mejor manera de obviar comunicaciones reiterativas, referencias a noticias de prensa o equívocos es la comunicación directa entre las autoridades competentes», recuerda García Castellón en el auto al que ha tenido acceso MONCLOA y dado a conocer este martes.
Para el juez, resulta necesario materializar esta reunión de coordinación, como se ha hecho entre ambas jurisdicciones judiciales. Para ello, ha propuesto, dentro del marco de Eurojust, mantener un encuentro con Guillaume Rousseau, Office fèdèral de la justice OFJ, para aclarar personalmente las cuestiones referidas en la comunicación remitida al Ministerio de Justicia.
Así, invita a Suiza a ser partícipe en las comunicaciones a través Eurojust, a fin de poder dotar a la reunión de coordinación a la que se emplaza de la formalidad y agilidad necesaria, «evitando la participación de la autoridad central española -el Ministerio de Justicia- para una cuestión de naturaleza estrictamente judicial».
SUIZA Y SU CONEXIÓN CON BOLAÑOS
«… Nos enteramos por la prensa de que en España se estaba preparando una ley de amnistía para varios separatistas catalanes». Esta es una de las explicaciones de Suiza para rechazar la petición de García Castellón, al tiempo que pidió más información al respecto.
«Sería conveniente -continúa el país helvético-, entre otras cosas, que nos expliquen las posibles consecuencias de esta ley en el procesamiento contra los miembros de la plataforma Tsunami Democràtic, así como contra Marta Rovira, cuya pertenencia a la plataforma es difícil de determinar».
García Castellón, no obstante, recuerda que en las causas judiciales hay que respetar los valores democráticos primarios, donde son los jueces quienes juzgan y «hacen ejecutar lo juzgado». Es la función única, pero Suiza se ha dejado guiar por informaciones de la prensa, a pesar de que la ley de amnistía se ha tumbado en el Congreso con los votos de Junts.
«Corresponde a los jueces la tutela judicial efectiva de los ciudadanos, juzgado e interpretando las leyes que aprueban los órganos legislativos competentes», reafirma García Castellón en la dura respuesta a Suiza. «No es función de los jueces ni elaborar leyes ni participar en el proceso de su redacción, como tampoco lo es del poder legislador o el ejecutivo inmiscuirse en la función de juzgar, calificar o sentenciar», sentencia.
Suiza hizo referencia a la ley que se está preparando para pedir «explicaciones» al magistrado, todo ello en base a informaciones periodísticas. El propio magistrado evita darlas al tratarse de un asunto de «naturaleza hipotética» y que se carece de los elementos necesarios para dar una respuesta útil, tal y como ha sentenciado el Tribunal de Justicia de la UE (TJUE).
«La justificación de la remisión de prejudicial no es la formulación de opiniones consultivas sobre cuestiones generales o hipotéticas, sino su necesidad para la resolución efectiva de un litigio», señala la jurisprudencia del alto tribunal europeo. A juicio de García Castellón, este fallo es extrapolable a la cuestión planteada por Suiza.
LOS JUECES NO HACEN LEYES, RECUERDA GARCÍA CASTELLÓN A SUIZA
«No corresponde a los jueces formular opiniones consultivas sobre leyes en trámite, ni hipótesis sobre normas no publicadas ni en vigor, tal y como, de buen seguro, ocurre en Suiza», asesta el juez instructor del caso Tsunami Democràtic.
Semejante incoherencia podría hacernos pensar que el sesgo político más bien atiende a la voluntad del responsable que recibe la comunicación
De esta forma, deja claro que desconoce cualquier cuestión sobre la amnistía como tampoco se entiende el interés de Suiza en una normativa que no se ha aprobado. Así, advierte de la «incongruencia» en la petición de la comisión helvética, más cuando se ha puesto de manifiesto un supuesto trasfondo político que habría movido a la Audiencia Nacional.
«Semejante incoherencia podría hacernos pensar que el sesgo político más bien atiende a la voluntad del responsable que recibe la comunicación», ha destacado. «Puesto que se plantea una cuestión que nada tiene que ver con la función de este instructor, la respuesta no puede ser otra que abstenerse de consideración alguna», ha señalado.
GARCÍA CASTELLÓN BUSCA EL CHIVO EXPIATORIO
Por otro lado, el magistrado trata de encontrar al topo que ha filtrado la respuesta de Suiza a la petición sobre los datos de Marta Rovira. Para ello, ha acordado incoar una pieza separada y secreta para esclarecer la presunta comisión de un delito de revelación de secretos por parte de las autoridades o funcionarios que hayan podido tener conocimiento de la respuesta por las autoridades suizas a la comisión rogatoria remitida por este Juzgado Central.
En este sentido, ha ordenado a la Unidad Investigadora de la Guardia Civil, por sus funciones de policía judicial, para indagar en el asunto. En este sentido, ha pedido a los agentes «eludir cualquier información sobre el curso de la investigación a sus superiores, debiendo reportar directamente los avances de la investigación» al propio magistrado.
