José Luis Escrivá ya no es ministro de la Seguridad Social, aunque quedará para los anales del sistema público de pensiones como el que diseño su reforma en 2022 y 2023, porque fue en dos partes. Ahora, el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, le ha encargado llevar a cabo la transformación digital de España (emprendida por Nadia Calviño) y también digitalizar la Función Pública. Sobre este último aspecto, Escrivá asistió este lunes también a la reunión mantenida por Pedro Sánchez con los responsables de Microsoft con los que se ha pactado una inversión cercana a los 2.000 millones de euros para introducir la Inteligencia Artificial en la Administración Pública, entre otras cuestiones.
El ministro de Transición Digital y Función Pública ya tiene un primer borrador y entre sus proyectos para traer la Administración Pública al siglo XXI se encuentra que los funcionarios puedan tener acceso a la jubilación parcial.
La propuesta de Escrivá no pasa desapercibida porque la jubilación parcial de los funcionarios fue eliminada con la reforma laboral de la vicepresidenta y ministra de Trabajo, Yolanda Díaz. Y ahora Escrivá quiere recuperar ese derecho, según han confirmado fuentes de la federación de Función Pública de UGT a MONCLOA. Todavía está en los prolegómenos, y sin saber en qué condiciones se podrá realizar, lo que sí destacan es que con ello se acaba con una discriminación, ya que es un derecho que tiene reconocido el resto de los trabajadores.
Escrivá quiere incluir este aspecto en el acuerdo marco para una Administración del siglo XXI, y según explican en UGT la implantación de la jubilación parcial en el sector público es una «prioridad». Este lunes se reunió con los responsables de UGT Servicios Públicos y el área pública de CCOO para avanzar en el acuerdo marco.
La idea del ministro Escrivá es combinar la aplicación del acuerdo marco con la necesaria transformación de las administraciones públicas para lograr «una Administración más moderna, bien dotada y con servicios cada vez mejores», según ha escrito en su cuenta de X.
ESCRIVÁ TAMBIÉN HA HABLADO CON LOS SINDICATOS DE LA JORNADA DE 35 HORAS QUE QUIERE IMPLANTAR YOLANDA DÍAZ
Para los sindicatos, lo más importante es la implantación de la jubilación parcial para los funcionarios, además de mejorar el empleo público, el desarrollo de la clasificación profesional y rejuvenecer las plantillas. A ello suman otra competencia del ministerio de Trabajo de Yolanda Díaz, que ahora está negociando: la implantación de la jornada de 35 horas semanales. Según explican en UGT, Escrivá «ve factible y de justicia la implantación de la jubilación parcial en el mismo marco que el resto de los trabajadores».
Escrivá también quiere negociar para los funcionarios la jornada laboral de 35 horas o el teletrabajo
Dado que las competencias de Escrivá afectan a todo el funcionamiento de la Función Pública, el ministro también informó a las federaciones del sector de UGT y CCOO que en estos momentos se encuentra analizando la situación del empleo público. Por tanto, también incluye los perfiles profesionales o el dimensionamiento de las plantillas a fin de poder aplicar la clasificación y carrera profesional, además de evaluar el desempeño del trabajo realizado, el teletrabajo o la jornada laboral.
Asimismo, Escrivá ha confirmado a los responsables sindicales que los funcionarios tendrán una subida salarial del 2%, tal y como quedó pactado en el acuerdo 2022/2024. Dicho incremento de los sueldos se incluirá en los Presupuestos Generales del Estado de 2024, y si se retrasa su aprobación o no llegan a aprobarse, «en cualquier caso se cumplirá». Sobre este aspecto, las federaciones sindicales pidieron al ministro «fórmulas legislativas adecuadas para hacer efectiva la subida de 2024 sin tener que esperar a la ley de Presupuestos Generales del Estado».
LA NUEVA JUBILACIÓN PARCIAL PARA EL RESTO DE LOS TRABAJADORES ENTRÓ EN VIGOR EL 1 DE OCTUBRE DE 2023
La nueva jubilación parcial, aprobada en la reforma de las pensiones de Escrivá, entró en vigor el 1 de octubre de 2023. Desde el año pasado se ha incrementado en 2023 la edad mínima para acceder a la jubilación parcial con contrato de relevo. Esta edad se aplicará progresivamente hasta que en 2027 se llegue a los 63 años, para quien tenga más de 36 años y 6 meses cotizados, y 65 años en el resto de los casos (mutualistas). Es precisamente esta opción a la que no pueden acogerse los funcionarios, según la última reforma laboral de Yolanda Díaz.
Esta prestación se entiende como mitad de jubilación y mitad de trabajo a tiempo parcial, aunque de cara a la cuota de la Seguridad Social se equipara a tiempo completo, lo que contribuirá a mejorar la pensión de jubilación definitiva, o llegado el caso, la incapacidad permanente, muerte y supervivencia; incapacidad temporal, nacimiento y cuidado de menor. Desde esa misma fecha, la Seguridad Social tendrá en cuenta los periodos cotizados, cualquiera que sea la duración de la jornada realizada.
Ya entonces, UGT recuerda que estas modificaciones fueron posibles gracias a la doctrina del Tribunal Constitucional y al acuerdo alcanzado por el Gobierno y las organizaciones sindicales. Con todo, se ponía fin a la doble penalización que sufrían las personas trabajadoras a tiempo parcial (mujeres en su mayoría) al acceder a una pensión. «Por un lado, se les penalizaba con una forma injusta de computar los períodos trabajados parcialmente (coeficiente parcialidad), y por otro, por tener unas bases de cotización para calcular la pensión inferior a las que corresponden a tiempo completo».
Así se acaba en adelante con la discriminación que sufrían las personas trabajadoras a tiempo parcial, que tenían que trabajar durante más tiempo para poder cumplir con el periodo mínimo exigido para acceder a una pensión de jubilación. Con la última propuesta de Escrivá también se acabará con la discriminación de los funcionarios.
