Diferentes sindicatos policiales como AUGC (Asociación Unificada de la Guardia Civil), JUPOL (Justicia Policial) y JUCIL (Justicia Guardia Civil), y diferentes voces políticas dentro del PP y Vox, están haciendo hincapié para volver a presentar un plan o mociones donde instan al Gobierno de Pedro Sánchez para que reconozca a la provincia de Cádiz como Zona de Especial Singularidad (ZES) de manera «contundente, sin parches y sin improvisaciones».
Han sido numerosas las veces que el tema ha estado sobre la mesa desde 2020, cuando los diputados del PP Ana Vázquez, Carlos Rojas y Luis Santamaría registraron una pregunta sobre ello al Gobierno de Pedro Sánchez, que fue respondida por el Ejecutivo el 4 de febrero de 2021. Se volvió a preguntar en la Comisión de Interior del 11 de mayo de 2021 a propuesta del PP. En abril de 2022 en la Cámara Baja se llegó a votar una proposición no de ley (PNL).
Y hace escasos cuatro meses, el 10 de noviembre, el Gobierno volvió a responder a la propuesta que hicieron en octubre las diputadas Ana Vázquez e Isabel Borrego tanto para Cataluña como para Cádiz, que no procedía en la provincia andaluza por los buenos resultados del Plan Marlaska contra los narcos, tal y como detalla Libertad Digital.
CÁDIZ, PUERTA DE ENTRADA DE ESTUPEFACIENTES A EUROPA
Ahora, los sindicatos policiales se lo han vuelto a proponer al Ministerio del Interior de Fernando Grande-Marlaska, al que pidieron la dimisión sin éxito, con el objetivo de que haya un Plan Integral para luchar contra la delincuencia organizada en su ámbito de redes delictivas que trafican con diferentes tipos de droga en el marco de la lucha contra el narcotráfico en la provincia de Cádiz.
El grave y creciente problema de seguridad ciudadana en relación a la delincuencia que genera el narcotráfico en la provincia de Cádiz, como puerta de entrada de estupefacientes en Europa, es una cuestión que llevan años abordando, y que «nos vemos obligados a retomar a raíz de los trágicos sucesos ocurridos en Barbate, el pasado 9 de febrero», cuando asesinaron a dos compañeros guardias civiles en acto de servicio. Los profesionales están convencidos de que las muertes se podían haber evitado con más y mejores medios humanos y materiales en la zona.
Para ello, en AUGC han actualizado un meticuloso documento donde se desarrolla el Plan, tanto los antecedentes de la situación geoestratégica de la provincia de Cádiz como las reclamaciones de la reactivación de la unidad especializada en la persecución contra el narcotráfico y sus bandas, OCON-SUR, con su correspondiente consolidación y potenciación.
Entre sus propuestas está la declaración de la Zona de Especial Singularidad (ZES), que debería comprender, al menos, el conjunto del territorio formado por la provincia de Cádiz, la Ciudad Autónoma de Ceuta, y toda su área marítima de influencia, toda vez que las circunstancias que se analizan en este informe, afectan en mayor o menor medida al conjunto de Unidades desplegadas en esta demarcación, desde la desembocadura del Guadalquivir con las poblaciones de Trebujena, Sanlúcar de Barrameda y Chipiona, siguiendo por toda la línea de costa hasta el límite de provincia con Málaga.
GUARDIAS CIVILES Y POLICÍAS EXIGEN PROFESIÓN DE RIESGO
Del mismo modo, insisten al Gobierno de Pedro Sánchez para que incluya la declaración de profesión de riesgo para los guardias civiles y policías. «No reconocer la especial peligrosidad y penosidad que nuestra labor conlleva, no solamente es un sinsentido, sino que supone un agravio cuando otras policías locales o autonómicas ya contemplan índices reductores para el cómputo de la jubilación anticipada».
Según recoge el Real Decreto Legislativo 8/2015, de 30 de octubre, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley General de la Seguridad Social, existen profesiones con jubilación anticipada sin pérdida de poder adquisitivo, donde trabajadores que desempeñan actividades especialmente peligrosas pueden acceder a la pensión antes. «Policías y guardias civiles nos merecemos los mismos derechos».
También les parece de vital importancia ampliar el Catálogo de Puestos de Trabajo (CPT) que debería aumentar al menos, y en términos globales, en alrededor del 20% de las actuales plantillas del personal operativo y, al menos, en un 30% en los servicios de investigación.
Asimismo, urge un incremento de los medios y para ello debe hacerse un especial esfuerzo en aumentar y mejorar los medios materiales que, actualmente, se demuestran «rudimentarios» para combatir a los recursos cada día más sofisticados de los narcotraficantes.
Incluyendo los medios tecnológicos, los medios de autoprotección a los agentes, así como medios intermedios de defensa como son las pistolas táser, vehículos adecuados para la actividad delincuencial característica en la zona, como son las embestidas, ampliación de las unidades especializadas en el narcotráfico y blanqueo de capitales, logística adecuada para la gestión de vehículos, embarcaciones y mercancías aprehendida, puesto que su actual tratamiento y custodia recaen en las unidades del Cuerpo, restando recursos para la actividad propiamente policial, etcétera.
En la misma línea, los sindicatos que defienden a la Guardia Civil subrayan que es importante modificar varias medidas legislativas para mejorar la seguridad de los agentes y de la lucha contra el narcotráfico. Estas medidas van desde la modificación del Código Penal y endurecimiento de las penas por agresiones a los agentes hasta la persecución penal de la compra/venta y uso de embarcaciones rápidas del tipo utilizado en los delitos de contrabando y narcotráfico, entre otras que mencionamos y detallamos en el informe.
Pero las anteriores propuestas no son suficientes sin la implementación de medidas concretas que impidan la desmotivación de los guardias civiles dedicados a esta importante labor. Como son los incentivos profesionales, económicos y sociales para los guardias civiles y su unidad familiar.
DIMISIÓN O DESTITUCIÓN DE MARLASKA
En ese sentido, la portavoz del Partido Popular (PP) de San Fernando, en Cádiz, María José de Alba, ha presentado una de las mociones que su formación política elevará al próximo pleno municipal de su Ayuntamiento, destacando la urgencia de abordar el problema del narcotráfico que afecta gravemente a la seguridad en la provincia de Cádiz y la declaraziópn de Zona de Especial Singularidad.
«El reciente asesinato de dos miembros de la Guardia Civil, David Pérez y nuestro paisano Miguel Ángel González, mientras cumplían con la difícil labor de luchar contra el narcotráfico en la vecina localidad de Barbate, pone de manifiesto la necesidad apremiante de abordar la falta de medios materiales y humanos que ha aquejado durante años a nuestras fuerzas de seguridad en la zona», indicó la alcaldesa, que también solicita al Gobierno Central la destitución del ministro del Interior.
ES FUNDAMENTAL PROTEGER A AQUELLOS QUE NOS PROTEGEN, O DE LO CONTRARIO, ESTAREMOS DESPROTEGIDOS TODOS
La diputada nacional de Vox, Blanca Armario, también ha anunciado este lunes 19 de febrero en Sanlúcar de Barrameda que su Grupo Parlamentario en el Congreso seguirá presentando cuantas iniciativas sean necesarias para reforzar a las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad. Tras reunirse con los sindicatos de JUCIL y JUPOL, la diputada ha explicado que «es fundamental proteger a aquellos que nos protegen ya que, de lo contrario, todos los ciudadanos españoles también estamos desprotegidos y abandonados».
La diputada insiste en que ya en la legislatura anterior solicitaron que fuera declarada la provincia de Cádiz Zona de Especial Singularidad porque «el narcotráfico va en aumento y tiene mayor potencial en armas de fuego y cada vez es más violento». A través de diferentes iniciativas solicitaron que los agentes sean declarados profesión de riesgo, que Cádiz sea Zona de Especial Singularidad, mayor presupuesto y plantilla y se les dote de más medios materiales y recursos humanos y esa necesidad de protección judicial, que reclaman.
