Álvaro García Ortiz se ha convertido en el fiscal general del Estado más polémico desde la etapa de Cándido Conde-Pumpido, actual presidente del Tribunal Constitucional. García Ortiz no ha demostrado los méritos necesarios para ocupar el cargo, tal y como aseguró en un duro revés el Consejo General del Poder Judicial, pero el PSOE de Pedro Sánchez volvió a designarle a pesar de ello.
García Ortiz ha logrado unir a la mayoría de sus subalternos en su contra. Todo un hito dentro del Ministerio Público, que hasta ahora mostraba un criterio casi unánime a la hora de procesar a Carles Puigdemont, líder de Junts y prófugo de la justicia, desde Waterloo. La imagen trasladada a la opinión pública muestra a un fiscal general roto, como una marioneta al servicio de La Moncloa y del PSOE. Su reunión del pasado martes con el fiscal Álvaro Redondo es tan sólo el último precedente de las maniobras para tratar de salvar el asiento de Pedro Sánchez, presidente del Gobierno.
Redondo presentó un informe -al que oficialmente se le denomina «borrador»- para investigar a Puigdemont por un presunto delito de terrorismo al encabezar la plataforma separatista Tsunami Democràtic. Recibió los aplausos de sus compañeros en el Supremo, un criterio que se ajusta a los argumentos del juez de la Audiencia Nacional Manuel García Castellón. No obstante, el pasado martes se cambió el criterio. Puigdemont podría ser procesado por delitos relacionados con «desórdenes públicos», pero en ningún caso por terrorismo.
GARCÍA ORTIZ Y SU OPINIÓN CONTRARIA A LA MAYORÍA
García Ortiz se ha apoyado en todas las decisiones sobre su segunda en la cúpula de los fiscales, como en María Ángeles Sánchez Conde, quien fue escogida por la exfiscal Dolores Delgado. Sánchez Conde será la encargada de presentar el informe definitivo ante el Supremo en la causa de Tsunami Democràtic. Cabe recordar que el Tribunal Supremo anuló el ascenso a fiscal de sala de Dolores Delgado, realizado por el Gobierno de Pedro Sánchez a finales de 2022, tras dejar el cargo de fiscal general por no reunir los méritos necesarios. La decisión fue así arbitraria.
En el mismo embrollo está García Ortiz, quien tampoco ha dado el nivel exigido para poder ser fiscal general del Estado. El CGPJ, en una opinión no vinculante pero histórica, se opuso por primera vez a la decisión del Gobierno de mantenerle en el cargo. De los 16 miembros, quince rechazaron el nombramiento y solo uno, Enrique Lucas se ausentó porque su hermano, Pablo Lucas, fue uno de los cinco miembros del Tribunal Supremo que culparon a García Ortiz de una «desviación de poder» para ascender a Dolores Delgado.
EL SUPREMO Y EL CGPJ, CONTRA GARCÍA ORTIZ
De esta forma, el Gobierno estaría utilizando a la cúpula de la Fiscalía para sus propio fines. Muestra de ello son las continúas salidas a la palestra para asegurar que García Ortiz es neutral e independiente, pero los hechos apuntan a otra dirección. Asimismo, su liderazgo está en cuestión entre los fiscales, siendo el único miembro que no mostró una contundente condena a los ataques a los jueces desde diferentes ámbitos de la Justicia, como ocurrió con las graves acusaciones desde ERC, Junts, Sumar y del propio Gobierno, con Teresa Ribera. Su silencio ante estos hechos ha generado un profundo malestar entre sus colegas, así como en distintos estamentos judiciales.
Su último encontronazo ha sido con el informe de Álvaro Redondo, un conocido conservador en la carrera fiscal
Su último encontronazo ha sido con el informe de Álvaro Redondo, un conocido conservador en la carrera fiscal, y que cambió su criterio en tan solo cuatro días para considerar que los hechos cometidos por Tsunami Democràtic no son constitutivos de delito de terrorismo, a pesar de defenderlo con anterioridad. Redondo justificó su cambio de criterio porque lo había pensado mejor, pero ocurrió tras una reunión con García Ortiz.
La nueva tesis de la Fiscalía en el caso Puigdemont se alinea perfectamente con la mantenida por el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, quien ha asegurado que «todos saben que lo ocurrido en Cataluña no es terrorismo», como si fuera juez y parte, a pesar de que él mismo también ha cambiado su propio criterio.
EL OCÉANO DE DUDAS QUE DEJA GARCÍA ORTIZ
Con todo, aún no se ha despejado el oceáno de dudas que se ciernen como una tormenta perfecta sobre el fiscal general del Estado. ¿Por qué se reunió con Redondo en un momento tan crítico? ¿Por qué guardó silencio ante los ataques a los jueces? ¿Por qué se mantiene en un cargo donde ha dado el perfil idóneo, tal y como sentenció el Supremo y corroboró el CGPJ?
Cabe recordar, tal y como se ha establecido el criterio en la Fiscalía, que Álvaro García Ortiz tiene la última palabra a la hora de concretar los delitos para procesar a Carles Puigdemont, con los consejos públicos de Sánchez para evitar que sean por terrorismo.
No obstante, quedará ahora el criterio de la sala del Supremo, donde los cinco magistrados estudiarán los argumentos jurídicos de García Castellón y con absoluta independencia del criterio de la Fiscalía. Y es que, las acusaciones populares y particulares del caso insisten en el terrorismo para enjuiciar a Puigdemont.
Si el Supremo decide llevar la contraria a la Fiscalía, García Ortiz habría incumplido el cometido de frenar las acusaciones por terrorismo, un fallo quizá imperdonable para Pedro Sánchez, quien apenas admite errores a la hora de ejecutar una estrategia y un plan previamente establecido. Cabe señalar, además, el encontronazo de García Ortiz con el Senado tras negarse el fiscal general a emitir un informe no vinculante sobre la ley de amnistía.
