La delegación de la Comisión de Venecia que visitará esta semana España para informarse sobre la proposición de ley de amnistía se reunirá este jueves por la tarde en el Senado con representantes del PP, PSOE, ERC y Junts, entre otros grupos, según han informado fuentes parlamentarias.
Está previsto que los representantes de la Comisión de Venecia acudan al Senado en la tarde de este jueves y primero se reúnan con el presidente de la Cámara Alta, Pedro Rollán, y con la recién nombrada letrada mayor de la institución, Sara Sieira.
Y posteriormente, esta delegación de la Comisión de Venecia recibirá a puerta cerrada a senadores de los grupos parlamentarios en un orden establecido de mayor a menor representación en la Cámara Alta, y con un tiempo que oscilará entre los veinte y los treinta minutos por grupo.
De esta manera, han confirmado al menos su presencia en esta reunión representantes de PP, PSOE, ERC, Junts, Vox y UPN, aunque aún falta por conocer el nombre de los senadores que acudirán a esta cita en algunos grupos, como el caso de PSOE o Junts.
Quiénes sí que han informado de sus representantes en esta reunión es ERC, que ha dado a conocer que quienes acudirán serán los senadores Laura Castell, miembro de la Asamblea Parlamentaria del Consejo de Europa; Joan Queralt, especialista en Derecho Penal y fue letrado en el Tribunal Constitucional; y Sara Bailac, portavoz de ERC en el Senado y miembro de la Ejecutiva del partido.
Fuentes de ERC aseguran que estos tres senadores acudirán a la reunión con la delegación de la Comisión de Venecia para responder todo lo que le quieran preguntar y lo harán «convencidos» de la constitucionalidad de la ley de amnistía.
LOS MIEMBROS DE LA DELEGACIÓN
Los miembros de la delegación que viajarán a España son Marta Cartabia, ministra de Justicia italiana durante la etapa de Mario Draghi; el vicepresidente de la Comisión de Venecia, Martin Kujier; el exprimer ministro de Bulgaria Philip Dimitrov; y los juristas Regina Kiener, José Luis-Vargas, Simona Granata-Menghini y Pierre Garrone.
Además de con estos grupos, la Comisión de Venecia tiene previsto reunirse entre el jueves y el viernes con representantes del Gobierno y con expertos constitucionales en el Centro de Estudios Constitucionales. Su objetivo no será «en ningún caso» entrar a valorar si el texto es o no constitucional, sino analizar si se garantiza la separación de poderes, según precisó el ‘popular’ Javier Maroto.
En el Congreso, donde aterrizarán este jueves por la mañana, la visita estará gestionada por la Comisión de Justicia, que es la que tramita la proposición de ley que presentó el PSOE tras su pacto con los independentistas. Es el mismo procedimiento que se siguió en 2014 cuando otra delegación de la Comisión de Venecia analizó la Ley de Seguridad Ciudadana del entonces Gobierno de Mariano Rajoy, conocida por sus detractores como ‘ley mordaza’.
Además de la reunión con los grupos parlamentarios de la comisión, es posible que la visita incluya un encuentro institucional con la presidenta del Congreso, la socialista Francina Armengol, dado que son enviados del Consejo de Europa.
UN FUNCIONARIO SIN RESPONSABILIDAD POLÍTICA
A quien no verán será al secretario general del Congreso, Fernando Galindo, cuyo testimonio el PP veía muy relevante dado que su informe jurídico permitió tramitar la iniciativa. El letrado mayor recordó que es un alto funcionario que no tiene responsabilidad política en la ley, y la Mesa del Congreso, con los votos del PSOE y Sumar, le eximió de comparecer ante la delegación europea.
Eso sí, el Congreso ofrecerá a la Comisión de Venecia toda la información que precie sobre la tramitación de la iniciativa, y ello incluye, si lo estiman pertinente, los dos informes jurídico que se han redactado al respecto, uno al registrarse la iniciativa y otro cuando pasó a la comisión de Justicia.
En el primer informe, redactado por el equipo del secretario general, se advierten dudas de constitucionalidad en el texto del PSOE, pero no tan «palmarias» como para impedir su tramitación. En el segundo, hecho por las letradas de las comisión, se detallan esas sospechas de inconstitucionalidad, aunque se señala que habrá de ser el TC quien se pronuncie en su momento.
INFORME LISTO PARA MEDIADOS DE MARZO O ANTES
La Comisión de Venecia dio a conocer que publicaría su dictamen a más tardar para su sesión plenaria del 15 y 16 de marzo, aunque podría incluso acortar ese plazo. Sobre la mesa tiene una segunda petición, presentada por el presidente de la propia asamblea parlamentaria del Consejo de Europa, el socialista holandés Tiny Kox, para preparar un estudio más general sobre «los requisitos del Estado de derecho que una amnistía debe cumplir», que también deberá estar listo para mediados de marzo.
Las conclusiones de este órgano consultivo del Consejo de Europa no son vinculantes para los países miembro, pero es considerada una voz autorizada en materia de Estado de derecho, justicia y Derechos Fundamentales. Son precisamente sus estándares los que la Comisión Europea evoca en sus recomendaciones sobre Estado de Derecho cuando reclama a España la renovación urgente del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) y emprender, inmediatamente después, una reforma del sistema de elección de los vocales para que al menos la mitad sean elegidos por los jueces.
La Comisión Europea también está examinando la norma pactada por el PSOE con Junts y ERC, pero los servicios jurídicos de Bruselas no emitirán su opinión hasta que la ley haya cumplido su tramitación parlamentaria y adopte su forma definitiva, incluidas las enmiendas.
