Según los datos oficiales de la Seguridad Social, más de 2,15 millones de personas reciben el Ingreso Mínimo Vital (IMV), una ayuda no contributiva diseñada para asegurar ingresos mínimos a familias con bajos recursos y en riesgo de pobreza. No cumplir con los requisitos establecidos por la Seguridad Social puede resultar en la pérdida del IMV y en la obligación de devolver los pagos recibidos indebidamente.
El Ingreso Mínimo Vital (IMV) es una prestación económica destinada a garantizar un nivel mínimo de ingresos a personas y familias en situación de vulnerabilidad económica y social. Es una ayuda no contributiva que busca reducir la pobreza y la exclusión social, proporcionando un apoyo financiero mensual a aquellos que se encuentran en riesgo de carecer de recursos suficientes para cubrir sus necesidades básicas.
8OTRAS INFRACCIONES
No solo cometer infracciones puede conllevar la pérdida de la prestación, sino que también puede resultar en la imposibilidad de solicitar la ayuda durante un periodo de dos a cinco años, incluso cumpliendo con los requisitos. Es una situación que se puede dar en los siguientes supuestos:
- Falseamiento de la declaración de ingresos o patrimonio. Si una persona proporciona información incorrecta o falsa sobre sus ingresos o su situación patrimonial al solicitar o recibir el Ingreso Mínimo Vital, esto puede resultar en la pérdida de la prestación y en la imposibilidad de volver a solicitarla durante un periodo de dos a cinco años.
- Ocultación fraudulenta de cambios sustanciales. Si alguien oculta de manera intencionada cambios significativos en su situación personal o financiera que podrían afectar su elegibilidad para el Ingreso Mínimo Vital, esto también puede llevar a la pérdida de la ayuda y a la prohibición de solicitarla nuevamente durante dos a cinco años.
- Situaciones fraudulentas que lleven al acceso indebido de la prestación. Cualquier otra actividad fraudulenta que resulte en el acceso indebido al Ingreso Mínimo Vital puede tener consecuencias similares, incluida la prohibición de solicitar la ayuda durante un periodo específico.
Estas medidas se implementan para disuadir el fraude y garantizar que la prestación llegue a quienes realmente la necesitan, al tiempo que se protegen los recursos públicos.
