Junts tensa la cuerda con la amnistía del PSOE y pone en riesgo la legislatura de Pedro Sánchez. Los irredentos liderados por Carles Puigdemont han exigido cambios en la ley de amnistía tras las nuevas investigaciones judiciales tanto en la Audiencia Nacional como en el Juzgado de Instrucción de Barcelona, pesquisas lideradas por los jueces Manuel García Castellón y Joaquín Aguirre.
«Junts no podrá votar a favor de la ley de amnistía», apuntan fuentes conocedoras de la situación a Europa Press, confirmando así la información publicada este mismo martes en MONCLOA.com. De hecho, los separatistas no contemplaron la posibilidad de que García Castellón hiciera hacer valer el Tratado de Montreal sobre la seguridad en la aviación, un convenio firmado en 1972 y ratificado en el BOE en 1974.
LA ALTA TRAICIÓN ACORRALA A GARCÍA CASTELLÓN
De esta forma, Puigdemont se enfrentaría a un delito de «alta traición», que no contempla la amnistía, al poner en riesgo la seguridad aérea durante el bloqueo del aeropuerto de El Prat en octubre de 2019. En el caso del juez Aguirre, la investigación se cierne sobre el caso Volhov, que afecta directamente a Puigdemont y su mano derecha, Josep Lluís Alay, por sus vínculos con el Kremlin.
Puigdemont se enfrentaría a un delito de alta traición, que no contempla la amnistía
Las negociaciones con el PSOE se mantienen con tensión y a la espera de aprobarse la ley para después abordar una reforma. En definitiva, una chapuza para obtener los siete votos de Junts en la crucial votación de marzo, cuando se comience la tramitación de los Presupuestos Generales del Estado.
EL DIFÍCIL BORRADO DEL ‘PROCÉS’ CON JUNTS
Junts pretende llevar la negociación hasta el último momento, exigiendo tanto al PSOE como al resto de formaciones partidarias a otorgar el chantaje de Puigdemont a cambio de mantener el estatus en la Cámara Baja. En caso contrario, el PSOE tendría cada vez más complicado sacar adelante sus leyes y Sánchez se vería abocado a continuar aprobando decretos y convalidándolos en el Congreso.
A las 15.00 horas comienza el debate, pero no será hasta minutos antes de la votación cuando Junts dé a conocer el sentido del voto. Por el momento, el ‘no’ a la amnistía prevalece al no abarcar todos los casos judicializados. En caso contrario, la Comisión de Justicia volvería a ser la protagonista y tan solo se alargaría el tiempo para aprobarla. Mientras tanto, el PSOE se queda sin Presupuestos.
La exigencia de Puigdemont se centra en la amnistía para todos, es decir, más de 4.000 personas para cerrar el borrado total del ‘procés‘. No obstante, esta medida de gracia no logra su objetivo dado que más de 7.000 empresas se mantienen fuera de Cataluña. Se trata de la secuela más visible del órdago y desafío separatista desde 2017. «Sobre todo vista la deriva de distintos estamentos judiciales para boicotear la ley y dejar a muchos independentistas fuera», indican las fuentes.
En los juzgados, por otro lado, los tiempos marcan las pautas. García Castellón y Aguirre han alargado la investigación durante seis meses ante la complejidad de las causas abiertas, una decisión que ha sido recurrida por alguno de los afectados, como ha hecho Alay.
ALAY RECURRE EL ACTO DE GARCÍA CASTELLÓN
El recurso, consultado por Europa Press este martes, llega después de que el juez del Juzgado de Instrucción 1 de Barcelona, Joaquín Aguirre, prorrogó seis meses la instrucción de la trama rusa del ‘procés’, que implica, además de a Alay, al exresponsable de relaciones internacionales de CDC, Víctor Terradellas, y al informático Jaume Cabaní, entre otros.
El abogado de Alay, Gonzalo Boye, rechaza en el escrito la justificación del juez para alargar la instrucción y sugiere que se debe a «los compromisos mediáticos que tenga el titular de este Juzgado que le hayan llevado a adentrarse en el dictado de esta y otras resoluciones que poco o ningún apego a la legalidad tienen».
En este sentido, menciona la intervención del juez en una entrevista en la televisión alemana Das Erste, lo que el abogado avisa de que «será objeto de planteamiento separado, pero, desde ya se anuncia el deber de abstención del titular de este Juzgado ante lo inaudito que resulta que un juez conceda entrevistas y hable, sin tapujos, sobre un caso del que está conociendo».
La defensa de Alay añade sobre la prórroga de instrucción que «si lo que se pretende es mantener artificiosamente la pendencia de un procedimiento eso tiene su perfecto encaje en la vulneración de derechos fundamentales».
Considera que «solo una instrucción prospectiva, carente de cualquier base legal y constitucional, puede llevar ya 7 años sin que se haya alcanzado a nada razonable, mucho menos a algo serio y que no resulte del todo fantasioso».
