Feijóo espera que llegue la ley de amnistía al Senado, donde tiene mayoría absoluta, esta misma semana. Su objetivo será frenarla todo el tiempo que pueda mientras la Comisión Europea deberá pronunciarse sobre su legalidad. Pedro Sánchez y sus socios de investidura pasarán el último trámite este martes en el Congreso de los Diputados con la votación del texto definitivo. La futura norma se ha convertido en trending topic de todas las leyes que se han tramitado en las Cortes desde el referéndum de la Constitución.
Ríos de tinta y de declaraciones, manifestaciones se han producido desde las semanas previas a las que Sánchez y Puigdemont pactaron la investidura del líder socialista a la presidencia del Gobierno el 16 de noviembre. La polarización llevada al extremo.
Sin conocerse el texto, ya el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) emitió un primer dictamen en contra. Era el preludio de lo que estaba por llegar. Hasta estas dos últimas semanas en que otro debate dentro de la amnistía ha copado el interés político, si los actos cometidos durante el 1-O pueden considerarse terroristas.
Por fin este martes será la votación en el Congreso. Pedro Sánchez asegura que no hará más cambios en la amnistía pese a la presión independentista, ya que Junts y ERC insisten en que no queden fuera las acusaciones de terrorismo para evitar actuaciones como la del juez García-Castellón. El presidente del Gobierno aceleró los trámites de la norma, pidiendo que enero dejara de ser inhábil en el Congreso e incluso llevando del debate al Senado por encontrarse la Cámara Baja en obras. Este ‘acelerón’ se debió al compromiso de Feijóo de retrasar en el Senado todo lo que la ley le permita retrasar su tramitación, al tiempo que ha pedido la mediación de Europa para ‘tumbar’ la ley.
EL JUEZ GARCÍA-CASTELLÓN CONSIDERA QUE PUIGDEMONT VULNERÓ EL DERECHO A LA VIDA
Precisamente, el juez García-Castellón se ha convertido en protagonista por su cruzada contra la ley de amnistía en el ámbito judicial. El PP y Vox, en el político. Después de que Sánchez pactara con Junts y ERC la reforma del delito de terrorismo para poder aplicar la amnistía, Carles Puigdemont, que ya es para los socialistas el ‘exiliado’ y no el prófugo. Este nuevo cambio fue introducido vía enmiendas transaccionales, que entraron ‘in extremis’ en la Comisión de Justicia del Congreso de los Diputados.
Acto seguido, el juez Manuel García Castellón emitió un nuevo dictamen contra Carles Puigdemont y los CDR por considerar que se vulneró el «derecho a la vida e integridad física reconocidos en el artículo 15 de la Constitución y el artículo 2 del Convenio Europeo de Derechos Humanos». Con ello, el juez de la Audiencia Nacional, que instruye la causa de ‘Tsunami Democràtic’, incluía en el debate a los dos agentes de la Policía Nacional heridos durante los altercados posteriores a la sentencia del ‘procés’.
La acelerada tramitación de la ley de amnistía en el Congreso se verá frenada en seco en el Senado. El PP de Feijóo ha estado trabajando todo diciembre y enero para retrasar lo máximo que permita la ley su tramitación y, además, saldrá de la Cámara Alta con el voto en contra de la mayoría. Los cálculos de Feijóo es que se retrase por lo menos dos meses mientras sigue pidiendo informes y opiniones críticas contra la ley, incluidas las instancias europeas.
JUNTS Y ERC INTENTARÁN HASTA EL ÚLTIMO MINUTO QUE SÁNCHEZ ACOTE AÚN MAS LA LEY DE AMNISTÍA
Por su parte, los separatistas van a intentar hasta el momento de la votación en el Congreso para que el Gobierno acceda a introducir más cambios en el texto que fue aprobado el martes pasado por la Comisión de Justicia del Congreso, donde se incluyó el tema del terrorismo. Junts quiere acotar aún más la enmienda por la que se permitirá aplicar la medida de gracia a los acusados por terrorismo cuyas conducta no hayan producido «violaciones graves de los derechos humanos». Pero Sánchez ya les ha dicho que no va a haber más cambios.
Con la imputación por terrorismo, Carles Puigdemont y la secretaria general de ERC, Marta Rovira, los partidos independentistas quieren ahora suprimir cualquier alusión al terrorismo cuando se citan las conductas que quedarían fuera del alcance de las medidas de gracia. ERC y Junts han pactado una nueva enmienda por la que quedarían excluidas de la amnistía «las violaciones graves de los derechos humanos», pero suprimiendo la alusión al terrorismo. Su objetivo es evitar que García-Castellón tipifique como terrorismo conductas que nunca se habían calificado como tales para impedir así la aplicación de la ley.
En este totum revolutum en el que se ha convertido la tramitación de la ley de amnistía, desde este fin de semana nuevos actores han aparecido en escena. Se trata del abogado del propio Puigdemont que, al parecer, quieren dictar a Sánchez cómo redactar la futura ley, reclamando que se introduzcan modificaciones para blindar la ley ante lo que llaman clara hostilidad judicial. Gonzalo Boye, abogado de Puigdemont, considera que si el texto queda como fue aprobado el pasado martes, «tiene un agujero negro o una brecha para jueces como García-Castellón».
Sánchez ha fijado una «línea roja» en la negociación con el tema del terrorismo. No la va a traspasar argumentando cuestiones técnicas, como es que el texto que se vota en el Pleno del Congreso solo admite enmiendas transaccionales, que deben contar con el apoyo unánime de todas las formaciones. Pero el voto en contra del PP y Vox está asegurado y solo podrían prosperar si el PSOE da su visto bueno sin introducir ningún cambio, por lo que no van a admitir más propuestas de sus socios independentistas.
feijóo espera que las instancias europeas se pronuncien sobre la ley de amnistía mientras prepara todos los recursos ante el Supremo y el Constitucional
Una vez aprobado el texto por el Congreso, con la vista puesta en qué decidirán los nueve diputados socialistas de Castilla-La Mancha, por la pugna abierta entre su presidente, Emiliano García-Page y Pedro Sánchez, la futura ley de amnistía llegará inmediatamente al Senado, donde el PP ya está armado legalmente para que su tramitación deje de ser urgente y se tramite por la vía ordinaria. Este proceso llevará, por lo menos, otros dos meses. Mientras, los populares también están acelerando los procesos en las instancias europeas para que la Comisión de Justicia comunitaria se pronuncie sobre la ley de amnistía. También están preparando todos los recursos que se puedan presentar ante el Supremo y el Constitucional.
